Gobierno debe dar señales firmes

La rebeldía civil de los uruguayos fue confirmada de manera contundente en el interior y Montevideo durante la llamada vigilia, anticipo de un posible agravamiento de conflictividad generalizada en todo el país.

Solo se evitará si el gobierno arbitra mayor asistencia inmediata y da señales claras de corrección de las ineficiencias operativas y estructurales del Estado, generadoras de una carga financiera que ahoga al sector productivo privado y a los hogares. La protesta contra el gobierno en todo el país, campo y ciudad, tiene dos vertientes básicas.

Una es el reclamo coyuntural de medidas ahora, para atender la aguda pérdida de rentabilidad en el sector rural, el transporte y otros rubros. Están centradas en rebaja de impuestos, directos e indirectos, y del precio de las fuentes de energía. La otra vertiente, de mayor importancia a largo plazo y causa de la primera, es la exigencia de adelgazar un Estado adiposo y gastador.

Hasta ahora el gobierno parece desconcertado. Lo indican sus tardías reacciones cambiantes ante lo que empezó como reclamos de algunos productores rurales pero se convirtió vertiginosamente en un generalizado movimiento nacional.

El presidente Tabaré Vázquez primero lo tildó de caótico y rehusó reconocerle representatividad. Rebobinó después de la protesta de miles de personas en Durazno, recibió a sus dirigentes y les prometió soluciones. Anunció a renglón seguido medidas de alivio. Pero cuando llegaron en cuentagotas para solo algunos sectores, fueron categóricamente rechazadas por los autoconvocados, algo que era previsible pero que el gobierno omitió anticipar.

El director de la OPP, Álvaro García, tuvo que salir apresuradamente al día siguiente a asegurar que las medidas eran solo el comienzo y que se considerarían otras.

Pero ya es tarde para seguir corriendo de atrás con los paños tibios intentados por el gobierno. La fuerza que ha cobrado el movimiento de protesta lo obliga a dos acciones paralelas.

Una es un inmediato alivio financiero en serio, frenando ejecuciones presupuestales en sectores improductivos e imponiendo un control más severo del gasto público para proveer recursos, camino en que las intendencias están obligadas a participar. La alternativa indeseable es financiar concesiones con mayor endeudamiento, agravando el alto déficit fiscal actual que las calificadoras del grado inversor miran de reojo desde hace mucho.

Al mismo tiempo es indispensable que el gobierno dé señales de disposición a poner en marcha la reducción del tamaño del Estado. Concretarla llevará mucho tiempo, ya que supone complejas reestructuras en el sector público para imponer mejoras de gestión y combatir el exceso de gasto, tanto en la administración central como en las empresas públicas y los gobiernos departamentales.

Las señales y los primeros pasos deben ser firmes e inequívocos, como legado imperativo al próximo gobierno. La administración Vázquez necesita en ese caso claridad de visión y la fuerza para timonear un cambio de rumbo, dejando atrás estatistas errores conceptuales del Frente Amplio y descuidos en el gasto público.

De lo contrario, el país entero enfrenta la perspectiva de una convulsión que amenaza al desarrollo productivo y a la estabilidad global del país.