Gobierno hizo tres ajustes que dispararon los ingresos, pero el déficit fiscal no cede

En su concepción, las autoridades decidieron que fueran los asalariados y las empresas las que cargaran con el peso del ajuste fiscal –con un aumento de los ingresos por vía impositiva y tarifaria–, más que en reducir los gastos del Estado, que se mantuvieron en expansión.

Hasta hora ese plan no ha tenido el resultado esperado. Durante los 12 meses finalizados a octubre el rojo de las cuentas públicas fue equivalente a 3,5% del Producto Bruto Interno (PIB) y se ubica en un nivel similar al de hace dos años, lo que obliga a continuar financiando el desequilibrio con mayor endeudamiento.

Punto de partida

El ajuste fiscal tuvo su punto de partida a principios de 2015, una vez que asumió la administración liderada por el presidente Tabaré Vázquez. En ese momento se echó mano a recortar parte del gasto discrecional por el lado de las inversiones, en particular de las empresas públicas. En paralelo, se puso en práctica una política de aumento de las tarifas públicas por encima de los fundamentos con una clara intención de hacer caja.

Los costos de generación de energía eléctrica bajaron sustancialmente, pero los cambios en la matriz eléctrica siguen sin reflejarse en la economía de hogares y empresas. Tampoco la baja del precio internacional de petróleo durante parte de 2015 y 2016 se tradujo en precios menores en el surtidor.

Las empresas públicas tuvieron en su conjunto un superávit de US$ 545 millones en los últimos 12 meses cerrados a octubre, lo que supone una mejora de 0,9% del PIB respecto a 2014. UTE fue la que hizo el mayor aporte con US$ 277 millones, le siguió ANCAP con US$ 166 millones y luego ANTEL con US$ 146 millones. Sin embargo, el punto que mejoraron las empresas públicas se lo llevó enteramente el gasto en pasividades, que en los 12 meses a octubre alcanzó el 10% del PIB (en enero de 2015 su peso era del 9%).

En agosto de este año durante su disertación en el Congreso del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, el ministro de Economía, Danilo Astori, se refirió al peso del componente "endógeno" en el total del gasto público y puso como ejemplo la importante mochila que arrastra el Estado en materia de erogaciones por jubilaciones.

Astori ya había puesto el foco en ese asunto durante la presentación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento. Allí, el ministro informó que el número de jubilaciones creció 23% entre 2008 y 2016 a raíz de la ley de flexibilización de las condiciones de acceso, lo cual tuvo un sobrecosto no previsto de US$ 100 millones anuales.

Hasta 2014, la asistencia de rentas generales al sistema previsional apenas superaba los
US$ 100 millones. En los últimos años, sin embargo, el panorama cambió y al cabo de 2017 el MEF habrá depositado más de US$ 600 millones en la caja del BPS, 21% por encima de los US$ 500 millones que transfirió en 2016.

2,5 % del PIB es la meta de déficit fiscal que el gobierno se plantea cumplir en 2019. En los últimos 12 meses a octubre el rojo de las cuentas públicas fue de 3,5% del PIB. El objetivo para el año es 3,3% del PIB.

Los cambios tributarios

El Poder Ejecutivo también innovó en el terreno tributario y en los descuentos de 2015 sorprendió a las empresas con un cambio en la forma de liquidar el Impuesto a las Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Como resultado el grueso de los contribuyentes pasó a pagar más. Todo sirvió de "puente" para que el gobierno atravesara el 2016 sin comprometer el tan preciado grado inversor, mientras diseñaba una nueva etapa del ajuste definitivo en la Rendición de Cuentas de 2016.

Uno de los cambios más sobresalientes de ese ajuste fue el aumento de tasas en las franjas superiores del IRPF y IASS, además de reducir las deducciones en el primero. Pero eso tampoco ha sido suficiente para reencauzar las finanzas públicas.

En los primeros diez meses del año la recaudación neta real de impuestos (una vez descontada la devolución de tributos) totalizó $ 259.577 millones (US$ 9.083 millones) y creció 6% interanual, según datos de la Dirección General Impositiva (DGI).

La mejora de la recaudación refleja el repunte de la actividad económica, pero también la modificación en los tributos de renta. Lo recaudado por ese concepto en el acumulado anual tuvo un incremento real de 14,7% (descontando los efectos de inflación) con $ 106.286 millones (US$ 3.719 millones). Sobresale lo que salió de los bolsillos de las familias, con un crecimiento de lo recaudado por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 25,2% respecto al acumulado a octubre de 2016, para sumar $ 51.364 millones (US$ 1.797 millones).

También la recaudación por Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) creció 21,6% (a US$ 239 millones) respecto al año pasado.

La "terapia" que no funcionó

En la última semana el economista Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), destacó que el Estado aumentó el gasto público como si la recaudación fuera a seguir al ritmo que tuvo durante el boom exportador, y quedó con un gasto elevadísimo al mismo tiempo que los ingresos fiscales pegaron un frenazo.

Según dijo, eso se tradujo en un creciente desequilibrio fiscal y para intentar reducirlo se recortó la inversión pública, se subieron impuestos y tarifas públicas a familias en dificultades y empresas con márgenes deteriorados.

"El déficit fiscal es hoy el mismo que teníamos hace dos años cuando comenzó el ajuste. La terapéutica para corregir el déficit no ha sido la correcta", apuntó.

US$ 335 millones se propuso recaudar el gobierno por la vía de las modificaciones tributarias este año. Y bajar erogaciones en US$ 135 millones mediante diferimientos y recortes

Para el economista Pablo Rosselli, en los próximos dos años hay un "imperativo que es frenar el gasto público" y para ello es necesario mejorar su eficiencia y calidad, puntualizó durante una conferencia organizada por el IEEM. Sin embargo, señaló que hay un gasto endógeno "que va a seguir presionando".

También el economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone señaló hace algunas semanas que la situación fiscal si bien "no es grave", sí está en una "tendencia preocupante".

En ese sentido, consideró que en el próximo período de gobierno y más allá del partido político que asuma, se deberán abordar temas asociados al régimen de protección social como pasividades, cajas paraestatales y transferencias.