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Gobierno trabaja en armado del Plan de Dignidad, por el que los presos cobrarán por su trabajo
Apenas uno de cada tres presos alojados en el sistema carcelario uruguayo realiza algún tipo de actividad laboral. Un fenómeno casi histórico, visto como uno de los principales factores que perjudican el éxito de una eventua reinserción. Pero, “si todo sale bien”, un proyecto que comenzará a implementarse a partir del 1 de enero promete cambiar esa realidad.
Dos abogados del Ministerio del Interior se encuentran trabajando en el armado jurídico y la reglamentación de una decena de artículos de la Rendición de Cuentas que cobrará vigencia en 2022 que plantea la creación del Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad.
El proyecto plantea en forma directa la creación de empleo para las personas privadas de libertad, a través del fomento al trabajo en emprendimientos particulares dentro de las propias unidades penitenciarias.
Así, establece una serie de condiciones que les permitirá vender los productos y servicios generados que generen, a través de iniciativas personales o integradas por hasta cinco personas, todas en situación de reclusión.
Así lo explicó a El Observador el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que relató las altas expectativas que la cartera tiene puestas en un proyecto que recoge una premisa central: que los reclusos puedan percibir un salario por el trabajo que realicen que, en la mayoría de los casos, será a través de una suerte de autogestión.
El proyecto, explicó González, apunta a una amplia gama de posibles actividades. El Ministerio facilitará los primeros pasos, a través de la financiación de la compra de insumos y la publicidad, a través de una página web institucional, de los bienes y servicios que los presos pretendan comercializar.
Una de las novedades del plan gira en torno a la posibilidad de que los reclusos puedan cotizar por este tipo de actividades dentro de la prisión ante el Banco de Previsión Social (BPS), realizando el “Aporte Social Único PPL", que será equivalente a las contribuciones habituales a la seguridad social. Por esa vía, adquirirán todos los derechos correspondientes a su inclusión y afiliación al sistema previsional.
Este tributo será recaudado por el BPS, mientras que el Instituto Nacional de Rehabilitación ((INR) tendrá el rol de agente de retención. En ningún caso supondrá la existencia de una relación de dependencia entre los trabajadores y ese organismo.
El Ministerio del Interior tampoco será, en ningún caso, responsable solidario por eventuales incumplimientos o deudas generadas por los reclusos en la comercialización de lo producido en su emprendimiento.
El proyecto implica que los contribuyentes paguen el 25% del tributo previsto durante los primeros doce meses de la actividad registrada Los siguientes doce meses pasarán a hacerlo por el 50% del total, en tanto al año siguiente pagarán el 75%. De allí en más, deberán tributar el 100%.
La asignación prevista será el equivalente a 5 BFC (Bases Fictas de Contribución), correspondientes hoy a $ 6.459. Los sujetos comprendidos en el plan no aportarán al Fondo Nacional de Salud, salvo que opten por ingresar a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, en cuyo caso deberán asumir el costo que corresponda.
La reglamentación, se explica, determinará la forma en que será administrado el producido de la venta de bienes y servicios por parte de los presos. También el cánon, que será establecido por la autoridad carcelaria.
Lo que sí está claro es que el 60% de ese cánon le será entregado al trabajador para sus gastos personales, incluida la continuación del emprendimiento. El resto quedará indisponible, salvo en los casos en que sea necesario para la compra de insumos para seguir desarrollando la actividad. El recluso podrá acceder al cobro total de ese porcentaje una vez obtenga la libertad.
Los saldos disponibles deberán ser depositados en una institución bancaria por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Deberá ser en unidades indexadas, y así evitar efectos de la devaluación de la moneda.
La autoridad carcelaria a su vez podrá cobrar un máximo del 20% de los ingresos que genere el trabajador, para compensar así el uso de las instalaciones penitenciarias para su emprendimiento.
La inclusión de un preso en el proyecto no lo exime, se aclara, de realizar el resto de las prestaciones para labores generales de la unidad en la que resida, que seguirán sin ser remuneradas.
A su vez, todos los que decidan sumarse al plan estarán sometidos al régimen de convivencia y disciplina vigente dentro de la prisión. Podrán así ser sometidos a sanciones pese a desempeñar una actividad laboral.
La participación en el plan podrá ser suspendida por una serie de factores. Ya sea, justamente, por factores disciplinarios o bien por razones de seguridad a criterio de la autoridad penitenciaria.
Casi sin remuneración
La información del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) señaló que en 2020, el último año con datos disponibles, el 33,4% de los alojados en el sistema penitenciario realizó algún tipo de actividad laboral por lo menos una vez al mes.
Diciembre fue el mes más bajo: la cobertura solo alcanzó al 31,9% de la población carcelaria. Eso Equivale a apenas 4.165 personas realizando algún tipo de trabajo. Representa además una disminución con respecto a lo observado en 2019. Ese año, lo había hecho el 36,4%.
Según el último informe del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, la mitad de las actividades corresponden a tareas no especializadas, como limpieza y mantenimiento de las propias unidades.
El 17% son funciones vinculadas a la producción de alimentos y cuidados de áreas verdes, el 15% a tareas de cocina y solo el 14% corresponden a oficios, como albañilería, carpintería, herrería o sanitaria.
Apenas un pequeño porcentaje corresponde a emprendimientos, proyectos y convenios vinculados a instituciones públicas o privadas.
En 2020, el 78% de las actividades laborales no tuvieron ningún tipo de remuneración. En el 14% hubo peculio, en su mayor parte fraccionado. Solo en el 8% de los casos se percibió un salario por la actividad.
En cada centro, se observan realidades muy distintas. Si en la Unidad 9, destinada a mujeres con hijos, el 69% de las reclusas trabaja, En el Penal de Libertas apenas el 10% lo hace.
