Tras toma de rehenes, Orsi respaldó planteo de Saavedra y gobierno busca que delincuentes con causas como mayores de edad no vayan al Inisa
El planteo de Jaime Saavedra implicaría modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia; Orsi respaldó al presidente del Inisa y llamó a generar una comisión que estudie las reformas; el gabinete de seguridad del lunes acordó analizar el tema
18 de marzo 2026 - 5:00hs
El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior Carlos Negro participan este lunes 16 de marzo en Torre Ejecutiva en una reunión del gabinete de seguridad para discutir el Plan Nacional de Seguridad
A pocos minutos de que fueran liberadas dos funcionarias que habían sido tomadas de rehén por dos reclusos del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el presidente del directorio, Jaime Saavedra, habló visiblemente molesto ante las cámaras: “Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son, que cometieron en diez minutos todo tipo de delitos, y el directorio y este presidente, que no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener”.
El jerarca también llamó a cambiar “otra cosa que tenemos que pensar un poquito”. “Uno de los protagonistas es un muchacho que estaba con medidas cautelares en el Comcar y que por una norma, que entendemos que tiene que ser revisada, como no se terminó de probar su participación en su delito como mayor y tenía un saldo pendiente, viene para el Inisa. (...) Esto se lo explico a mi nietita de dos años y lo va a entender, porque ese chiquilín que sale del Comcar no puede terminar en el Inisa en ningún caso por un saldo pendiente”.
Esa misma noche de sábado, el presidente Yamandú Orsi llamó a Saavedra para expresarle su respaldo y enviarle un saludo a las funcionarias agredidas. El mandatario, que había oído las declaraciones del titular del Inisa, le dijo que era la oportunidad de crear una comisión para estudiar las reformas legales necesarias, según reconstruyó El Observador.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya había sido identificado años atrás y que, ni bien asumió Saavedra en esta administración, lo ponderó como uno de los principales temas a corregir. Los adultos, decía Saavedra a El Observador meses atrás, generaban un problema incluso logístico, dado que la propuesta de la institución está ajustada a adolescentes, y no tenía nada para ofrecer a adultos, que, además, tienen otros intereses, y otras necesidades.
A última hora, Saavedra también conversó con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien había estado en contacto con Orsi por este episodio. Los jerarcas ya coordinaron para esta semana un primer encuentro de una comisión entre la Prosecretaría de Presidencia -que estará representada por el abogado Martín Fernández-, y los mismos Negro y Saavedra junto a sus asesores jurídicos.
El violento episodio del centro en Bulevar Artigas y Cufré llegó también al gabinete de seguridad de este lunes, donde ministros y jerarcas de Presidencia reunidos en la Torre Ejecutiva fueron contestes en que se debe elaborar un proyecto de ley que resuelva la situación. Una fuente de Presidencia confirmó a El Observador que "no parece razobable que una persona que se fugó del Inisa pase tiempo en el Comcar y luego vuelva al Inisa".
20250325 Fachada. Presidencia, Torre Ejecutiva.
Foto: Inés Guimaraens
Aunque el tema recién comienza a analizarse en el Poder Ejecutivo, dentro del Inisa ya marcan una serie de artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia que podrían modificarse.
Caso “de laboratorio”
Cuando todavía tenía 17 años, el joven cometió un homicidio. Por ese caso del 2023 fue condenado como menor por una infracción a la norma penal juvenil, un régimen en que las penas máximas no superan los diez años y en el que la asignación al Inisa procura la “inserción social y comunitaria”. Pero antes de cumplir su tiempo en esta institución, aprovechó una salida transitoria y se fugó.
Ya en libertad y con 19 años cumplidos, apareció muerto un joven frente a su casa y la fiscal Adriana Edelman, tal como relató este lunes El País, lo acusó de ser el responsable. Esta vez, mientras cumplía prisión preventiva en el ex Comcar, el Juzgado de Adolescentes planteó que aún tenía su saldo pendiente en el Inisa, a lo que la jueza Viviana Galleto hizo lugar. La fiscal Edelman recurrió la decisión y ahora el caso está a estudio del Tribunal de Apelaciones, según informó el matutino.
Y en ese interín, este sábado por la noche el joven tomó de rehén junto a otro adolescente a las dos funcionarias que les abrían el paso para la hora de la ducha. Saavedra adelantó que lo hicieron para poder enfrentarse a otros compañeros del centro, al tiempo que el caso continúa bajo investigación del Inisa.
El caso de este joven es, al decir del asesor jurídico del Inisa, Daniel Zubillaga, “de laboratorio”, pero constituye para el organismo una “dificultad” que pretenden resolver y para la que ya prevén una “ronda de conversaciones” que incluye, entre otros actores, al Ministerio del Interior como responsable del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Zubillaga explicó a El Observador que “la solución de sentido común” que se encontró para estos casos en que se solapan condenas bajo el régimen penal del menor y el de los mayores fue un convenio en 2018 con la Suprema Corte de Justicia fue que “primero se cumpla la medida socio-educativa” con el Inisa y “luego la pena”.
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“Ahora, ¿qué podemos hacer en Inisa con un gurí para el que lo que viene después es una pena, cuando el hecho de que haya una pena implica una muestra muy gráfica que esta medida socio-educativa falló?”, se preguntó el asesor jurídico.
Zubillaga expuso que actualmente el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las medidas pueden cesar una vez que cumplen su finalidad y que ya no resultan “idóneas”. En ese sentido, continuó, “habida cuenta de que después de la medida socio-educativa del Inisa va a estar la pena, se intenta cesar cuando están las condiciones”, y en ese caso el artículo 116 Bis establece que deben esperar a que se cumpla “la mitad” del tiempo estipulado por la condena.
El asesor jurídico sostuvo a su vez que el artículo 91 y el 92 del CNA –referidos al cumplimiento y la duración de las medidas de privación de libertad– “plantea una situación bastante deficitaria” que deben “resolver”, al tiempo que un cambio legal también debe contemplar que “hay un montón de decisiones que se juegan en el ámbito de la Justicia”.
Zubillaga contó que hoy hay dos adolescentes en el Inisa que tienen una cuenta pendiente con la justicia de adultos, al tiempo que hay uno con condena firme que, si bien no ha estado en la cárcel de mayores, aún deben aguardar –por la “limitación del artículo 116 Bis”- a que cumpla al menos con la mitad de sus medidas de privación de libertad para solicitar el traslado.
