Chau a la receta del médico con letra ilegible: se viene la versión digital

“Estamos en una etapa piloto donde vamos probando distintos formatos que ya han funcionado en otras partes del mundo”, indicó a El Observador José Clastornik, director de Agesic. Cuando se pretende implantar un proyecto de alto impacto a nivel tecnológico y funcional, dijo, lo correcto es consensuar a priori el modelo a elegir. 

El sector de farmacias ha detectado inconvenientes en este camino de prueba y error. Fuentes del rubro advirtieron a El Observador que, de aprobarse uno de los mecanismos que el gobierno está testeando, el paciente se verá perjudicado. 

“El riesgo es que el usuario quede atado a comprar siempre en la farmacia que le indicará su prestador de salud, a través de un convenio que une al establecimiento con la clínica. El paciente, entonces, perderá la libertad de elegir en dónde prefiere comprar”, explicó un informante que prefirió reservar su identidad. 

Una de las pruebas pilotos vinculó comercialmente a la mutualista con determinadas casas de medicamentos, dijo la informante. Únicamente esos negocios accederán a la base de datos digital de la clínica, donde podrán encontrar la medicación que necesita comprar cada paciente. De este modo el usuario solo podrá dirigirse a ese punto de venta. 

Ligado a esto hay un segundo problema. “Las instituciones de salud pueden a su vez cambiar de convenios con las marcas de medicamentos. Y eso condicionaría también la compra a la que accede el usuario”, alertó la fuente. “Yo puedo tener buena recepción a un medicamento que me regula la presión, pero el mismo fármaco de otra marca puede generar un efecto diferente”, añadió. 

Clastornik negó que ambos riesgos sean reales. “No hay una definición explícita sobre eso. Estamos en una etapa piloto, insisto. La idea es generar problemas para que todos los actores planteen sus intereses y los aspectos en que los afecta”, determinó.

Cuando se pongan arriba de la mesa los pro y los contra de cada solución digital comenzará la etapa de negociación, que corresponde al ámbito político y no tanto tecnológico, dijo. “La receta electrónica pretende simplificar la información del paciente, ofrecerle mayor cantidad de servicios, más libertad y comodidad. Lo otro corresponde a un debate entre los principales actores que participan”, diferenció el el director de Agesic. 

Leé también

Burocracia digital: la mitad de los trámites de la administración central están en línea

El Observador contactó al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, uno de los principales implicados en el proceso de digitalización, pero el jerarca no quiso dar declaraciones al respecto. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) adelantaron que no creen conveniente manifestarse porque “el proceso se encuentra en plena etapa de desarrollo”. Asimismo, la cartera anunció que cuando el ministro Jorge Basso regrese del extranjero – actualmente se encuentra en Washington junto con el presidente Tabaré Vázquez- podrán ampliar más sobre el asunto. 

Virginia Olmos, presidenta de la Asociación de Químicos y Farmacias del Uruguay, explicó a El Observador que el ideal de la prescripción digital es que cada paciente pueda comprar su medicación en cualquier farmacia, siempre y cuando, ese comercio pueda acceder a la historia clínica del usuario. A eso, dijo, es a lo que se debería apuntar. 

“La real limitante es que la mayoría de las farmacias comunitarias, es decir, las de barrio, hoy no están preparadas a nivel de infraestructura para trabajar con un sistema completamente digitalizado”, aseguró Olmos. Tampoco disponen de profesionales que puedan validar las prescripciones médicas. “Casi 9 de cada 10 farmacias de barrio no tiene un químico farmacéutico que pueda validar que el remedio que se le entrega al paciente es efectivamente el que indicó su médico”, puntualizó. 

En este sentido los químicos han propuesto crear un centro de telefarmacia que trabaje a distancia con la posibilidad de realizar una videos conferencias y así evacuar dudas, validar y sugerir, entre otros aspectos técnicos. 

Para avanzar en el proceso se ha conformado un comité integrado por actores permanentes, vinculados al MSP, Junasa, Agesic y Ministerio de Economía y Finanzas. En paralelo y de forma periódica se convoca a un comité asesor, en donde se solicita el aporte de todos los actores implicados: profesionales médicos, empresarios y académicos. En este último grupo se ubican las farmacias que reclaman tener un rol poco activo en el proceso.