Grecia e Italia: de la crisis a la inestabilidad

Como parte del acuerdo final, Grecia recibió una inyección de liquidez de € 15.000 millones, que servirán para fortalecer las reservas del Banco Central, y un período de gracia de 15 años para el pago de los intereses y la amortización de la deuda. De este modo, están asegurados los fondos necesarios para cubrir las necesidades de financiamiento del año próximo. 

En la actualidad, la deuda pública equivale a un 180% del PIB y es  la más alta de Europa. A partir del 2020, no serán los gobiernos europeos los que habrán de financiar los eventuales desequilibrios financieros de Grecia, sino los mercados internacionales en forma voluntaria.  

En contrapartida, Grecia quedó obligada a cumplir un programa fiscal muy estricto hasta el 2060, con un superávit primario del 3,5% del PBI hasta el 2022 y del 2,5% en adelante. En el 2032 habrá una reunión de evaluación para analizar la necesidad de nuevas medidas de alivio de la deuda.  

Entretanto, la UE y el FMI seguirán de cerca la evolución de Grecia con relación a algunas reformas ya aprobadas pero que aún requieren una instrumentación adicional, como la liberalización del mercado de trabajo y la reducción del número de funcionarios públicos. Otras reformas más de fondo, como las del sistema de pasividades y la ampliación de la base tributaria del impuesto a la renta, habrán de quedar a cargo de un próximo gobierno. 

Grecia enfrenta ahora un futuro a la vez promisorio pero delicado. Ya no estará sometida a la ingerencia directa de los europeos y el FMI. El actual primer ministro, Alexis Tsipras, intentará renovar su mandato para lo que deberá contar con el pronunciamiento favorable de una ciudadanía que en estos últimos años estuvo sometida a un fuerte programa de austeridad. Los próximos gobiernos deberán conciliar entonces las aspiraciones colectivas de cambio con los compromisos asumidos ante los acreedores europeos y el escrutinio de los mercados financieros. Todo un desafío. 

AFP

Con el fin del programa de Grecia, se cierra un capítulo histórico en la integración europea, después de la ayuda a Irlanda, Portugal y España. Pero recientes acontecimientos de orden político están volcando ahora la atención del continente a otro de los países de la zona euro, como Italia. 

Para empezar, con una deuda pública equivalente a un 130% del PBI, Italia es el segundo país más endeudado de Europa, después de Grecia. En adición, hace algunos meses el gobierno debió acudir al rescate de algunos bancos que estaban en situación comprometida. Pero además, y fundamentalmente, varios de los miembros más representativos del gobierno acaban de acceder al poder con base en un discurso contrario a la integración europea y a las metas fiscales que están en la base de la vigencia del euro.  

La expresión pública más notoria de la inquietud que despiertan estos antecedentes se está manifestando en la importante fluctuación registrada en los últimos meses en el mercado de los valores de la deuda pública italiana. 

En los dos últimos meses las inversiones del exterior en los  valores públicos han registrado una salida importante, del orden de € 36.000 millones mensuales. En contrapartida, el sistema financiero aumentó su tenencia de valores públicos en más de € 40.000 millones, el mayor nivel desde la crisis financiera del 2008. Como consecuencia el rendimiento de los bonos públicos aumentó hasta acercarse a los niveles del pasado mes de mayo, cuando la formación del actual gobierno de coalición estuvo en duda.

También la agencia Fitch se hizo eco de estas dudas, cuando rebajó hace poco la perspectiva de la calificación de la deuda pública de estable a negativa, aunque manteniendo el grado de inversión en el grado BBB.

En una evolución muy cambiante, en las últimas semanas el mercado de los valores públicos ha oscilado con resultados al alza y a la baja, en respuesta a distintas versiones sobre la relación entre, por un lado Luigi Di Maio y Matteo Salvini, los dos ministros más representativos del actual gobierno, y por el otro, el Ministro de Finanzas Giovanni Tria. 

Porque el próximo presupuesto, que habrá de ser presentado a fines del mes en curso, deberá encontrar un difícil equilibrio entre las promesas electorales de los partidos que hoy forman la coalición de gobierno y el cumplimiento de las metas fiscales comunitarias. Di Maio del M5E promovió un aumento del gasto social y una rebaja de la edad de retiro, Salvini de la Liga prometió una rebaja de los impuestos mientras que Tria reitera su intención de cumplir con la UE.   

AFP

Hasta ahora, la meta fiscal acordada entre Italia y la UE es de una baja del déficit desde el 1,6% del PBI en el 2018 a 0,8% en el 2019, con un equilibrio en el 2020. Pero a la luz de la nueva realidad política, Tria acaba de anunciar que el déficit fiscal del año próximo será de un 1,6% del PIB, con una aplicación gradual de las promesas electorales. Son definiciones cruciales que se conocerán en pocos días.