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Informe al Parlamento.

Nacional > Seguridad pública

Hay 100 mayores de edad mezclados con menores en el Inisa

Representan el 37% de los internos y están diseminados por todos los centros 

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22 de junio de 2021 a las 21:31

Hace poco más de cinco años, el sistema de privación de libertad para los adolescentes en conflicto con la ley estaba en situación de colapso. Con cerca de 800 internos, las situaciones de hacinamiento se sucedían y los motines eran frecuentes. 

Desde entonces y mediante la apelación a medidas alternativas al encierro, la cantidad de menores encerrados ha venido en descenso. 

El sistema alberga hoy a 590 adolescentes. De ese total, 321 deben cumplir medidas no privativas de libertad. El resto, 269, están recluidos.

Lo curioso es que, de los que están encerrados, 100 son mayores de edad. “Tendrían que estar aislados en un solo centro. Sin embargo, están diseminados en todos”. Así lo advirtió ante el Parlamento la presidenta de la Institución de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rossana De Olivera. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que una persona, aunque sea mayor de edad, deba cumplir en centros para menores la pena impuesta por los delitos que cometió siendo menor. 

Como la ley de Urgente Consideración extendió hasta diez años el plazo que un menor puede estar recluido en casos de delitos gravísimos, podría estar en el Inisa hasta los 27 años

A su vez, la aplicación cada vez mayor de la Justicia de medidas alternativas para los menores plantea un desafío para la institución. 

Ese tipo de medidas requiere equipos de atención que, salvo en el área metropolitana, aún permanecen en la órbita del INAU, el organismo al que el sistema perteneció hasta 2015. Según De Olivera, esa circunstancia le impide a la institución tener un alcance nacional con las medidas. 

Otra de las carencias pasa por el “servicio de base”, que consiste en la compra de insumos y herramientas que los adolescentes necesitan al egresar para desarrollar oficios o para adquirir materiales para construirse su vivienda. 

Se trata de rubros con los que el Inisa no cuenta en el presupuesto, al estar previstos en el organismo de origen. 

El tema será motivo de un pedido especial en la Rendición de Cuentas que ingresará antes de fin de mes al Parlamento. De Olivera eludió adelantarle detalles a los legisladores. “Hoy no tenemos faltante de comida ni de recursos. Hoy no, no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, pero hoy no existe”. 

Otro de los problemas planteados por el directorio es el de la salud mental. La institución cuenta con un solo psiquiatra. 

Se trata, dijo la presidenta, de un tema de mercado: los profesionales prefieren otras instituciones en las que cobran menores sueldos. 

De Olivera informó que en la última semana pudo “reconstruirse” la unidad de consumo problemático en la Colonia Berro, en una institución en la que más del 80% de los internos consume drogas. 


 

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