Huracán acentuó el caos financiero en que estaba inmerso Puerto Rico

Poco antes de que llegara el huracán, Puerto Rico había hecho planes para pagar un total de US$ 3.600 millones a los acreedores para 2022.

Esa era una parte del monto a pagar si la isla, un territorio estadounidense, no hubiera incumplido sus obligaciones.

Ahora, Puerto Rico espera que este año su presupuesto tenga un saldo negativo de US$ 3.400 millones –un déficit que tardará cinco años en finiquitarse– debido a los estragos de la tormenta.

El gobernador Ricardo Rosselló acaba de decir que esas medidas eran necesarias para ayudar al gobierno de la isla a lograr un presupuesto equilibrado, como pidió la junta de supervisión federal que controla las finanzas de Puerto Rico.

Sin reformas económicas, el déficit sería cercano a US$ 8.000 millones, estimó el gobierno de Rosselló.

Después de años de apoyar una economía en problemas con préstamos insostenibles, el ajuste financiero de cuentas de Puerto Rico era inevitable.

Moratoria

El impacto duradero del huracán, como lo muestra un nuevo plan, solo empeorará la situación y extenderá el sufrimiento de los trabajadores y negocios de la isla.

La moratoria de deuda de cinco años fue parte de un plan fiscal actualizado que Puerto Rico tuvo que presentar ante la junta.

Se había aprobado un primer borrador, con ciertas excepciones, antes de que los huracanes Irma y María chocaran con la isla caribeña en setiembre.

Sin embargo, ese plan tuvo que ser rediseñado ante la inmensa devastación que provocó María, la cual generó la salida de miles de puertorriqueños de la isla entre despidos y apagones.

Cerca de un tercio de la gente sigue sin electricidad, a más de cuatro meses de la tormenta.

Éxodo

"Ya estábamos en recesión en Puerto Rico", afirmó Rosselló. Agregó que debido al huracán "el impacto social fue significativo, por el éxodo y la disminución de la población".

El gobierno proyecta que su población se reducirá 19,4% en los próximos cinco años, con un éxodo estimado total de más de 600.000 personas.

En el nuevo plan fiscal, el gobierno depende de forma importante del dinero federal tanto para reparar los daños como para reavivar la economía, la cual, según el plan, se contrajo 11,2%, cerca del triple de lo que el gobierno calculaba el año pasado.

El gobierno necesita recibir US$ 35.300 millones en asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés).

No obstante, la isla espera obtener "bastante más" en ayuda, después de haber solicitado US$ 94.400 millones al congreso en asistencia para afrontar un desastre natural como este.

La asistencia para el huracán se mantuvo separada del proyecto de ley de gasto temporal, y los legisladores, envueltos en una lucha política por el tema migratorio, aún deben decidir.

El gobierno federal ha cuestionado si Puerto Rico tiene tan poco dinero en efectivo como dice.

Por ejemplo, el 9 de enero, el Departamento del Tesoro y FEMA notificaron a Puerto Rico de que no podía comenzar a tomar parte del préstamo de US$ 4.900 millones aprobado por el congreso como ayuda por el desastre natural porque el territorio aún tiene cerca de US$ 1.700 millones en efectivo disponibles para gastar, así como otros US$ 6.900 millones en efectivo "en depósitos en más de 800 cuentas en todas las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado".

Hace algunos días, la junta supervisora había preguntado a los funcionarios puertorriqueños sobre los US$ 6.900 millones que se descubrieron en diciembre.

Se señaló entonces que cerca de US$ 4.300 millones estaban atados en financiamientos para otras agencias gubernamentales, aun cuando los servicios públicos están sufriendo para salir adelante.

En mayo del año pasado, Puerto Rico se había declarado en bancarrota, lo cual ofreció a la isla la posibilidad de decidir cuánto recortar las pensiones, los pagos de deudas y otras obligaciones que se encuentran bajo la supervisión del tribunal federal.

En busca de la sustentabilidad

La Junta Supervisora ha estado en desacuerdo con los líderes de Puerto Rico sobre la manera de restaurar el equilibrio fiscal después de años en los que la isla gasto más de lo que tenía y ha pedido préstamos para compensar la diferencia. Por ejemplo, la junta insistió en reducir un promedio de 10% las pensiones de los empleados públicos, como una forma de distribuir el sufrimiento económico de forma más equitativa entre los puertorriqueños. Recientemente, el gobernador Ricardo Rosselló mencionó que los pensionistas era una población demasiado "vulnerable" (ver nota principal).

La Junta Supervisora considera que "la implementación de reformas estructurales y la inversión en infraestructura fundamental son la clave para la restauración del crecimiento económico y el incremento de la confianza de los residentes y los negocios", mencionó en un comunicado su directora ejecutiva, Natalie Jaresko. "Lo que buscamos para certificar los planes revisados es garantizar que estos reflejen la realidad de Puerto Rico luego del huracán y que brinden una base realista" para la recuperación y la sustentabilidad de la isla. Hay quienes advierten en esta coyuntura el momento ideal para concebir un nuevo modelo de desarrollo, uno que según creen debió instrumentarse hace ya algunos años, pero que ahora, y por factores externos, debe aplicarse sin postergaciones.