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Idea de reflotar la Ley de Caducidad pierde fuerza; Lacalle advierte que no está en el acuerdo

Manini le presentó al presidente un proyecto de ley para que le diera su opinión y analizara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo remita al Parlamento

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04 de agosto de 2020 a las 05:00

La iniciativa de Cabildo Abierto de "reinstalar" la ley de Caducidad pierde fuerza, a pesar de que sus dirigentes todavía no la dieron a conocer. El presidente Luis Lacalle Pou dijo este lunes que el gobierno "no ha tomado posición" sobre el tema, pero remarcó que la propuesta no forma parte del acuerdo programático firmado por los cinco partidos en noviembre de 2019.

"Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Ustedes saben cuáles son, ustedes saben de las respuestas históricas con los familiares de detenidos desaparecidos, saben de las reuniones que hemos tenido al respecto", señaló el jefe de Estado. 

Para Raúl Lozano, el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto en el Senado, la respuesta de Lacalle Pou no estuvo "muy en línea" con lo que el presidente le transmitió en privado al líder de su partido, Guido Manini Ríos. "No dijo nada muy contundente, ni para un lado ni para el otro", valoró, aunque entiende que en la reunión bilateral el mandatario se mostró dispuesto a respaldar la iniciativa. 

El presidente y el senador de Cabildo Abierto se reunieron el jueves 30 en Torre Ejecutiva y, entre otros temas, Manini Ríos propuso la derogación de la ley 18.831. En 2011, esta norma estableció la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el marco de la última dictadura cívico-militar (1973-1985) y, en los hechos, significó la derogación tácita de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

Lozano dijo que el general retirado le presentó a Lacalle Pou un proyecto de ley para que le diera su opinión –sin una fecha pautada para la devolución– y analizara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo remitiera al Parlamento, en vez de los legisladores de Cabildo Abierto. Pero Lacalle Pou todavía no se pronunció formalmente y este lunes recordó que el punto no fue incluido en el Compromiso por el País. 

El proyecto de ley no solo propone la derogación de la ley interpretativa, sino que señala una serie de "puntualizaciones" de por qué es pertinente hacerlo. Según Lozano, hay gráficas que demuestran que la cantidad de procesamientos a militares retirados aumentó en el último tiempo. Además, aclaró que su partido "no defiende torturadores" sino que quiere evitar los enjuiciamientos injustificados y defender el Estado de Derecho, si bien en los hechos la propuesta amputa la posibilidad de procesar a quienes efectivamente cometieron los crímenes. 

Los legisladores de Cabildo Abierto están esperando el pronunciamiento de Lacalle Pou para presentar el proyecto de ley a sus pares blancos, colorados, del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Por lo pronto, el tema no se trató formalmente en la coordinación interpartidaria de este lunes de la Cámara de Senadores. 

Más allá de los senadores y diputados de Cabildo Abierto, ningún legislador de la coalición multicolor ha respaldado la iniciativa públicamente. Independientemente de que al ser consultados por la prensa, algunos dijeron que estaban dispuestos a considerar el planteo, quienes han salido a marcar de forma clara su posición están en contra. 

El más enfático fue el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que al explicar este sábado por qué rechaza la iniciativa concluyó que Cabildo Abierto "representa a militares nostálgicos que resisten el Estado de Derecho”.

Otros legisladores de la coalición de gobierno también recordaron, al igual que Lacalle Pou deslizó este lunes, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen la obligación de respaldar al socio de la coalición en la encrucijada. Consultado por El Observador, este sábado el senador nacionalista Jorge Gandini prefirió no opinar, ya que la derogación de la Ley de Caducidad no era un tema de agenda y no había sido incluido en el acuerdo programático de los cinco partidos.

A pesar de este panorama, Lozano dijo que "cuando Cabildo Abierto propone algo, es para que salga" y que por eso el partido está pendiente del pronunciamiento de Lacalle Pou, para seguir adelante con su propuesta. Entre otros fundamentos, el legislador recordó las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (vigente en Uruguay desde 2006), tal como lo hizo el 16 de junio en la media hora previa del Senado para repudiar el procesamiento con prisión del militar retirado Leonardo Vidal.

A su vez recordó que en 2011, cuando Lacalle Pou era diputado y se aprobó la ley interpetativa que ahora está en discusión solo con los votos del Frente Amplio, el hoy presidente se propuso impulsar un referéndum. "Ando con una idea loca de someterlo a referéndum. A la gente le cansa ir a votar pero ya que le tiramos en su momento que el pueblo decida, resulta que los que son mayoría en el Parlamento no les gusta lo que dice la mayoría que ‘es el pueblo que anda y arde en las calles’ como decía el doctor Herrera, ¿por qué no le consultamos a él que opina de la macana que se mandaron?", dijo entonces a Subrayado, según consignó el portal La Red 21

Expertos en derecho constitucional han señalado que si la idea de Cabildo Abierto prospera, Uruguay incumpliría con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2011, este organismo falló en contra del Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, así como de la sustitución de identidad de Macarena Gelman, y señaló que la ley de Caducidad carece de efectos "por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

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