Impiden que legisladores accedan a datos reservados por "ciberseguridad"

Ante esa decisión, el diputado nacionalista Martín Lema envió una nota a la Contaduría preguntando por qué no le daban la clave. La nota fue enviada el 9 de abril y el diputado recibió una respuesta este lunes 20, en la que el organismo argumenta que la decisión de quitarle la posibilidad a los legisladores de acceder a determinada información responde a cuestiones de “ciberseguridad”.

“La seguridad de la información es una tarea permanente, que exige un proceso de mejora continua y sistematizada, buscando minimizar la exposición y determinar posibles puntos que puedan comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información”, indica la carta firmada por Laura Tabárez, contadora general. Luego de explicar cómo fue cambiando la legislación en torno a la seguridad informática, la jerarca explica que “siguiendo las recomendaciones en el marco de la ciberseguridad definido por Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico) la contaduría encaminó una ‘revisión de los privilegios de acceso lógico’ para las cuentas de usuario en sus sistemas críticos”. Uno de esos “sistemas críticos” es, precisamente el SIIF.

Por ese motivo, el organismo resolvió que los integrantes del Poder Legislativo no tengan acceso a datos restringidos sobre contrataciones del Estado y que puedan acceder a los mismos que cualquier ciudadano. “La Contaduría, como órgano responsable de una base de datos inscripta en la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos que contiene”, explica.

El organismo realizó una auditoría de las cuentas de usuarios del SIIF, especialmente de aquellas que consideraba que tenía “roles privilegiados”  y consideró necesaria una “reformulación de esos roles, de acuerdo a las normas de ciberseguridad”. "Seguir manteniendo esos usuarios representaría violentar la normativa sobre protección de datos", indica también y asegura que la Contaduría "se encuentra a entera disposición de todos los legisladores para brindar los informes que requieran". 

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Según Lema, el mayor problema de esa decisión es que los legisladores pueden acceder a menos información de la que podían sin la nueva restricción, aseguró que hay datos que no se actualizan desde 2015 y que hay otros que se contradicen entre sí. “Es un atrevimiento que pretendan indicarnos cómo tenemos que realizar el control parlamentario. Tuvimos acceso durante todo el período a una clave que permitía realizar determinadas consultas y luego de que trascendieron irregularidades como ASSE y el Ministerio de Desarrollo Social adoptan esta postura secretista”, dijo a El Observador y se preguntó: “¿A quién están encubriendo? ¿Qué quieren ocultar?”.

Lema indicó que recurrirá la decisión de la Contaduría porque aseguró que les está “complicando el trabajo legislativo” y planteó que el ministro de Economía, Danilo Astori, sea convocado a la Comisión de Hacienda de Diputados para explicar las razones. “Vamos a agotar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para terminar con la falta de transparencia que caracteriza a este gobierno”, agregó.

El legislador utilizó ese sistema, por ejemplo, para seguir de cerca la contratación de la empresa de ambulancias Siemm que daba servicios en el hospital de Bella Unión, y que terminó con el procesamiento del exdirector de ese centro de salud, Marcos García, por ser socio de la firma de traslado de pacientes. Según Lema, sin esa clave hubiera sido imposible que se valiera de la información detallada sobre esas contrataciones. “Con esa clave logro desmenuzar en mucho más detalle gastos comprometidos”, dijo.

Luego de que El Observador informara de esa situación, a principios de mayo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), expresó “su preocupación por la decisión”. “El SIIF permite acceder a los organismos de contralor a información privada sobre contrataciones, esto es quién figura como representante de una empresa en el sistema, qué pagos y qué gastos ha realizado, entre otras cosas”, detalló en el comunicado en el que cuestionó la medida.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una ‘sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones’”, recordó en ese comunicado.