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Imputaron a tres hombres por Operación Océano y ahora hay 24 indagados
La Justicia imputó a tres hombres del delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad por la investigación denominada Operación Océano, caso por el cual hay ahora 24 personas imputadas.
Efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol habían detenido este martes a otros cuatro sospechosos de estar involucrados en la explotación de adolescentes, a lo que se sumó un quinto indagado en la mañana de este miércoles. Sin embargo, para los dos restantes se dispusieron medidas limitativas, como la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas, y seguirán siendo investigados por la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, señalaron a El Observador fuentes del caso.
La investigación lleva nueve meses y todavía quedan dos personas por ser capturadas, un argentino y un brasileño que están requeridos por la Justicia. El número de las víctimas aumentó a 18, luego que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron.
La mayoría de los imputados hasta el momento en esta investigación han sido penalizados por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, salvo en dos casos en los que además se imputó un delito de contribución a la explotación sexual.
La Fiscalía también ha solicitado en muchos casos que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la Justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.
La cronología
La investigación policial tiene dos puntos de inicio. El primero data de noviembre del año pasado, cuando una persona que estaba caminando por una calle en Maldonado advirtió que un hombre discutía a los gritos y "forcejeaba" con dos adolescentes, y decidió llamar a la policía.
La denuncia quedó ingresada, y a los dos días una de las adolescentes subió un video a su cuenta de Facebook en el que aparecía el hoy imputado manteniendo relaciones sexuales. Un empresario de Paraguay decidió entonces denunciarla por difamación, lo que dio inicio a una de las líneas de investigación. Esta punta se profundizó en Montevideo, porque la menor denunciada vivía en la capital.
Meses después, en marzo de este año, el Departamento de Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior comenzó a rastrear los pasos de una adolescente que había desaparecido ese mes. Su cuerpo fue encontrado flotando días después en el arroyo Solís Chico (Canelones), pero para entonces los policías de esta unidad habían observado que la joven pertenecía a un grupo de adolescentes que tenían sexo con adultos a cambio de dinero, droga o ingresos a fiestas privadas.
Asimismo, los policías constataron que detrás había "un mundo de explotación sexual de menores", dijeron fuentes consultadas, quienes explicaron que así es como habitualmente ocurre cuando se indaga sobre la desaparición de personas. "Se recolectan muchos datos primarios que luego apoyan investigaciones importantes, como ocurrió en este caso", dijeron.
Los funcionarios de esa unidad encontraron que esta menor había mantenido relaciones sexuales con el imputado paraguayo y con otro adulto en un hotel, "y fue así como ambos casos empezaron a vincularse", contaron en su momento fuentes de la investigación.
Este viernes, tuvo lugar una audiencia considerada histórica por la cantidad de personas convocadas. Participaron los hasta entonces 21 imputados acompañados por sus abogados y el equipo de Fiscalía encabezado por Darviña Viera, además de tres funcionarios del Poder Judicial que se encargaban de acercar el micrófono a cada abogado que pedía hablar.
Además, se prorrogaron las medidas cautelares dispuestas para la mayoría de los indagados, especialmente la restricción a acercarse a las adolescentes.
Por esta causa –que también es histórica por la cantidad de imputados– fueron imputados un exjuez de menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo, además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes.
Entre los empresarios que hoy enfrentan un proceso penal, está Ariel Pfeffer, directivo de Endeavor y uno de los promotores de la iniciativa empresarial "NoscuidamosEntreTodos", que a principios de junio emitió un comunicado a la opinión pública en el que afirmó tener la "certeza de que durante el proceso que se inicia quedará probada" su "absoluta inocencia".
Los delitos imputados son el pago o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, contribución a la explotación sexual y proxenetismo.
