Incentivos para vivienda acotados a pocos proyectos, según privados

El Poder Ejecutivo aprovechó ayer la celebración del Día de la Construcción para anunciar un decreto con beneficios impositivos para la vivienda, en un intento por amortiguar la contracción arrastra el sector desde hace más de tres años. La medida fue tomada con cautela por los promotores privados y los expertos. Si bien reconocen que es positiva para esa rama de actividad, solo comprenderá a megaemprendimientos y no cambia las reglas de juego para los proyectos pequeños y medianos. Los agentes esperaban que el gobierno comunicara los cambios que reclaman en la reglamentación de la ley de Vivienda de Interés Social (VIS), un tema que sigue pendiente.

El ministro interino de Economía, Pablo Ferreri, fue el encargado ayer –luego del Consejo de Ministros– de explicar a la prensa el alcance del decreto que otorgará beneficios tributarios a las constructoras de viviendas cuya "ventana" de vigencia está prevista hasta diciembre de 2017. Se promoverán proyectos "con estímulos específicos, atendiendo a la desaceleración de la economía", dijo el jerarca. Explicó que los proyectos edilicios que se inscriban antes de fines del próximo año, deberán contar con una avance de obra de al menos el 50% antes de diciembre de 2019, para poder acceder a los beneficios.

El jerarca comentó que si bien hoy la actividad de la construcción se encuentra por encima de su media histórica, se han perdido unos 20 mil puestos de trabajo, y por eso era necesario "contribuir para el dinamismo de su actividad". El sector pasó de un pico de ocupación de 73 mil obreros en octubre de 2012, a unos 48 mil en la actualidad.

En la Cámara de la Construcción no esperan grandes cambios en la realidad del sector para el año actual y el próximo. El único proyecto que podría "mover la aguja" sería la construcción de la tercera planta de celulosa, aún no fue confirmada por la empresa UPM.

El decreto del Poder Ejecutivo, firmado el 13 de octubre, explica que los proyectos de "gran dimensión económica de construcción de inmuebles con destino a vivienda cumplen con la doble condición" de generar empleo y externalidades positivas hacia otros sectores de la economía. Por ello el gobierno accederá a otorgar los beneficios impositivos que habilita la ley de promoción de inversiones que está a cargo de la Comap. Comprenderá a actividades de construcción y venta de inmuebles con destino a vivienda permanente o esporádica, para proyectos de "gran dimensión económica". El artículo 2 del decreto establece que abarcará proyectos con una obra civil superior a los 123 millones de unidades indexadas (UI) –unos US$ 15,3 millones–. Esos proyectos tendrán exonerados los tributos para la importación de equipos, máquinas y materiales, siempre y cuando sean declarados no competitivos con la industria nacional.

Por otro lado, se podrá exonerar el Impuesto al Patrimonio durante ocho años para construcciones en Montevideo y por 10 años para los que se erijan en el interior del país.Finalmente, se estableció que la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) será por franjas.

Los proyectos de entre 123 millones de UI (US$ 15,3 millones) y 205 millones de UI (US$ 25,7 millones) tendrán una exoneración del IRAE equivalente al 20% del total invertido. En las inversiones entre 205 millones de UI (US$ 25,7 millones) y 287 millones de UI (US$ 35,8 millones), la deducción será del 25% del total, mientras que las obras que superen los 287 millones de UI (US$ 35,8 millones) la exoneración de IRAE trepa al 30% de la inversión.

Si un proyecto no llega al 50% de finalización al 31 de diciembre de 2019, "el beneficio será cero", precisó el ministro interino de Economía. Explicó que la exoneración del IRAE "será lineal al avance de obra". Es decir, si una obra está finalizada al 70%, tendrá ese mismo porcentaje de exoneración sobre el monto que le corresponde (que puede ser del 20%, 25% o 30% del monto invertido). Estas medidas, adelantó Ferreri, serán "complementadas con cambios al régimen VIS que presentará la ministra de Vivienda", Eneida De León. El Observador intentó comunicarse ayer con esa jerarca pero se encontraba en Quito participando de un foro. Desde su entorno comunicaron que el tema está avanzado y que habrá novedades en el corto plazo. Tampoco fue posible ubicar al director Nacional de Vivienda, Felipe Schelotto.

El consultor privado Julio Villamide consideró que el anuncio que realizó el Ejecutivo "es positivo" para el sector, en una coyuntura pautada por bastante liquidez e incertidumbre en la región. El experto aseguró que en el último tiempo hubo grandes proyectos de inversión inmobiliarios en Punta del Este y Montevideo que, "por distintas razones", no terminaron de ejecutarse. "Este decreto puede darle el empujoncito para una concreción rápida de esos proyectos", consideró. Sin embargo, recordó que el sector privado esperaba que ayer el gobierno finalmente anunciara una "flexibilización" al régimen de la VIS.

Precisamente, el promotor privado y asesor financiero de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Alfredo Kaplan, dijo que los anuncios "sorprendieron", aunque los consideró "positivos" para la dinámica del sector en general. "Obviamente está pensado para proyectos de un tamaño importante y no para pequeños y medianos", aclaró. Un proyecto de inversión privado destinado a una VIS demanda una inversión de entre US$ 2 millones y US$ 5 millones. Actualmente en Montevideo son pocos los proyectos de construcción que superan los 10 mil metros cuadrados –potenciales beneficiarios del nuevo régimen–. Un ejemplo es el edificio Forum que se está construyendo sobre la rambla del Buceo.