Jonathan B. tenía 24 años y estaba preso en el Penal de Libertad cuando el 30 de diciembre de 2020 fue herido con un arma blanca en la zona abdominal. Fue atendido en policlínica, pero permaneció los siguientes tres días con síntomas digestivos y agravamiento progresivo, sin ser trasladado. El 3 de enero de 2021 presentó “vómito negro” cada 15 minutos y en la noche perdió la conciencia. Cuando el médico concurrió a su celda, estaba muerto.
Su tocayo Jonathan C. tenía 26 y estaba alojado en la Unidad 1 de Punta de Rieles. El 13 de enero del año pasado denunció amenazas y pidió ser trasladado a otro módulo. Se lo alojó en una celda provisoria y a la madrugada siguiente se lo encontró desvanecido. Trasladado al hospital, allí falleció. Se certificó que fue acuchillado.
Helen tenía 52 años y estaba en la Cárcel de Mujeres. Comenzó con cefaleas, vómitos y dolor generalizado. Sus compañeras pidieron asistencia y fueron amenazadas con ser sancionadas. Las autoridades decían que estaba simulando. Pero ella sufrió un progresivo deterioro. Se le dio suero y medicación intravenosa y la retornaron a su celda. Pasaron nueve meses, hasta que el 8 de abril de 2021 fue derivada a un hospital. Allí se le diagnosticó cáncer de pulmón con metástasis suprarrenal y encefálica. Murió el día 11 en cuidados paliativos.
Sus historias –incluidas en el informe anual del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit– son apenas tres de las 86 muertes “en custodia” ocurridas el año pasado en el sistema carcelario, un récord que esconde otro: 45 casos correspondieron a homicidios o suicidios. Las muertes violentas triplicaron a las ocurridas en prisión en 2020. Otro récord fue que en uno de cada diez casos no se pudo determinar oficialmente la causa de la muerte.
En siete de los casos atribuidos a circunstancias naturales se comprobó la existencia de “manifiestas negligencias o fallas asistenciales” que tuvieron incidencia directa en el resultado.
Todos los homicidios fueron a manos de otros reclusos.
La mayoría fue por arma blanca, aunque en dos casos la agresión fue por incendio. Casi todos los suicidios fueron mediante ahorcamiento y repitieron un triste fenómeno: dos de cada tres suicidas transitaban el primer año de reclusión. De ellos, uno de cada tres se quitó la vida dentro del primer mes preso, y uno de cada diez, el primer día.
El informe de Petit reveló otro dato preocupante: en el 40% de las muertes violentas se detectaron también fallas o negligencias con impacto directo en el desenlace. El comisionado apuntó además a un alto número de fallecimientos de personas jóvenes por tuberculosis, lo que revelaría “cierto nivel de fracaso” en las políticas de salud en las cárceles.
El análisis reparó en los cuatro fallecimientos ocurridos en el Módulo 12 del exComcar, que aloja a los casos de salud mental. Oficialmente, dos muertes fueron catalogadas como suicidio. Las otras dos, por causas indeterminadas. Técnicamente, estaban al cuidado de enfermeros y supervisados por un psiquiatra. Además, las celdas son monitoreadas por cámaras para evitar autoagresiones.
Para el informe, las autoridades señalaron que las cámaras no estaban funcionando desde hacía tiempo o los pacientes estaban alojados en celda en las que no funcionaban. Ninguna de las muertes fue detectada al momento de ocurrir. Los pacientes fueron descubiertos horas después sin signos vitales.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación citados por Petit, de las 86 muertes ocurridas el año pasado en prisión, 32 seguían bajo investigación.
En tanto, otras ocho estaban sin fiscal asignado.
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