Foto de archivo. Punta Colorada

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Intendencia de Maldonado apeló un fallo de Recarey sobre la rambla de Punta Colorada

El abogado que representa a la comuna presentó además una denuncia penal por "falso testimonio" contra dos testigos que
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14 de julio de 2022 a las 16:15

La Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) apeló el fallo del juez Alejandro Recarey, quien había resuelto suspender una obra en la rambla de Punta Colorada por una "lesión" al medio ambiente. A su vez, denunció penalmente a dos testigos por falso testimonio.

Las obras comenzaron en agosto de 2021 y la semana pasada el magistrado dispuso que queda prohibido todo retiro de arena y colocación de "flora exótica" y decidió la medida cautelar que suspende la construcción de una rambla en Punta Colorada.

El abogado Hugo Álvez, en nombre del gobierno de Maldonado, presentó este jueves en el Palacio de los Tribunales recursos de reposición y apelación contra el decreto de Recarey.

Al día de hoy, la IDM no fue notificada del fallo y está ejerciendo su derecho basándose en trascendidos de prensa y conocimiento informal del caso. El abogado también explicó que aún presentándose al juzgado no pudieron ser notificados del fallo.

"Tanta urgencia que había para paralizar las obras, habilitar la feria y dictar una medida cautelar, justamente al organismo público encargado de cumplir esa medida cautelar todavía no se le notificó. Entonces pensamos que existió urgencia en mediatizar el tema pero no en que la orden judicial llegara a quien la tiene que cumplir", sostuvo.

La denuncia penal contra dos testigos 

Según Álvez, la feria judicial ha sido “bastante extraña” y “se notó que grupos minoritarios han utilizado la feria para lograr fallos exprés".

Según Álvez, esta obra "no existe" y la rambla "tiene más de 60 años". A su vez, indicó que lo que hizo la IDM fue "reacondicionarla" y que las obras se terminaron e inauguraron en diciembre pasado. Por este motivo, se presentó una denuncia penal contra dos testigos por "falso testimonio".

En el fallo de Recarey al que accedió El Observador, se menciona a tres testigos. No obstante, solo puede leerse el testimonio de dos.

Uno de ellos sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: “Las consecuencias que habría si no se detiene la obra, el sistema va a claudicar, por debajo de la arena hay tosca, las playas se quedarían sin arena. Hay que hacer un estudio de impacto ambiental y ordenamiento territorial, que nunca se hizo. Los gobiernos municipales están desesperados por conseguir licitaciones”.

A su vez, hizo referencia a la vegetación ya que de ella “depende la sanidad del sistema” porque “para que exista la duna primaria tiene que haber el pasto dibujante que es lo que retiene la arena que anda volando”. “Hay especies invasoras como las acacias y la garra de león, que las plantan para fijar las dunas, pero no para estabilizarlas. Esas pantas van a extinguir al pasto dibujante”.

El otro testigo manifestó que lo que se está haciendo con la obra en la rambla es “cortar el corazón de la playa”. Y agregó: “En cuanto a las plantas, hay un grave peligro al introducir plantas exóticas, el colchón es el corazón de la playa, al cortar las dunas el agua sigue de largo. Esto perjudica a todas las construcciones que pueden estar mal hechas. El agua sigue de largo y se lleva todo. Lo que sucede es que cundo la arena sigue de largo, quiere decir que se cortó un sistema natural”.

Para Álvez se acusó a la IDM infundadamente de actos ilícitos que no cometió, así como también resaltó el cuidado del medio ambiente y protección de dunas que la administración departamental realiza.

El abogado también mencionó que, de camino al juzgado, constató en playas de Montevideo la instalación de cercas captoras para preservar las dunas (garra de león), tal como se colocan en las playas de Maldonado, motivo por el cual se preguntó si lo que está bien en la capital está mal en Maldonado.

Ante el argumento de que fue una obra realizada sin los permisos ambientales, Álvez agregó que las ramblas, por el artículo 153 del código de aguas, están fuera de la faja de defensa costera y no se requiere ninguna autorización ambiental para trabajar fuera de ella como es el caso. “Es otra de las falacias que los testigos ratificaron y otra de las razones por las cuales se presenta la denuncia penal” concluyó.

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