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Investigación de Defensa: es imposible determinar quién ordenó destruir documentos del tribunal de honor a Gilberto Vázquez
Una investigación administrativa desarollada por el Ministerio de Defensa certificó que una serie de archivos que estaban incluidos en el expediente sobre el tribunal de honor militar efectuado contra el ex represor Gilberto Vázquez fueron destruidos. También subrayó la imposibilidad de determinar las responsabilidades del caso.
El oficio, remitido este martes al Parlamento y al que accedió El Observador, fue realizado a raíz de las declaraciones de la ex directora de la Asesoría Letrada del ministerio, Silvia Usher, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que el año pasado se había dedicado a analizar el tema.
Gilberto Vázquez había sido sometido al tribunal de honor cuyo fallo fue homolagado en 2006, durante el primer gobierno del Frente Amplio. Allí el ex militar reconocía haber torturado y ejecutado a prisioneros durante la dictadura, además de confirmar la existencia del "segundo vuelo" desde Argentina.
En agosto del año año pasado el presidente Tabaré Vázquez, que había firmado la homologación de ese fallo, negó haber accedido a esa confesión al argumentar que no tuvo acceso al expediente completo y, por ende, a la confesión del ex represor. El mandatario afirmó que había existido un "ocultamiento", para justificar no haber emprendido ninguna acción en su momento.
Sin embargo, Usher afirmó ante la comisión que "todo el expediente" con las actas del tribunal de honor había salido del Ministerio de Defensa y enviadas a Presidencia de la República.
“Ni yo ni ningún otro funcionario de la asesoría letrada que estaban en 2006 retuvo, archivó, guardó o escondió ningún expediente”, aseguró.
Para confirmar sus dichos, Usher pidió como prueba las anotaciones que Jurídica realizaba sobre los expedientes y que se archivaban aparte, para corroborar ante el Parlamento que el expediente había pasado por allí. La respuesta que recibió fue que "no estaban más porque se había dispuesto su destrucción".
El oficiado librado ahora por Defensa al Parlamento verifica esa destrucción. Concretamente, señala que esos documentos "se tiraron a una volqueta", pero no se pudo comprobar quién dio la orden.
Es que los testimonios recabados por el ministerio indican que la directora del Departamento Jurídico Nacional, Verónica Fontana, declaró que recibió la orden de destruir los documentos de parte de Josefina Nogueira, asesora de Menéndez, de quien "habitualmente" recibía indicaciones. Nogueira, en tanto, dijo no recordar haber dado esa orden al afirmar que quién la habría dado en forma directa habría sido el ministro.
La investigación de Defensa, dispuesta por el actual titular, Javier García, no podrá avanzar más allá de esas conclusiones. La Comisión de Derechos Humanos, en tanto, las discutirá en una sesión especial a definir, con sumo cuidado de no "abonar la grieta", según manifestaron a El Observador varios parlamentarios.
Es que dos de los principales involucrados, Tabaré Vázquez y Jorge Menéndez, fallecieron.
Para el senador nacionalista Jorge Gandini lo fundamental es que "se salva la responsabilidad" de Usher en sus afirmaciones ante la comisión. Su colega frenteamplista Amanda Della Ventura reparó en que, en realidad, ninguna de las funcionarias del ministerio recuerda haber recibido una orden de Menéndez.
"¡Pobre Menéndez!", lamentó. " Me queda esa sensación porque aparece aquí todavía en duda por haber muerto. Ninguna de las dos asume que Menéndez les dio la orden".
Para Della Ventura la otra cuestión importante es, si efectivamente, la destrucción de esos documentos se hizo en forma intencional. La senadora recordó la vigencia del decreto 497/94, promulgado en el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Entre otros aspectos, allí se establece que "razones de buena administración disponen la destrucción de aquellos documentos que, careciendo del citado valor, no sean necesarios para el trámite administrativo para el que fueron utilizados".
Della Ventura marcó que los archivos destruidos en Defensa indicaban el trámite que se les había dado a las actas. Por lo tanto, "no podríamos decir que tenían un interés histórico o cultural" que ameritaran su preservación, tal como indica el decreto en cuestión.
Según figura en el expediente lo que sí se manifiesta en es que "no tenían lugar físico para guardar el material y que eso llevó a esa destrucción", apuntó la senadora.
