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Investigan a un uruguayo en Paraguay por su presunto vínculo con el avión iraní

El uruguayo se encargó del traslado de los miembros de la tripulación; además, está relacionado a redes de trata y narcotráfico, según la denuncia que llegó a la fiscalía paraguaya
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08 de julio de 2022 a las 10:15

La fiscalía de Paraguay investiga a un ciudadano uruguayo llamado Ezequiel Santoro Da Silva, vinculado al avión venezolano-iraní que desató una polémica a lo largo del continente sudamericano. Según la denuncia que llegó al Ministerio Pública, difundida por el medio ABC Color, el uruguayo se encargó del traslado de los miembros de la tripulación.

La denuncia, presentada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) ante la fiscalía paraguaya, Santoro y miembros de su familia están vinculados a redes de trata de personas y narcotráfico.

Santoro habría sido contratado por José Melot, propietario de la firma Mike Air Service para el traslado y alojamiento de los miembros de la tripulación iraní. Por su parte, el uruguayo es dueño de la firma Adshey Turismo y Transporte de Ciudad del Este. Asimismo, afirmó haber subcontratado a la firma TyT Mauani, propiedad de Eugenio Díaz Ocampos. De acuerdo a lo recolectado por la Senac, tanto Santoro como Díaz Ocampos son investigados por estar supuestamente ligados a una red de trata de personas.

La oficina de Adshey Turismo había sido allanada en noviembre de 2021. Santoro fue uno de los detenidos durante una serie de allanamientos a fin de desarticular una red internacional de trata de personas con fines sexuales; con víctimas principalmente paraguayas.

Aun más, profundiza el medio paraguayo, Adshey Turismo aparece ligada Federico Ezequiel Santoro Vassallo —señalado en 2009 en el marco de otra causa por trata de personas— . Santoro Vasallo es muy cercano al también uruguayo Sebastián Marset Cabrera; el narcotraficante de 31 años, detenido en Dubái por portar un documento paraguayo falsificado, en setiembre de 2021, y además buscado por Interpol. 

En enero de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay decidió concederle un pasaporte uruguayo, lo que su abogado utilizó como argumento para probar que no era riesgoso, ni un delincuente de relevancia si su propio país le autorizaba la documentación. Y lo consiguió.

Sin embargo, luego de quedar libre, autoridades paraguayas le confiscaron bienes de más de US$ 100 millones a una organización criminal -en lo que supuso el mayor operativo del país contra el crimen organizado- de la que la Justicia de ese país lo acusa como uno de los cabecillas. A su vez, la policía uruguaya lo investiga desde 2018.

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