Las revelaciones ante la Justicia de Estados Unidos de Nilsen Arias y Antonio Peré Ycaza, dos de los implicados en las irregularidades entre Trafigura y Petroecuador durante casi diez años, reabrieron la discusión en Uruguay ya que ofrecieron nuevos detalles sobre la participación de Ancap en el negocio.
Los nuevos datos incluyen la utilización de una empresa uruguaya (Newary SA) para pagar parte de los sobornos a una empresa panameña y el blanqueamiento de que la petrolera estatal fue utilizada como “fachada”.
La difusión de la información motivó que varios legisladores del oficialismo (Jorge Gandini, Guillermo Domenech y Felipe Schipani, entre otros) pidieran la reapertura de la “causa Ancap”, bajo el entendido de que hay nuevos elementos que aportan a las líneas de investigación desarrolladas por el entonces fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.
En particular, los dirigentes apuntan a la elección de Trafigura como intermediaria sin licitación y ponen la lupa sobre uno de los puntos planteados por Pacheco en su pedido de procesamiento que no prosperó.
“La intermediación de Trafigura, decidida unilateralmente por Ancap desde que su participación en el negocio, no está incluida en el contrato original entre Ancap y Petroecuador podría haber significado -y en el punto podría profundizarse la investigación- una vía oblicua para introducir a dicha empresa en la compra y venta de petróleo y derivados a Ecuador, permitiendo a Trafigura eludir las licitaciones o llamados de la estatal ecuatoriana”, escribió el fiscal cuando solicitó a la jueza Beatriz Larrieu la imputación por abuso de funciones de la mayoría del directorio de Ancap (Raúl Sendic, Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro).
Como se sabe, la jueza desestimó el planteo para los cuatro, aunque Sendic terminó procesado sin prisión por abuso de funciones y peculado por su rol en la cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa y utilizar irregularmente la tarjeta corporativa de la empresa.
Pacheco recorrió todas las instancias judiciales buscando procesar a los jerarcas por el negocio con Trafigura y Petroecuador, pero tanto el Tribunal de Apelaciones como la Suprema Corte de Justicia lo desestimaron.
La nueva información
Para los dirigentes del oficialismo, el hecho de que tanto el exgerente de Petroecuador, Nilsen Arias, como el consultor Antonio Peré dijeran que hubo un plan orquestado para evitar licitaciones utilizando empresas públicas extranjeras como fachada supone un paso más en la línea de investigación de Pacheco.
“Es necesario que la Fiscalía reabra la investigación sobre este escándalo internacional de corrupción. Cuesta creer que todos hayan recibido coimas menos los jerarcas de Ancap”, escribió Schipani en su cuenta de Twitter.
Arias reconoció ante la Justicia estadounidense que recibió sobornos por el negocio entre Ancap, Trafigura y Petroecuador. A su vez, Peré dijo que se canalizaron mediante la empresa privada uruguaya en un contrato ficticio.
Al no participar traders y ser un acuerdo estado-estado el precio de las ventas era inferior al de mercado, lo que permitió a Trafigura tener márgenes mayores de ganancias. A su vez, la habilitó a conseguir suculentos contratos de forma directa.
Leonardo Carreño
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En parte de su argumentación, Pacheco consideró reprochable que Ancap tuviera una ganancia mínima mientras Trafigura tuvo beneficios siderales. “En definitiva, si bien Ancap obtuvo un beneficio económico, fueron abrumadoramente superiores los beneficios obtenidos por Trafigura, por cuanto pudo acceder a una operatoria comercial con petróleo crudo de Ecuador sin enfrentar competencia alguna, y operó por miles de millones de dólares”, escribió.
A su vez, al desestimar las imputaciones, Larrieu consideró que no resultaba “acreditado en autos” que la contratación con Trafigura haya tenido como “finalidad favorecerla en el negocio con Petroecuador, en cuyo caso la imputación requerida probablemente fuera por otro delito”.
A juicio del oficialismo, esa afirmación queda controvertida con la nueva información.
Atención y dudas
Aunque el negocio fue realizado por directores anteriores, el desarrollo del juicio en Estados Unidos viene siendo observado con “atención y preocupación” por la cúpula de Ancap, ya que nuevamente se vincula a la empresa con “noticias negativas”.
Una fuente del directorio señaló que, si bien la Justicia entendió que Ancap actuó de acuerdo al marco legal, la decisión de avanzar en un acuerdo con Petroecuador (en el marco de una alianza entre países) y la participación de Trafigura fue una “definición política que se podría no haber tomado”.
El informante mencionó que hasta ahora no tenían “nada que revisar” porque todo fue de acuerdo con los procedimientos y normativas de la época aunque persistían “dudas” sobre cuál fue el “origen de toda la operación”.
La Justicia consideró que el negocio fue planteado por Ancap y Petroecuador, pero las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggieron revelaron en el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo que fue propuesto por Trafigura. Incluso, publicaron el correo electrónico en el que un jerarca de la multinacional (Nicolás Simian) realiza la propuesta a Nunzia Spagna, exjefa de Comercio Exterior de Ancap.
“Si la Fiscalía actuara de oficio y requiriera nueva información la causa se podrá reabrir”, agregó la fuente.
El cuestionamiento del fiscal: contrato sin licitación
En su pedido de imputación, Pacheco dijo que Ancap “incurrió en una grave irregularidad” al contratar a una empresa privada sin el correspondiente “llamado previo a procedimiento competitivo” tal como exigen las normas de contabilidad y administración financiera del Estado.
También recordó que operó con Trafigura sin contrato durante ocho meses y que Ancap asumió actividades de “trading” que no se ajustaban a su “giro específico”.
El planteo no fue compartido por Larrieu, que lo desestimó señalando que el trading no fue “extraño” al giro comercial de Ancap y que si bien se operó sin contrato, hubo “documentación de respaldo”.
En la apelación, Pacheco cuestionó que los directores que firmaron y aprobaron el contrato entre Ancap y Trafigura no se hayan cuestionado por qué se la elegía “privilegiándola e instalándola en una posición comercial más que ventajosa, sin consultar o llamar a otros interesados, ya que era evidente que de esta forma Ancap podía obtener una ganancia aún mayor”.
“Además de las normas jurídicas que así lo imponen, elementales razones de sentido común y de lógica jurídica conducen a entender que indefectiblemente las autoridades del ente debieron llamar a licitación, en aplicación de también básicos principios de publicidad y transparencia en la función pública”, agregó y planteó como hipótesis que debió darse una “intervención preventiva” del Tribunal de Cuentas.
