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4 de mayo 2024 - 5:03hs

Finalmente el PIT-CNT presentó las firmas para el plebiscito de reforma constitucional de la seguridad social. Como siempre, los organizadores le pusieron suspenso en las semanas previas, pero el día de la entrega de firmas se despacharon con un habitual “overshooting” respecto al mínimo exigido. Pasó con la LUC, pasó ahora.

El PIT-CNT, responsable de la recolección, festejó por partida doble. Festejó el 27 cuando entregó las firmas y festejó en el Acto del 1° de Mayo. El presidente de la central obrera, Marcelo Abdala, anunció exultante que el logro de las 430.000 era “inmenso e histórico” y que con él se lograría "el objetivo de consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental y de abrir un nuevo escenario de una nueva reforma integral de todo el sistema de previsión social".

Eso sí, ni en el acto, ni en ninguno de los pronunciamientos periodísticos de los promotores del plebiscito surge la más remota idea de cómo se va a pagar el enorme aumento del gasto público que esta iniciativa implica. Ni el Instituto Cuesta Duarte ha elaborado sus estimaciones de costos y propuestas de financiamiento ni parece que los promotores se lo hayan pedido. Los únicos que lo estudiaron a conciencia fueron los de AEBU y sus conclusiones fueron tan catastróficas, que no solo decidiera no acompañar la iniciativa, sino que se manifestaron claramente en contra.

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Por ahora, y dando por supuesto que las firmas están, tenemos un escenario donde: a) se impulsa una reforma cuyo costo no se conoce ni se procura estimar ni al elaborar la propuesta ni una vez conseguidas las firmas; b) se trabaja para consagrar “un derecho humano fundamental” -no se sabe quién es el que declara esta categoría que puede crecer exponencialmente- sin saber cómo se financia y sin preocuparse por ello como si fuera algo que caería del cielo; c)  se ignoran las observaciones de todos los referentes económicos del Frente Amplio en los 15 años de administración; d) se desconoce que durante estos tres gobiernos frenteamplistas nunca estuvo en la agenda de la coalición de izquierdas la eliminación de las AFAPs, y e) se olvida por completo que el Frente Amplio tiene como propuesta de gobierno reformar la ley de seguridad social aprobada en este gobierno mediante “un gran dialogo social”. Si este plebiscito llegara a aprobarse, habrá un gran dialogo social, pero no para reformar la seguridad social sino para reconstruir la economía del país que habrá estallado en pedazos.

De todo lo cual, es fácil deducir que esta reforma constitucional tiene mucho más un carácter ideológico que uno práctico. No solo se quiere ir contra la ley aprobada por el actual gobierno; se pretende dinamitar el sistema de seguridad social actual elaborado en 1996 y hacer uno nuevo. Algo curioso en un país que gasta 10% del PIB en seguridad social, está muy bien calificado entre los diversos países y tiene, además, un problema mayor en la niñez que en la edad adulta. Quienes promueven este proyecto demuestran conocer muy bien la fórmula de la dinamita pero no la del cemento armado.

En el proyecto subyacen tres concepciones: animadversión a la propiedad privada en general y a las AFAPs en particular, demagogia para subir al barrer las prestaciones sin medir las consecuencias para el conjunto de la sociedad y una concepción del trabajo como elemento de opresión social.

La animadversión al capital, propia del marxismo, no encontraba forma de expresarse en términos electorales. Ahora, al enfocarse en las administradoras de pensiones, que han tenido un éxito fenomenal al conseguir que el fondo previsional de cada trabajador esté integrado en un tercio por aportes y dos tercios por rentabilidad en la inversión de esos aportes, los promotores del plebiscito muestran su verdadera cara: no quieren propiedad privada. Hoy será en la seguridad social, mañana en la salud (eliminando las mutualistas y seguros privados), pasado en la educación (eliminando escuelas, liceos y universidades privadas). Todo bajo el concepto de  que la seguridad social es un derecho humano fundamental y también lo podrán ser la salud y la educación en próximas reformas constitucionales. Y luego se añadirán actividades menos importantes hasta incluir el almacén de la esquina, que nos provee de alimentos que también serán un “derecho humano fundamental para vivir”.

Con todo, lo más preocupante es la concepción del trabajo. Parecería que el trabajo es un castigo para la persona y que cuanto menos trabaje, mejor sería. Y si se puede eliminar el trabajo y poner una “renta universal” a cargo de “las grandes empresas” mejor para todo el mundo. Promoveremos el ocio, tratando de que el hombre pueda vivir debajo de un árbol sin hacer nada. Lo ideal, según esta concepción, sería que el trabajo lo hagan los robots, y que el dueños de los mismos aporten al BPS para pagar la renta universal que nos mantiene a todos y que será igual para todos pues en la sociedad futura que nos prometió Marx -y que nunca se logró plasmar ni en la URSS ni en Cuba ni en otro lugar- todos seremos iguales. Aunque, como bien señaló el gran escritor George Orwell en su famoso libro “Rebelión en la Granja”, en esos regímenes totalitarios algunos son más iguales que otros.

Por eso es bueno recoger aquí un artículo de la economista y experta en pensiones Allison Schrager en Bloomberg. Allí señala las ventajas del trabajo más allá de los 60. “La mala noticia, dice Schrager, es que la mayoría de nosotros necesitaremos trabajar más tiempo. La buena noticia es que, si lo hacemos bien, la mayoría de nosotros querremos hacerlo”.

Escribiendo para la realidad del mundo anglosajón, Schrager dice que “jubilarse a los 65 o incluso a los 67 simplemente no es realista para las finanzas de la mayoría de las personas ni para las de los gobiernos”. Si no lo es en el mundo desarrollado, con otros niveles de productividad, sería ilusorio pensar que sería posible jubilarse a los 60 en Uruguay como pretende el PIT-CNT, salvo determinados empleos que requieren un enorme esfuerzo físico. La tendencia mundial es a trabajar más años para hacer sostenibles los sistemas de seguridad social. La media europea de jubilación es de 65 años y va en ascenso, y ello tanto en gobiernos de izquierda como de derecha. No es un tema ideológico, es una tema demográfico: vivimos más y hay menos jóvenes que aportan por caída de natalidad.

Schrager cita incluso a Andrew Scott, profesor de la London Business School, quien publicó un manifiesto sobre el envejecimiento saludable. Scott sostiene “que el trabajo es fundamental para hacer viable una sociedad que envejece y puede mejorar la calidad de vida de todos. Pero es necesario repensar el trabajo y la capacitación y encontrar formas de utilizar la tecnología para mejorar la productividad de los trabajadores de mayor edad”.

El trabajo no es una maldición del capitalismo. Es condición constitutiva de la naturaleza humana. Ya lo decía el libro de Job: “el hombre nació para trabajar como el ave para volar”. El trabajo dignifica al hombre. Y lo bueno es que las nuevas tecnologías permitirán el equilibrio de trabajar hasta una edad más avanzada, manteniendo la salud corporal y mental. Y nada de esto deberá estar registrado en la letra pétrea de la Constitución. Veamos cómo evoluciona la demografía, la salud, la tecnología. Y no nos encerremos en rígidos preconceptos ideológicos y concepciones demagógicas que solo conducirán al fracaso.

 

Temas:

Reforma de la seguridad social

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