Juegan con fuego quienes soslayan la gravedad del déficit fiscal, encerrados en una corta visión unidireccional que no mide las consecuencias de aumentar el gasto público. El ministro de
Economía,
Danilo Astori, insiste en gasto adicional cero cuando se acuerde cualquier variación presupuestal en la próxima Rendición de Cuentas, que regirá hasta que asuma el nuevo gobierno en 2020. Ha advertido que si se aumenta algún rubro hay que compensarlo reduciendo otros. La sensata posición de Astori es irrefutable. Pero choca con la de su colega de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, para quien el déficit es secundario a gastar US$ 600 millones más por año en diferentes áreas.
Murro respalda los reclamos del PIT-CNT, que está comprensiblemente preocupado por el salto del desempleo al 9,3% y la pérdida de 30.000 puestos de trabajo. Pero la respuesta no está en mantener, y tal vez hasta aumentar, un desajuste del 3,5% en las cuentas fiscales que pone en peligro el vital grado inversor y el actual acceso al
crédito que tiene el país a tasas de interés relativamente bajas. La única solución viable viene por dos caminos paralelos. Uno es ser más estricto y equilibrado que en el pasado en la asignación de recursos. El otro es asegurar inversión externa en emprendimientos productivos.
El presidente Tabaré Vázquez ha anunciado que las prioridades presupuestales en la Rendición de Cuentas serán educación y seguridad. La seguridad pública es la angustia prioritaria de los uruguayos, lo que explica fortalecerla. Pero carece de sentido incrementar el gasto en la naufragada educación pública mientras sus autoridades no sean capaces de introducir las reformas que la modernicen. Y en vez de confrontar dentro del gabinete, el gobierno debe concentrarse en fomentar la inversión. Las facilidades adicionales acordadas el año pasado en materia tributaria y otras áreas a capitales productivos que vengan al país no han dado hasta ahora resultados tangibles. Es, sin embargo, el campo en el que corresponde redoblar gestiones y ampliar concesiones como forma idónea de crear trabajo y mejorar condiciones de vida, como han hecho otros muchos países en situación parecida.
Intentar lo mismo en Uruguay mediante el fácil expediente de cargar las espaldas del déficit fiscal con más y más gasto es, en cambio, una ruta segura al descalabro económico. El gobierno se ha comprometido a bajar el déficit en un punto del Producto Interno Bruto para el final del período. Y no es por capricho sino para mantener el crédito internacional. La cuestión no es déficit versus "mejor vivir de la gente". Si no se ajustan las cuentas fiscales se arriesga a un descrédito en los mercados financieros que le hará cada vez más difícil solventar los programas sociales, que solo tendrán sustento continuado si el país muestra seriedad en el manejo de la economía. Y el crecimiento viene con crecimiento de la inversión y empleo. El presidente Vázquez ya lo dijo en numerosas oportunidades. Incluso fue él quien alertó sobre la posible pérdida del grado inversor. Le corresponde, por tanto, ratificar claramente ese rumbo. Si así lo hace sin dudar, Uruguay tendrá posibilidades de ser un país con futuro. Si cambia el rumbo que oportunamente fijó, el país se desbarrancará en un desorden fiscal que pagará por largo tiempo toda la sociedad. l
