Jueves en llamas: una huelga y movilización contra el retraso de la edad jubilatoria jaquea la reforma que impulsa el presidente Macron

Ambas medidas, que cristalizan la oposición a la iniciativa que busca equilibrar las cuentas del sistema previsional y de esta forma recortar el déficit fiscal primario, son rechazadas por 6 de cada 10 franceses, según un sondeo concretado por la consultora OpinionWay. Sin embargo, y siempre según el resultado del trabajo, un 61% de los encuestados considera "necesaria" una reforma, pero no la que impulsa Macron, mientras que el 58% apoya la protesta.

"El nivel de apoyo a la movilización es importante, está por encima de la media. Todo dependerá de la dinámica del movimiento. La batalla que nos espera es incierta", evaluó el vicepresidente de la empresa de sondeos, Bruno Jeanbart al diario Les Échos, con relación a una forma que el mandatario de la segunda economía de la Unión Europea (UE) convirtió en un eje clave de su segundo mandato, luego de que el estallido de la pandemia lo obligara a retrasar la iniciativa.

Macron, que el jueves estará en Barcelona para una cumbre franco-española, dejó al frente del Ejecutivo a la primera ministra Élisabeth Borne, quien defendió la iniciativa calificándola como "un proyecto de justicia y progreso". Para algunos, de cara a la poderosa oposición legislativa del sector de izquierda que lidera Jean-Luc Mélenchon y el espacio ultraderechista de Marine Le Pen, Macron se juega su mandato.

Es la opinión del analista político Frédéric Dabi, del instituto de sondeos Ifop. "Tiene razón de no estar en primera línea. Hay una crispación terrible. Se resguarda para intervenir más tarde.  Todo se sucede como si los franceses hubieran asumido que el gobierno no podrá ceder, porque Macron se juega su mandato", afirmó en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Por su parte, los ocho principales sindicatos esperan "millones" de huelguistas y manifestantes. "Hace años que no vemos una semejante movilización", dijo a la radio RFI el secretario general de la Confederación General del Trabajo-Fuerza Obrera (FO), Frédéric Souillot, quien recordó que la última gran movilización sindical tuvo lugar en 2010, cuando el gobierno del presidente conservador Nicolás Sarkozy propuso y aprobó retrasar la edad de jubilación de 60 años a 62 años.

Macron y su gabinete defienden la reforma, que consideran necesaria no sólo para equilibrar la situación actual del sistema previsional, sino también para hacer frente a un déficit creciente en un contexto de mayor esperanza de vida. "Será un jueves de infierno, de fuertes perturbaciones en el transporte público y privado", anticipó por la cadena France 2 el ministro del área, Clément Beaune, al tiempo que llamó a quienes puedan a trabajar desde sus casas.

Según los organizadores de la huelga, se espera que los trabajadores del sistema de transporte público, que ya fueron la punta de lanza en las masivas huelgas de 2019 y 2020, sean nuevamente protagonistas centrales de una protesta a la que se sumarán maestros, profesores, controladores de vuelos y empleados administrativos de los sectores público y privado, entre otros; además de los trabajadores del sector energético, que incluso podrían paralizar depósitos y refinerías.

Por lo pronto, las centrales sindicales dejaron en claro que la huelga de este jueves será la primera medida de un plan de lucha en la previa a que el consejo de ministros apruebe la reforma y dé comienzo al debate parlamentario a partir de fines de este mes. Macron, que perdió la mayoría legislativa absoluta en junio, multiplicó las negociaciones con el partido opositor de derecha Los Republicanos (LR), favorable a la reforma y sucesor de la Unión por un Movimiento Popular, creada por el exmandatario Jacques Chirac y que llevó a la presidencia a Sarkozy.

Sin embargo, y ante un eventual fracaso en la Asamblea Legislativa, el gobierno guarda un as en la manga. Según los analistas locales, para evitar la obstrucción parlamentaria, anunciada ya por la oposición de izquierda, Macron podría recurrir al procedimiento del artículo 47.1 que limita el tiempo del debate a 50 días. Si las dos cámaras no votan la reforma antes del 26 de marzo, podría aplicarla mediante un decreto, corriendo el riesgo de aumentar su imagen autoritaria y alimentar así mayores protestas.