Juicios millonarios: otra herencia del gobierno del FA a la nueva administración

Existen dos juicios internacionales que ya están en proceso en los que se conocerá la resolución a partir del primero de marzo de 2020, y por los que, en caso de ser condenado, el Estado deberá pagar millones de dólares. Y a su vez, hay otras tres empresas que analizan entablar reclamos en ámbitos internacionales por decisiones del gobierno actual. 

Empresa panameña

El último, que ingresó en mayo, es el arbitraje internacional entablado por la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna que le reclama a Uruguay una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. Si bien no se ha fijado el monto del reclamo planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, se estima que no será menor a los US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007. 

Con la presentación del escrito presentado el 23 de mayo ante Ciadi se abrió un plazo para que Uruguay responda al reclamo. Luego, se designarán los árbitros, se fijará el objeto del proceso y nuevamente las partes tendrán tiempo para hacer sus descargos. Por lo general hay más de una ronda de respuestas por lo que es esperable que el proceso lleve varios meses. Según pudo saber El Observador, desde mayo  el caso ha estado bastante detenido.

El arbitraje plantea que hubo una violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá, y que el Estado uruguayo debe compensar a la empresa por haber faltado a lo estipulado en el tratado y a que no hubo un trato justo. 

Aratirí

Desde mediados de 2018 se tramita el juicio internacional que inició Aratirí por lo que entendió un cambio en las reglas de juego de la ley de minería. La firma de origen indio reclama al Estado uruguayo US$ 3,536 millones, tal como informó al formalizar la demanda que fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (Países Bajos).

Actualmente el juicio se encuentra en la etapa de la última ronda de consultas a las partes y la audiencia final, que se celebrará en la ciudad de Washington en Estados Unidos, está fijada para el mes de febrero, se informó a El Observador. De todos modos, es probable que el fallo se conozca luego del 1 de marzo, cuando ya esté en funciones el nuevo gobierno. 

Otros tres posibles juicios

1. Italba Corporation. La empresa reclamó US$ 100 millones al Estado por considerar que se le revocó de forma irregular una licencia de banda ancha que se le había concedido a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA. Si bien no se le dio la razón, la empresa pidió la revisión del fallo argumentando que no pudo reunir pruebas adecuadamente y que los procedimientos penales fueron politizados. Entre sus argumentos planteó también que uno de sus "testigos clave" se vio "obligado a huir del país" y se impidió a otros testigos aportar su testimonio.

2. TCP. Katoen Natie Group, la empresa belga que opera la terminal de contenedores del puerto, conminó al Poder Ejecutivo a entablar negociaciones inmediatas por lo que la compañía considera violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay, informó El País en octubre. Si no se entabla la negociación la empresa está dispuesta a entablar una demanda millonaria. La firma acusa al Estado de causarle daño a ella y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por Montecón S.A.

3. Acciona. Por último, la empresa española evaluaba iniciar acciones en el ámbito internacional por haber sido descartada por el Ministerio de Transporte en el proceso de licitación internacional para construir el proyecto de un ferrocarril central, que unirá Montevideo con la localidad de Paso de los Toros.