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23 de septiembre 2022 - 12:15hs

En medio de uno de los juicios orales y públicos más trascendentes de la historia, que escalonó hasta hacer llegar a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación al banquillo de los acusados, se cortó internet. Fueron unos minutos. El juicio se desarrolla en la modalidad virtual pandémica y mientras el abogado de Cristina Fernández de Kirchner ejercía la defensa de su clienta, la imagen del fiscal que la acusa se desvaneció.

La ventana donde se veía al Dr. Diego Luciani se puso en negro. Se fue. Dejó de verse. Minutos. Debió haber sido una anécdota. En un proceso donde se debate si una de las figuras mas importantes de la política nacional de las últimas décadas defraudó al Estado direccionando obra pública a amigos y por la que le pidieron 12 años de prisión, la calidad del servicio de internet parece irrelevante. Pero no lo es. Lejos de eso.

Luciani logró retomar la audiencia conectándose a través de los datos de su celular. Apenas apareció explicó lo sucedido. Y en un país donde ocho de cada diez argentinos tiene poco o nada de confianza en la Justicia, no alcanzó.
 


Lo que debió haber sido un hecho menor, tomó forma de especulaciones delirantes: que ante la contundencia de la defensa del abogado Carlos Beraldi el fiscal se asustó y se desconectó, que se fue a buscar desesperado argumentos para enfrentar lo que parecía una debacle… Lo cierto es que si alguien hubiese levantado el teléfono podría haber sabido que no sólo aquello que lo que el fiscal decía era cierto, sino que además había sucedido en más de una fiscalía del 5to piso del imponente edificio frente al río de los tribunales de Comodoro Py 2002.

Esta escena no habla del juicio en sí, ni de la defensa ni de la acusación. Expone la triste y endeble realidad de uno de los tres poderes de la Nación a un punto tal que dimensiona el descrédito más que cualquier debate académico. Si no creen en una falla técnica, si no alcanzan las explicaciones, si ni siquiera se chequea si lo que sucedió realmente sucedió y se duda por defecto no es difícil intuir que pasará el día que el tribunal dictamine la inocencia o culpabilidad de los acusados, entre ellos de la vicepresidenta.

Si sólo un 26% de los argentinos cree que el Poder Judicial es independiente del poder de turno, una sentencia absolutoria o condenatoria no zanjará absolutamente ninguna duda. Solo actuará como ese maldito sesgo de confirmación: con o sin tres toneladas de prueba los que creen que la expresidenta robó lo seguirán creyendo, aunque la absuelvan. Buscarán argumentos para reafirmar su creencia más allá del fallo.

Que compraron a los jueces, que nuevas y recientes incorporaciones al gobierno lograron aceitar los vínculos con Comodoro Py que el presidente Alberto Fernández no había conseguido, que los tres jueces  del tribunal fueron permeables a las amenazas en forma de cánticos de “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”. Que en varias reuniones por separado fueron convencidos que de ninguna manera pueden ser el canal del estallido social. Que se lo dejen a Casación…o como sugirió una frase sutil que se escuchó de un operador mientras abandonaba un despacho: “Arranquemos con la cancha despejada el 2023”.

Si la condenan será Lawfare. Persecución mediática judicial. Una sentencia escrita antes que empezara el proceso. Proscripción del peronismo, de CFK. Intento de golpe, desestabilización, el circulo rojo jugando sus mejores cartas.

Este mismo recorrido se puede hacer en esta causa conocida como Vialidad, en Hotesur, Los Sauces o Memorándum con Irán, recurridas actualmente en Casación. También con el asesinato del fiscal Alberto Nisman que la justicia investiga como tal y que, más allá de las pruebas y de lo que digan las autoridades judiciales, un alto porcentaje de la sociedad da por sentado que fue un suicidio.

Nadie cree en nada. Menos en la justicia. Y para coronar, el aberrante intento de magnicidio contra CFK divide a la sociedad entre los que creen que fue un plan orquestado y financiado con intenciones desestabilizadoras en el país y en la región, y en los que ven una tragicomedia con vendedores de copitos de azúcar cruzados con ultra republicanos fanatizados y loquitos sueltos en busca de cámara. La justicia juega a contrarreloj en esta causa. Porque ni aún con la imagen del hombre gatillándole en la cabeza de la vicepresidenta pasada en cadena nacional, logran hacer creer a la sociedad descreída que eso realmente sucedió, aunque lo hayamos visto todos.

Pero el Poder Judicial no siempre fue lo que es. La sociedad argentina alguna vez creyó en él. El 29 de setiembre se estrena en los cines “1985”, la película que relata el Juicio a las Juntas. El largometraje dirigido por Santiago Mitre que cuenta con Ricardo Darín y Peter Lanzani como figuras estelares relata algo más allá de lo judicial y del hecho histórico, muestra la credibilidad que ostentaba la Justicia durante la recuperación de la democracia. En ese momento el Poder Judicial argentino hizo lo que ningún otro pudo, con el sólo antecedente de los juicios de Núremberg , juzgó y condenó a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Captura tráiler 1985 Ricardo Darín en la película "1985" junto a Peter Lanzani

Mientras tanto la dirigencia política mira su propia película, en la que dirige, actúa, produce y escribe los guiones sin permitir que la realidad social siquiera los roce. Mientras todo esto pasa se enfrascan en una carrera por conseguir los votos para aprobar un proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se planteó hace unos meses no era el momento. ¿Ahora sí? ¿Preocupa asegurarse aliados en el máximo tribunal penal mientras las causas avanzan? ¿Aliados con los que hoy lejos de contar parecen cada día más enfrentados?

El jueves cerca de las 22 horas, el oficialismo consiguió darle medida sanción en el Senado el proyecto de ley que lleva de 5 a 15 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Antes, durante y después de la sesión la oposición rechazó la iniciativa. Uno de los primeros en hacerlo fue Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. “No habrá reforma de la Corte, no habrá impunidad”, escribió en Twitter Larreta y dejó en claro no sólo que la batalla en Diputados por la sanción de la norma será dura, sino también su mirada sobre la discusión de fondo.

Los modos, los tiempos, y las razones. Todo alrededor de la reforma de la Corte deja más preguntas que repuestas. ¿Intento de sanear la justicia de imagen alicaída o urgencia por garantizar impunidad? ¿Por qué ahora?

Temas:

Opinión Romina Manguel

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