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Jutep investigará a jerarcas que contraten a familiares y divulgará casos "que no se corrijan"

El organismo irá más allá de lo que señala la normativa para impedir que se contrate a cualquier familiar, ya sea que esté o no prohibido

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21 de febrero de 2018 a las 17:36

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un comunicado en el que "exhorta" a los jerarcas públicos que tienen familiares trabajando en la misma dependencia o bajo su jerarquía a "corregir de inmediato estas situaciones". El organismo además se compromete a realizar un seguimiento de los casos ya detectados, así como aquellos que puedan surgir nuevos.

Además, el organismo aclara que se realizarán "los pedidos de informes que entienda pertinentes y hará llegar a los responsables las recomendaciones que deriven del análisis de cada situación", al tiempo que se informará a la población sobre aquellas situaciones que no se corrijan y los fundamentos para esa decisión".

El organismo también exhortó a las autoridades a reducir el mecanismo de designación directa, "teniendo en cuenta que las irregularidades más claras" se producen mediante ese mecanismo y que se privilegien, "siempre que ello sea posible", aquellas formas de contratación que "aseguren la transparencia y la selección en base a la capacidad".

El documento publicado por la Jutep refiere al artículo 35 del decreto 30 del 2003 en el que se prohíbe el acceso de familiares a oficinas públicas a personas dentro del segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, nietos y hermanos del funcionario) o afinidad (suegros, cuñados, yernos, nueras y abuelos, hijos y nietos del cónyuge).

Además agrega que esa prohibición no está condicionada al tipo de cargo (si es de carrera o de confianza), ni a la forma de acceso (por concurso, designación directa o pase en comisión). Esta prohibición aplica cuando trabajan en la misma oficina o repartición o existe un vinculo jerárquico.

Los casos

La discusión sobre la presencia de familiares en la administración Pública comenzó con una investigación de Teledoce que reveló que el intendente de Artigas, Pablo Caram, había designado a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general, un cargo que antes no existía. Además, nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social, respectivamente.

En tanto, según informó El Observador, en Soriano, Maldonado, Salto, Lavalleja, Tacuarembó y Flores también trabajan familiares y parejas de los intendentes.

Por su parte, según había informado VTV Noticias el vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, había contratado como secretaria –con un sueldo de $ 57 mil por mes- a la novia de su hijo. La joven, de 18 años, trabajó algunos meses en el despacho del jerarca, pero tras conocerse la noticia presentó la denuncia.

Esa situación llevó a que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidiera remover a todo el directorio político del organismo, que integraban Susana Muñiz, Mauricio Ardus, y Jorge Rodríguez Rienzi. En lugar de Muñiz, al frente de ASSE quedó el senador y exintendente de Canelones, Marcos Carámbula.

Para la Jutep "la información pública difundida indica que existen situaciones que violan las prohibiciones existentes y otras que sin estar expresamente prohibidas 'exteriorizan la apariencia de violar las normas' y generan fuerte malestar en la ciudadanía en tanto el ejercicio de la función pública aparece influenciado por el interés personal o privado".

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Ocurre que en el caso de Caram, por ejemplo, no hay una violación a la normativa, ya que su pareja no está casada con él ni tampoco está en unión concubinaria, y los primos y la sobrina contratada no forman parte de la llamada segunda línea de consanguinidad o afinidad. Algo similar ocurre en el caso de Ardus, ya que no hay una relación de matrimonio o de unión concubinaria entre su hijo y quien él contrató como secretaria.

En tanto, el tres de los cinco ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tienen a sus hijas trabajando en sus despachos como asesoras, lo que contraría el decreto 30 del 2003, que establece las normas de conducta de la función pública y prohíbe que el jerarca de una repartición estatal tenga vínculos familiares con sus subalternos. Ellos son Eduardo Vázquez –quien asumió la presidencia del organismo este año–, José Echeveste y Alfredo Gómez.

"Sabemos que demasiadas veces se usan los cargos públicos para favorecer a personas del entorno del jerarca, sea familiar, amistoso o político partidario. Muchas de esas situaciones violan claras disposiciones vigentes y es nuestra obligación señalarlo (...) pero queremos ir más allá: hay conductas que sin estar explícitamente prohibidas agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben exigir la conducta de quienes ocupan cargos públicos", concluye el informe.

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