Opinión > EDITORIAL
La advertencia de Fitch
Uruguay no escapa a la actitud promedio que se observa históricamente en los gobernantes de América Latina –salvo honradas excepciones– de proyectar las políticas a corto plazo en función de los tiempos electorales mas no en el largo plazo. Pensar las políticas para retener el poder tiene un fuerte impacto en el desarrollo porque lo que no se hace hoy habrá que hacerlo mañana y, como ocurre cuando se enfrenta tardíamente una enfermedad, los daños serán más profundos y las medidas a tomar aun más dolorosas.
El viernes 5, la prestigiosa calificadora de crédito Fitch Ratings advirtió de los problemas que enfrenta el país en términos fiscales y de endeudamiento. En realidad, no es un diagnóstico traído de los pelos. Economistas independientes hace tiempo que vienen advirtiendo que el país tiene crecientes dificultades para hacer frente a shocks externos.
La caída del precio de las materias primas, por ejemplo, ha golpeado con fuerza a las arcas del Estado, una tendencia de la que se habla por lo menos desde 2015. No es una realidad que irrumpió de la noche a la mañana. El comportamiento a la baja de las materias primas le pegó a un riñón del financiamiento público, en un país que en los períodos de gobierno del Frente Amplio ha aumentado el gasto estatal estructural. A esto se suman dos recientes golpes tan dolorosos como la suba del precio del petróleo y del tipo de cambio. No puede haber un escenario más convulso, si además incluimos los problemas derivados de la guerra comercial global y la inestabilidad de Argentina y Brasil.
La caída del precio de las materias primas, por ejemplo, ha golpeado con fuerza a las arcas del Estado, una tendencia de la que se habla por lo menos desde 2015.
Fitch ratificó la calificación de grado inversor de Uruguay en BBB, pero esta vez levantó una bandera amarilla: la perspectiva de estable pasó a ser negativa. Las razones básicas son dos: déficit fiscal persistente y una alta y creciente deuda pública que debilita las murallas para enfrentar los vientos desfavorables que llegan del exterior, en particular, condiciones financieras más estrechas y un entorno regional más complicado.
Ese incuestionable diagnóstico se refuerza por la realista lectura que hace la calificadora de crédito con la actitud del gobierno ante la crisis: es muy baja la probabilidad de que se implementen reformas que fortifiquen las murallas porque 2019 es un año electoral.
La reacción inmediata del ministro de Economía, Danilo Astori, criticando la evaluación de Fitch, es una prueba más de que el gobierno insiste en mirar solo el vaso medio lleno y que es una ilusión óptica creer que recetará los medicamentos adecuados para atacar las enfermedades de la economía. El ministro Astori argumentó que las restantes calificadoras de crédito hacen otro diagnóstico sobre la economía de Uruguay y, además, que contradice la valoración del mercado de los bonos soberanos.
A nuestro juicio no son argumentos potentes ante un país que exhibe un repunte inflacionario –por encima de la meta oficial–; aumento del desempleo; desaceleración económica; más déficit fiscal; mayor endeudamiento. Y, por si fuera poco, solo se espera una sola inversión de gran relevancia.
Si el gobierno no actúa con rapidez en el frente fiscal, es solo cuestión de tiempo para que las calificadoras de crédito coincidan con el pronóstico de Fitch y que el precio de los papeles públicos refleje con más exactitud las dificultades del país.
