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La batalla por el Presupuesto: organismos hacen pedidos y buscan zafar del recorte
Tras haberle dado un primer pantallazo al presidente Luis Lacalle Pou y escuchar que educación y vivienda eran las prioridades del mandatario, Azucena Arbeleche e Isaac Alfie se encuentran afinando los números de cara a la que será la última ronda de negociación con los ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados, en la elaboración del Presupuesto.
En el instructivo para su elaboración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) señalaron que el tope del gasto para el primer año del Presupuesto (2021) será del 85% de lo efectivamente ejecutado en 2019 (ajustado por inflación), aunque el recorte –señalado como “ahorro” por el gobierno– será mayor a partir del 2022.
Pese a esto, cada uno de los jerarcas pelea con uñas y dientes para que no sea su organismo el que sufra los recortes e intentan negociar con las autoridades para lograr distintas excepciones.
Educación
Si bien los números aún no están cerrados, el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, adelantó a radio Universal que como no había “plata”, su organismo pedirá un aumento en el entorno del 3%, aunque el miércoles 12 habrá una reunión definitiva.
De acuerdo a los datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la Contaduría General de la Nación, en 2019 la ANEP tuvo a su disposición $71.454 millones –unos US$ 2 mil millones–. El consejero Juan Gabito dijo a El Observador que, más allá de los números, los ejes son: poder pagar “todo lo que está en marcha”; cumplir con la “expansión del sistema” y que haya recursos para habilitar los nuevos servicios que se abrirán en locales en construcción, y en tercer lugar poder pagar “las innovaciones que queremos impulsar”.
Gabito mencionó que la “inercia del gasto” los dejaba “prácticamente sin espacio” para ejecutar cambios, por lo que estaban buscando “optimizar”. Los datos presentados en la última rendición de cuentas señalan que el 90,7% del presupuesto de la ANEP se va en salarios, mientras que el 9,3% restante se destina a gastos corrientes (4,5%), inversiones (3%) y suministros (1,8%).
El objetivo del gobierno en este quinquenio en materia educativa era “mejorar la calidad” y “corregir inequidades”, dijo el martes el vocero de la Presidencia, Aparicio Ponce de León.
Si bien su presupuesto es cuatro veces menor ($17.800 millones en 2019), la Universidad de la República (Udelar) solicitó un aumento del 49% en todo el quinquenio. “Teniendo en cuenta la situación del país” en el primer año el incremento es de un 5%, señala el pedido. El segundo año (2022) el aumento es del 9%, mientras que en 2023 y 2024 el crecimiento es de 13% y 15%.
En el caso de la UTEC, cuyo presupuesto representa el 0,84% del total de la educación ($818 millones), su Consejo Directivo Central estimó que es necesario un incremento del 20% anual para poner en marcha los “planes proyectados”.
Empresas públicas
Los directorios de UTE, Ancap y OSE aprobaron la semana pasada sus presupuestos para 2020 y 2021, con una proyección para el quinquenio, que fue elevada al Poder Ejecutivo.
En el caso de UTE, un informe elaborado por la directora por el FA, Fernanda Cardona, señala que las restricciones provocarán una disminución en inversiones de US$ 70 millones en 2020. Además la disminución en contrataciones, mantenimiento, tercerizaciones y bienes de consumo, será del entorno a US$ 34 millones.
A su vez, las transferencias de ganancias requeridas por el gobierno se incrementaron hasta el momento US$ 42 millones de dólares (48%) respecto a lo de 2019, ya que a la fecha se ordenó una transferencia de US$ 129 millones. “Todo este proceso llevará inevitablemente a un deterioro importante de la caja de UTE en 33%”, sentenció el documento.
En Ancap, el achique en los “rubros gestionables” será del 15% de lo ejecutado en 2019 a términos constantes, aproximadamente unos US$ 6 millones. Este año el tope para realizar inversiones será de $505 millones (unos US$ 12 millones), y en 2021, el primer año del Presupuesto, la cifra ascenderá a US$ 32 millones, dijeron fuentes de la petrolera.
El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, señaló que la aplicación de las directivas de OPP suponen una reducción de inversiones del orden de U$S 90 millones en dos años y de US$ 220 millones en el quinquenio.
INAU e Inisa
El presidente del INAU, Pablo Abdala, señaló que no cumplirán con el decreto que topeó el gasto en 2019 y que están acordando con Economía para poder mantener el presupuesto ejecutado en el último año de la administración de Tabaré Vázquez. Se trata de unos $14.128 millones.
Abdala señaló que detectaron “oportunidades de ahorro y abatimiento” en algunos rubros sin afectar el funcionamiento. El jerarca mencionó que el objetivo estratégico del directorio era lograr la “desinternación” reforzando la inversión en acogimiento familiar y adopciones.
En el caso del Inisa, la propuesta del MEF es reducir un 8% el presupuesto de 2019. “A eso hay que sumarle la inflación del año pasado y de 2020, por lo que el ajuste termina siendo de 28%”, según señaló la directora por la oposición Andrea Venosa a La Diaria. La jerarca también mencionó que el el MEF les pidió un ahorro de US$ 20 millones extra para el quinquenio. El Observador intentó comunicarse con la presidenta Rossana de Olivera y la vicepresidenta Sandra Etcheverry, pero no obtuvo respuesta.
En el caso de la Fiscalía General de la Nación, el Ejecutivo transmitió que evaluaba un recorte, lo cual es rechazado por el fiscal de Corte Jorge Díaz, que reclama incrementar el dinero para mejor la persecución criminal.
En una situación similar está el Poder Judicial. El gobierno les pidió “ajustarse el cinturón” y se encuentran haciendo un reajuste de los costos para poder implementar la ley contra la violencia de género. El presupuesto asignado durante el período pasado fue de $ 4.379.594 anuales, de los cuales el 90,22% se gastó en remuneraciones, el 9,78% en gastos de funcionamiento y 3,46% en inversiones. Todos los años pidieron partidas extra.
Ministerios
El presidente Lacalle Pou reconoció que están estudiando atender reclamos específicos en el sector público que está más postergado a nivel salarial. “Vamos a tratar de ser justos, hay personal sumergido”, dijo. Según supo El Observador, el Ministerio de Defensa pidió un aumento del 3% de salario para el personal subalterno hasta los alférez y una partida fija, similar a la que existe para el personal que trabaja en las cárceles para quienes realizan el patrullaje de frontera.
El Ministerio de Transporte tendrá unos US$ 1.200 millones para ejecutar en obras, a los que se sumarán el pago de los proyectos público-privados y el Ferrocarril Central. El foco estará en “ser eficiente con el uso de los recursos”, dijo una fuente de ese ministerio, que señaló que en la última administración se utilizaron recursos en rutas que quizás no era tan necesario destinar tanto dinero en función del tráfico que tenían.
