FA se opone a reducción de vacantes y aumento de recaudación en intendencias, propuesto por OPP

Mientras que blancos y colorados –que suman 13 de los 19 votos del congreso– se inclinan por apoyar la última oferta realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la bancada del Frente Amplio considera "inllevables" algunos de los puntos, como el compromiso de reducir 10% el gasto en salarios, retribuciones y contrataciones, así como el pedido de aumentar la recaudación en un 7% "mediante el fortalecimiento de la gestión y la actualización de las obras en inmuebles".

La Constitución establece un plazo hasta este viernes para que la Comisión Sectorial de Descentralización (integrada por las intendencias y un grupo de ministerios) llegue a un acuerdo sobre el presupuesto, que se enviará al Parlamento un mes más tarde. En los últimos días hubo acercamiento entre las reivindicaciones de los gobiernos departamentales y la OPP, pero para el Frente Amplio la oferta del gobierno tiene puntos "absolutamente inaceptables", según afirmó el intendente de Paysandú, Mario Díaz. 

Tal como informó El Observador la semana pasada, el planteo de la OPP mantiene el 3,33% como porcentaje del presupuesto destinado a transferencias a los gobiernos departamentales (artículo 214 de la Constitución), pero atado a tres "compromisos de gestión".

En concreto, la propuesta del gobierno es otorgar 2,9% del presupuesto nacional con un complemento de 0,23% en caso de reducir al menos 10% el gasto en rubro cero y contratos de servicios en todo el quinquenio, otro complemento de 0,10% con el aumento "real" de 7% en la recaudación y otro 0,10% por enviar a OPP un reporte mensual de información de ejecución financiera. 

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En una contrapropuesta, el gobierno nacional aclaró que el primer compromiso (el de la reducción en el rubro cero) será para las intendencias que destinan más del 45% de su presupuesto a ese gasto. 

"De mantener los salarios congelados, sin promover ningún tipo de recuperación de poder adquisitivo, significa reducción de las plantillas en un 10%. Es inaceptable", dijo Díaz a El Observador. El subdirector de OPP, José Luis Falero, había señalado que la meta se podía cumplir o bien "eliminando vacantes o contratos" o "mejorando la eficiencia” (con un consiguiente crecimiento de la recaudación sin ampliar la plantilla). 

Respecto al pedido de aumentar 7% la recaudación, el intendente de Paysandú dijo que significaría "un mazazo para la población".

Si bien desde intendencias blancas y coloradas plantean que ese aumento no necesariamente tiene que darse a través de un aumento de la contribución inmobiliaria, sino que puede darse a partir de una actualización de los aforos o una mejora en la fiscalización –como sucede con la patente–, en el Frente Amplio también cuestionan la "legalidad" de los compromisos establecidos por el gobierno. 

"Entendemos que hay aspectos discutibles desde el punto de vista de violar la autonomía de las intendencias. Las intendencias tienen autonomía para determinar sus presupuestos, a qué destinar sus recursos y cómo obtiene la recaudación. Esto implica una imposición que a nuestro juicio atenta contra la autonomía", afirmó Díaz.

En el último presupuesto votado en la administración de Tabaré Vázquez, también se habían impuesto compromisos de gestión. Entre otros, esos compromisos incluían "el pago de los consumos corrientes de los servicios públicos prestados por UTE, OSE, Correos y Antel", el "cumplimiento de las resoluciones adoptadas en forma unánime por el Congreso de Intendentes y de las obligaciones de información relativas a los aspectos presupuestales, financieros, de deuda y de sostenibilidad fiscal". 

Según Díaz, esos compromisos "eran más vinculados a la mejora de la gestión" y "no ingresaban en aspectos que le son propios a los gobiernos departamentales".

Otro elemento que cuestiona el Frente Amplio es el cálculo del "piso" para las transferencias a las intendencias. Mientras que el Congreso de Intendentes había reclamado mantener asegurado como "mínimo" la recaudación de 2019, la primera propuesta de la OPP establecía que la “base mínima asegurada anual” sería la de 2015 actualizada por la inflación.

Tras tires y aflojes, el gobierno concedió asegurar el piso de 2019 –para el caso en que el presupuesto global caiga y el 3,33% sea menor a lo transferido el año anterior–, pero en formato de "préstamo". Eso implica que si en años subsiguientes la recaudación crece, los gobiernos departamentales deberán "devolver" la diferencia.