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OPP e intendencias chocan por ajuste a presupuesto de gobiernos departamentales

Congreso de Intendentes rechazó oferta inicial del gobierno; subdirector de OPP dice que algunos actúan “como si fuera 2010 cuando había plata para tirar para arriba” 

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24 de julio de 2020 a las 05:03

El Congreso de Intendentes recibió este jueves la propuesta presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la que el gobierno nacional, a juicio de las intendencias de distintos colores, "reduce la participación de los gobiernos departamentales en el presupuesto".

Tras recibir al subdirector de OPP, José Luis Falero, los intendentes declararon insatisfactoria la propuesta y resolvieron exigirle al gobierno una nueva oferta, a pocos días de que venza el plazo constitucional (31 de julio) para que haya acuerdo en la Comisión Sectorial de Descentralización.

La propuesta presentada por Falero, a la que accedió El Observador, consta de seis puntos. El primero asegura el 3,33% exigido por los gobiernos departamentales en el marco del artículo 214 de la Constitución. El segundo modifica la base de cálculo al excluir de la torta presupuestal de las "partidas para el pago de subsidios y subvenciones (inciso 21)". 

El tercero establece como “base mínima asegurada anual” un monto de $ 13.000 millones, que es la base del presupuesto de 2015 actualizada por la inflación. En este punto, el Congreso de Intendentes pedía asegurar un mínimo de $ 15.600 millones, que fue lo que recibieron el último año. 

En cuarto lugar se establecen compromisos de gestión a los que estará atado parte del presupuesto. Entre los compromisos se incluye una reducción de 10% en la “reducción del rubro 0 (retribución de servicios personales) más erogaciones por contrataciones de servicios a terceros” al final del quinquenio. Según dijo Falero a El Observador, “lo podrán hacer o bien mejorando la eficiencia” (con un consiguiente crecimiento de la recaudación sin ampliar la plantilla) o “eliminando vacantes o contratos”.

Otro compromiso es el “aumento de la recaudación propia mediante el fortalecimiento de la gestión y la actualización de las obras en inmuebles”. La “meta final” en ese sentido es “un aumento del 7%” en los valores reales de recaudación. 

El quinto punto señala que “el porcentaje del crédito afectado para el pago de los servicios públicos pasará del 11% al 22%, pero se incluirá los pagos a Ancap dentro del clearing”. En sexto lugar se establece que “el máximo de aporte para estudios de preinversión del Fondo Nacional de Preinversión será del 70%.

Por fuera del porcentaje previsto por el 214 de la Constitución, la OPP propuso incrementar el porcentaje que corresponde a las Intendencias en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que actualmente es ejecutado en un 67% por el gobierno nacional (a través de políticas de descentralización) y deja un 33% en manos de las intendencias. La propuesta supone llevar a 40% el porcentaje de las intendencias. También se aumentan los aportes para caminería. En sentido contrario, el gobierno nacional planteó una reducción en las partidas del Sucive y para el alumbrado. 

"Tirar para arriba"

Falero –que fue diez años intendente de San José, presidente del Congreso de Intendentes y hoy le toca estar “del otro lado del mostrador” en la negociación– dice que la oferta del gobierno es atinada y realista. “Si estuviera del otro lado la firmo sin dudar”, comentó a El Observador.

Pero del otro lado las dudas y las críticas arrecian desde todas las bancadas. “Está muy por debajo de lo que pretendíamos”, dijo en la noche de este jueves el secretario general de la Intendencia de Canelones, Gabriel Camacho, tras reunirse con Falero junto a otros delegados del Congreso para hacer las devoluciones a la propuesta. 

El jerarca dijo que “es natural” que haya diferencias en la negociación, y en particular en tiempos de crisis, pero entiende que algunos de los puntos implican una “reducción violenta”.

En particular hay dos puntos que son rechazados de plano por el Congreso de Intendentes. Uno es la reducción en aproximadamente $ 13 mil millones de la torta presupuestal sobre la que se calcula el porcentaje destinado a los gobiernos departamentales, que se traduce en unos $ 400 millones menos. En 2019 el gobierno nacional transfirió unos $ 20 mil millones. 

“Se mantiene el 3,33% pero de una torta más chica que antes. Entonces ya no es 3,33%”, recriminó Camacho, en un razonamiento que se repite en otros jerarcas departamentales consultados por El Observador. Sobre ese punto, Falero señaló que puede "estudiarse" una contrapropuesta.

El otro punto de mayor discordia es la base mínima, que siempre se calcula en función de lo recaudado el año anterior y por eso las intendencias exigen que ascienda a $ 15.600 millones. “Utilizar la base de 2015, aunque sea ajustada por inflación, es desconocer los aumentos que hubo año a año en el quinquenio”, argumentó Camacho.

Falero, por su parte, destaca el “esfuerzo” que supuso conseguir que se asegurara el “piso del presupuesto de Tabaré Vázquez”. “Quieren mantener la recaudación del último año, pero va a caer en todo el país. Es difícil sostener eso”, afirmó el subdirector de OPP. En el gobierno destacan además que cuando la economía se recupere ese piso va a quedar por debajo del 3,33%, como ha pasado en los últimos años.

Respecto a los compromisos de gestión, como la reducción de los gastos en retribuciones, Camacho dijo que "hay espacio" para negociarlo pero que los gobiernos departamentales estarían más dispuestos a aceptar "algo del estilo" pero "sin que al mismo tiempo se achique la participación de las intendencias en el presupuesto". 

En el marco de la negociación, por otra parte, las intendencias reclamaban "una partida extraordinaria" para "mitigar divergencias e inequidades" de la distribución por departamento. Si bien no habían puesto números, algunas intendencias hablaban del entorno de $ 3.000 millones. 

La OPP, sin embargo, planteó que puede otorgar $ 100 millones. Mientras los gobiernos departamentales insisten en que el gobierno se queda "muy lejos" con su oferta, en la OPP no entienden cómo pretenden llegar a ese número. "Pareciera que estamos en el 2010, donde había plata para tirar para arriba", respondió Falero.

De no haber acuerdo la semana que viene, el asunto se dirimirá en el Parlamento. En las intendencias dicen que eso le podría salir más caro al gobierno. "O más barato", aclara el subdirector de la OPP. "Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para acordar".

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