La batalla por los libros escolares en México enfrenta a oficialismo y oposición

Alegando que los libros escolares promueven el comunismo, la homosexualidad y están plagados de errores pedagógicos y faltas lingüísticas, los críticos exigen que el gobierno se abstenga de distribuirlos a partir de esta semana, cuando unos 25 millones de estudiantes de educación básica inician el ciclo escolar que finalizará el 16 de junio del próximo año.

Es “politiquería” y reflejo de un pensamiento “conservador”, respondió el mandatario, que rechazó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de frenar la entrega en los estados de Chihuahua y Coahuila, el norte del país, dos distritos gobernados por la oposición.

Una de las protestas más radicales se produjo en Chiapas, en el sur de México, un estado en el que tiene una gran influencia la religión y en donde grupos de padres quemaron la semana pasada cajas de libros en un barrio indígena de San Cristóbal de las Casas, afirmando que “son del diablo” y enseñan “comunismo, homosexualismo y lesbianismo”.

“Estimular la sexualidad de nuestros hijos menores con ese tipo de ideología da lugar a la pedofilia”, aseguró José Tomás Bermúdez, un pastor evangélico de la zona donde ocurrió la quema.

El recurso judicial interpuesto por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), principal fuerza de oposición, se suma al impulsado por la conservadora Unión Nacional de Padres de Familia, amparo presentado en mayo que cuestiona que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos.

Ante este escenario, la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la fe señaló que “a unas horas del inicio de clases, queremos recordar que lo más importante son los niños, no los libros, que son únicamente una herramienta pedagógica”.

Algunos ejemplos de la supuesta “ideología” citados por los críticos son la imagen de una pareja de mujeres abrazadas junto a la bandera LGBTI en la ilustración de portada de un libro de cuarto grado de primaria, o la inclusión de conceptos como “homoparental” y “lesbomaternal” entre los tipos existentes de familia en un texto de primero grado.

La convocatoria a la quema de libros vino de figuras como Marko Cortés, presidente del PAN, con llamado que se concretó en medio de la campaña para elegir a los candidatos a las presidenciales de 2024. Según Cortés, los textos buscan “adoctrinar” e instó a los padres a “que los destruyan en su totalidad”.

“Es muy retrógrado, es medieval, es de la Inquisición destruir libros”, denunció López Obrador, cuyo gobierno enmarca las guías escolares en la “Nueva Escuela Mexicana”, enfoque que propone reconocer la diversidad del país y a la comunidad como núcleo de la enseñanza.

“Los libros fueron modificados para que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque durante el período neoliberal no querían que se conociera nuestra historia”, dijo López Obrador el 28 de julio en conferencia de prensa, ocasión en la que agregó que en la elaboración de los contenidos participaron maestros, pedagogos y especialistas.

Hasta el momento, y en un clima de creciente tensión política por las reformas que impulsa el gobierno en varios frentes y que lo enfrentan también con el Poder Judicial, en al menos ocho de 32 estados las autoridades se niegan a repartir los textos. Aunque ya admitió dos amparos, el máximo tribunal, devenido en trinchera de la oposición, no falló sobre el fondo del asunto.

Los libros también generaron protestas en Aguascalientes, en el centro del país, estado gobernado por el PAN, donde miles de personas marcharon el domingo pasado aduciendo que los funcionarios del gobierno pretenden difundir “ideologías marxistas” en las aulas.

A esas manifestaciones se sumó un telenoticiero nacional de la cadena Televisa, que en su horario de mayor audiencia manifestó que “México está en peligro por la educación comunista que el gobierno busca imponer”, lo que provocó la inmediata respuesta en las redes sociales por parte de quienes apoyan al gobierno.

Los críticos denuncian también un “sesgo partidario” en textos para cuarto a sexto grado de primaria, según los cuales “la esperanza fue el alma de la campaña” que llevó al poder a López Obrador en 2018. Sus contenidos también hablan del “fraude” que el mandatario denunció haber sufrido en las presidenciales de 2006.

En su defensa, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, alega que el nuevo paradigma promueve valores como solidaridad, honestidad, respeto y justicia social. “Es contrario a lo que se privilegió en años anteriores: el individualismo, la desvinculación de la comunidad y un conocimiento memorístico”, dijo en una conferencia televisada para defender los cambios.

Más allá del ruido político, expertos como Irma Villalpando admiten la existencia de un cierto sesgo ideológico en el proyecto educativo del actual gobierno, que concluirá en diciembre de 2024. “El gobierno justifica los nuevos textos escolares señalando que, antes, la escuela mexicana era de corte neoliberal, de allí los cambios”, dijo Villalpando, doctora en pedagogía.

Para Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación, el nuevo modelo se contrapone al de instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado “club de países ricos” del que México es miembro, al poner el acento en la “educación surgida de la comunidad, la educación popular”.

Más allá de la polémica, Villalpando teme que la visión no se cristalice debido a que los 1,2 millones de maestros del país no fueron capacitados y persisten problemas de vieja data, como la deficiente infraestructura. “Es una reforma de papel porque el sistema educativo queda intacto”, apuntó la experta, quien señaló varias fallas en los libros, como la fecha de nacimiento equivocada de Benito Juárez, uno de los padres del México moderno.

(Con información de AFP)