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La caída del senador De León

La tolerancia social ante la desidia o la corrupción es cada vez más baja

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08 de diciembre de 2018 a las 05:04

Cual corte de última instancia, el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio condenó esta semana al senador Leonardo de León, exdirector de Alcoholes del Uruguay (ALUR), una subsidiaria de Ancap. De León cometió “múltiples actos indebidos” en perjuicio de la empresa y “del interés y patrimonio públicos”, al usar con ligereza una tarjeta de crédito corporativa, concluyó.
El TCP ya ha cumplido papeles decisivos, como en los casos de Mario Areán, exsecretario privado del intendente Mariano Arana y lobista empresarial; de Juan Carlos Bengoa, el exdirector de Casinos municipales encarcelado por fraude; o el de Raúl Fernando Sendic, símbolo de la devastación de Ancap, a quien forzó a renunciar a la vicepresidencia de la República en 2017.

Las acciones de ese tribunal han levantado la vara con la que se miden las acciones de los políticos y burócratas. 
Según ciertos rankings, Uruguay padece una baja corrupción relativa, al menos en el contexto de América del Sur, solo acompañado por Chile. La corrupción es siempre un techo para el desarrollo socio-económico. 

Es probable que la relativa limpieza de Uruguay sea cierta, al menos si se compara con la corrupción galopante que se percibe en Venezuela, Brasil o Argentina. Pero esos rankings suelen basarse en la “autopercepción”: lo que opinan los ciudadanos encuestados sobre la transparencia en su país, algo subjetivo y circunstancial. Los brasileños comenzaron a ver más corrupción en su país a partir del caso Lava Jato, y Chile cayó en el ranking luego de un caso que involucró a la familia de la expresidenta Michelle Bachelet.
Las encuestas calificadas, realizadas por ejemplo entre empresarios, muestran que la transparencia en Uruguay no es tan completa, debido a la práctica de sobornos para acceder a contratos, o evitar controles y sanciones. El 73% de los empresarios encuestados en 2008-2009 por la consultora KPMG estimó que en el Estado uruguayo había corrupción.

Sendic fue un caso de ascenso político rápido gracias a su apellido y a cierta buena imagen pública. Su incorporación a la fórmula presidencial del Frente Amplio en 2014 lo colocó en un lugar relevante de la línea sucesoria de los viejos líderes de la izquierda, con el empujón de José Mujica, la anuencia de Tabaré Vázquez y la bronca de Danilo Astori. La Lista 711 (Compromiso Frenteamplista) voló alto y colocó a sus cuadros en todo el andamiaje público, sin importar la calificación.

Los vendavales que recorren el mundo muestran que la tolerancia de las sociedades contemporáneas a la corrupción es muy baja. Esa nueva sensibilidad es particularmente intensa en América Latina, cuya población durante muchas generaciones conoció, encubrió y eventualmente se benefició de pequeñas y grandes corruptelas sistémicas, como las coimas a policías, aduaneros, inspectores, burócratas de la salud y otros funcionarios.

Es probable que ahora se registren excesos e injusticias en el combate a la corrupción en América Latina, con muchos jueces soñando con emular a Sérgio Moro, o activistas judicializando la actividad pública. Pero esa nueva actitud también significa que los sistemas judiciales han llegado a un grado de madurez e independencia suficientes como para mirar bajo las alfombras.
Los casos Sendic y De León, siendo importantes, no son cualitativamente diferentes de muchísimos otros registrados en la larga historia de la administración pública uruguaya. Pero, como en todas partes del mundo, la izquierda comprobó que no es inmune. Para corromperse, solo hacen falta poder y tiempo.

“El Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lecciones, no ya de los votantes sino de la realidad”, dijo José Mujica al asumir la Presidencia el 1º de marzo de 2010. “Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas, que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias. Y hasta tuvimos que aprender, con mucho dolor y con vergüenza, que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción”.

La corrupción suele concentrarse en el uso de información privilegiada, el anticipo a nuevas normas legales, el direccionamiento de licitaciones y concursos, el acomodo masivo de militantes, amigos y parientes en cargos públicos. 
Muchas veces los jerarcas son apenas la frutilla encima de la torta. La corrupción sistémica suele anidar un poco por debajo: en los mandos altos o medios de la burocracia: en los que realizan informes, resuelven licitaciones o toman personal, compran o contratan servicios, cumplen inspecciones o trazan planes de obras públicas.
Los gobernantes pasan, la burocracia permanece. 

 

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