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La ciudad de los indigentes

Falta valor y convicción para revisar programas que han fracasado

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11 de noviembre de 2018 a las 11:09

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, propuso atender el creciente número de personas que viven en espacios públicos sin prohibir ni “criminalizar”, porque “tienen derecho a estar en la calle”, en tanto no perjudiquen a nadie. En una entrevista con El Observador publicada el lunes 5, admitió que no se cumple la ley de faltas y planteó reformularla para atender el problema “sin estar criminalizando”.

Goyeneche, quien se hizo popular e inició carrera política en 2014 con la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad penal, suele ser atacada en las redes sociales, muchas veces de manera soez. Pero ahora también fue cuestionada desde la propia izquierda, por evadir sus obligaciones de gobernante y legitimar un fenómeno que descorazona a los ciudadanos. Ya hay demasiadas autoridades justificando fracasos.

Cada vez más indigentes, mendicantes o no, toman espacios públicos de Montevideo, como plazoletas y recodos de avenidas, en tanto huyen mujeres y niños, que se encierran en sus casas o en centros comerciales. Es parte de un fenómeno más amplio de inseguridad y fragmentación social. 

Cada vez más indigentes, mendicantes o no, toman espacios públicos de Montevideo, como plazoletas y recodos de avenidas, en tanto huyen mujeres y niños, que se encierran en sus casas o en centros comerciales.


Las leyes de Uruguay, como las de casi cualquier parte, prohíben acampar, dormir, cocinar, defecar u orinar en las calles. Es responsabilidad municipal y policial evitar que algunas personas se apropien de los espacios públicos, en tanto el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debe ofrecerles alternativas.

El artículo 45 de la Constitución, la ley máxima, dice que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. Y el artículo 46 promete que “el Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”.


Son solo dos ejemplos de las normas absurdas que engordan nuestra Constitución, pues la posesión de vivienda decorosa no depende de la voluntad del legislador sino del desarrollo socio-económico.

En 2016 el Mides publicó un censo sobre personas en las calles, que aumentaron 52,6% respecto a 2011. Nueve de cada 10 eran hombres. Tres de cada cinco consumían habitualmente drogas o alcohol, la mitad había estado en las cárceles y uno de cada tres tenía problemas de salud mental. 

La mayoría duerme en albergues del Mides, al menos en invierno, aunque muchos otros no. Durante el día deambulan por la ciudad con sus carritos de supermercado, hacen de cuidacoches, se asocian en fogones y revisan los contenedores de basura. Es leyenda tragicómica la batalla dialéctica y por espacios que libran docentes, alumnos y unos 100 intrusos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.

 
El aumento de las personas que viven en las calles es perceptible en muchas ciudades del mundo, desde Nueva York a Barcelona. Responde a fenómenos como la ruptura de vínculos familiares y sociales, el desempleo crónico, el alcoholismo, la drogadicción o los desequilibrios mentales. Pero todas esas causas son, en realidad, muy antiguas. Lo nuevo en esta historia es la derrota de algunas sociedades y Estados, como el uruguayo, que nunca fueron tan grandes y opulentos, con tantos funcionarios, planes sociales e instalaciones a su servicio.

Muchas personas han trabajado duro y con idealismo: asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, médicos. Pero buena parte de las teorías y programas han fracasado. Deberán ser revisados.

En países como los Estados nórdicos de Europa, Nueva Zelanda o Australia, los funcionarios van a buscar a las personas caídas del sistema, y, con paciencia y autoridad, tratan de devolverlos a la trama. No se rinden fácilmente. En otras regiones y otras culturas, como Estados Unidos, América Latina o el sur de Europa, la caída es más aceptada y los funcionarios tienden a mirar hacia otro lado. 


Uruguay parece ir más rápido que casi todos en la renuncia a ejercer la autoridad y la asimilación del fracaso. Solo abunda la ingeniería verbal. (Para referirse a antiguos internos del Inisa o de las cárceles, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, habla de “vida de institucionalización”; Fabiana Goyeneche utiliza lugares comunes de la corrección política como “invisibilizar”, “criminalizar”, “multicausal”, “nos interpela”).

Los funcionarios bien pueden proponer cambios en las leyes, pero ante todo deben cumplirlas. Es su obligación y para eso se les paga. Solo la convicción y el trabajo duro pueden hacer que las políticas públicas fructifiquen al fin. Parafraseando a George Orwell, lo que permite que un Estado siga funcionando es el hecho de que los empleados se enorgullecen sinceramente de su trabajo, por estúpido y torpe que sea. l

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