La asunción presidencial de Jair Bolsonaro, en Brasil, y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en México, en los dos principales países de América Latina, es una excelente oportunidad para el combate a la corrupción, una bandera que contribuyó a la victoria electoral de ambos líderes de signos políticos diametralmente distintos, y que puede tener una influencia positiva en el resto de la región.
El escándalo de la constructora Odebrecht –que pagó coimas por US$ 788 millones en una decena de países de la región a cambio de jugosos contratos de obra pública y que llevó a detenciones y condenas a diversos gobernantes– dañó el necesario pacto entre la política y la ciudadanía para la buena salud de la democracia.
Los estudios de opinión pública coinciden en que la corrupción es uno de los principales dramas de la región. Independientemente del lugar que ocupe entre los problemas más visibles, los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades, fastidia cada vez más a los electores que han empezado a expresar su enojo en las urnas como muestran los ejemplos de Brasil y México.
Organizaciones como Transparencia Internacional afirman que los ciudadanos de América Latina y el Caribe se sienten “defraudados” por la conducta de políticos y líderes del sector privado.
Este flagelo regional no es inocuo al desarrollo de los países porque aumenta artificialmente el costo de las obras públicas de un Estado que necesita recursos para cumplir con los servicios básicos y desarrollar políticas sociales, e incluso fortalecer a un Poder Judicial independiente, una piedra angular de la lucha contra la corrupción.
En ese contexto es que el próximo 1° de enero asume la Presidencia el derechista Bolsonaro con un discurso anticorrupción de amplio apoyo popular, en un país donde los últimos gobiernos suman a casi una treintena de ministros investigados por ilícitos económicos y ha sido encarcelado el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Tiene a su favor que no carga con ningún caso en su contra de su larga gestión como legislador y que tiene en sus filas al juez Sergio Moro –futuro ministro de Justicia– principal figura de la investigación sobre la megacausa de Odebrecht en su país.
Al hablar sobre un sospechoso caso reciente que involucra al chofer de uno de sus hijos, el legislador regional Flávio Bolsonaro, el presidente electo aprovechó para enviar un mensaje muy claro: “Nuestra intención más firme es combatir la corrupción suceda lo que suceda. Mientras yo sea presidente, vamos a combatir la corrupción con todas las armas del gobierno”.
En México, el presidente izquierdista AMLO –desde el sábado 1°–, toma medidas de austeridad que están en la dirección correcta del manejo responsable de los fondos públicos. Su abrumador triunfo electoral, impulsado por un discurso contra la corrupción y la opulencia de ciertos funcionarios, se ha traducido en una ley que establece que nadie deberá ganar más de los US$ 5.327 mensuales que percibirá como presidente. Además, frenó decisiones del anterior gobierno en el que había sospechas de corrupción.
Tanto Bolsonaro como AMLO son conscientes de que buena parte del éxito de su gestión depende de qué tan lejos esté la corrupción de las instituciones y de la política.
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