La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por "exterminio" del partido de izquierda Unión Patriótica

La sentencia de la Corte indica que "Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)".

Aparecida en 1985, dentro del finalmente fracasado proceso de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del por entonces presidente Belisario Betancur, la UP creció rápidamente en el terreno político. Pero habiendo depuesto las armas, sus militantes quedaron a merced de grupos armados empeñados en eliminarlos.

La sentencia es clara al respecto: "Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP".

El plan de exterminio sistemático contra UP, sus miembros y militantes, contó "con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad", señaló la CIDH. Y agregó que esa violencia "se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros".

Por su parte, el dictamen señalo que las investigaciones judiciales sobre los crímenes de los miles de militantes de la UP "no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad".

La CIDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes valorando el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado como “una herramienta para el desarrollo del proceso, la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro había tuiteado poco antes de publicarse el fallo: "Hoy, un tribunal de justicia de carácter americano, dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio".

Al ser notificada la sentencia, el Estado colombiano "reconoció parcialmente su responsabilidad internacional" por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó en su “Informe de Fondo sobre Unión Patriótica”.

La CIDH ordenó al Estado colombiano a implementar las medidas de reparación.

“Iniciar, impulsar, reabrir y continuar las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir”, dice el documento, que insta a Colombia a iniciar esta acción en un plazo no mayor de dos años.

Entre otras medidas, Colombia debe “efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce; brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten; establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión en escuelas y colegios públicos, y construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica”.

(Con información de agencias)