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La descomposición del sistema político en Perú

El fujimorismo cae por el arresto de su líder Keiko Fujimori, acusada de lavado de dinero, en un ambiente político dominado por la corrupción
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17 de noviembre de 2018 a las 05:04

Por Fabiana Calshaw

Mientras hay una orden judicial pendiente de cumplirse para que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a la cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, su hija Keiko, líder de la oposición, cumple una prisión preventiva de 36 meses.

Se la investiga por presuntamente haber aceptado contribuciones ilegales como fondos de campaña durante sus candidaturas presidenciales en 2011 y 2016.

Hasta el año pasado, Keiko Fujimori era una de las personas más poderosas del país, líder del mayor partido de oposición que actualmente controla el Congreso, con una mayoría de 73 parlamentarios sobre 130. Pero ese poderío se está cayendo a pedazos rápidamente. 

En realidad, las acusaciones de corrupción contra la familia Fujimori ocurren en un cuadro general de descomposición de la política. La constructora brasileña habría entregado cuantiosas sumas a las campañas de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y, por si fuera poco, en los últimos meses también se destaparon otros casos ilegales que señalan a muchos políticos, jueces, fiscales, empresarios y periodistas como implicados en una verdadera mafia de enriquecimiento personal. 

Democracias corruptas 

¿Cómo es posible que en Perú existan no algunas, sino cientos de personas salpicadas?, ¿cómo se entiende que altos funcionarios de sucesivos gobiernos hayan estado envueltos en negocios millonarios corruptos, sin que se supiera públicamente?, ¿cuál es el fenómeno político-social que sostiene esta gravedad profunda de tan larga data?

“El gran problema de Perú no es que no haya democracia, sino que es una democracia profundamente corrupta”, dijo a los medios de comunicación el premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. 

A su entender, los peruanos sienten una enorme decepción por sus autoridades, y el partido más golpeado es, precisamente, Fuerza Popular, el cual “ha entrado ya en un proceso de extinción”. Y agregó: “Ojalá en las próximas elecciones no repitamos el error de elegir a un Congreso fujimorista”. 

El problema de la democracia corrupta es un fenómeno también presente en otros países, como Brasil, donde muchas políticos y exgobernantes han sido condenados o son investigados por la trama de la constructora Odebrecht. Basta citar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien esta semana salió de la cárcel para testificar por otro caso de corrupción.

Varios países de la región sufren de problemas de democracias debilitadas, instituciones disfuncionales por escándalos de corrupción.

La utilización del poder para provecho propio va más allá de las personas implicadas. Es un comportamiento de trasvase de un gobierno a otro. De esa manera, el sistema corrupto se convierte en el “poder real” del Estado y perdura mucho más que las autoridades de turno. 

Héctor Shamis, profesor del programa Democracia y Gobierno, de la Universidad de Georgetown, analiza que “en países donde los partidos políticos se han debilitado y fragmentado, además de haber perdido la confianza en la sociedad, la corrupción los está reemplazando. La corrupción cumple las funciones básicas de la política: seleccionar dirigentes, organizar la competencia electoral y ejercer la representación y el esencial control territorial. Esta es la nueva forma de política en la posdemocracia”.

El periodista argentino Hugo Alconada Mon, en su más reciente libro La raíz de todos los males, también da cuenta de cómo el fenómeno de la corrupción se extiende transfronteras y afecta directamente la economía de los países. “(…) la siempre inestable economía argentina carece de la fortaleza suficiente para soportar el resfrío que causó el Lava Jato. No solo en Brasil (merma de entre 1 y 2,5 puntos porcentuales de PIB por año en 2015 y 2016 atribuibles a esa investigación judicial), sino también en Perú (donde recortó de 3,5 a 2,5 puntos porcentuales el crecimiento de 2017) o Panamá (que creció 5,4% ese mismo año, pero los analistas estiman que pudo crecer medio punto porcentual más sin los coletazos locales de este escándalo)”, asegura.

Los estudios de Latinobarómetro, por su parte, muestran cómo la corrupción en la política afecta la satisfacción de la población en relación con la democracia en América Latina, que pasó del 44% a 24% en la última década. 

¿Nadie se salva? 

El llamado Lava Jato peruano o la Caja B de Odebrecht se destapó con fuerza cuando el pasado marzo, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, declaró haber pagado por varias campañas políticas a lo largo de los años: US$ 1,2 millones a Fuerza Popular (Keiko Fujimori), unos US$ 600 mil a Toledo y como mínimo US$ 300 mil a Kuczynski. A cambio de todo ello, la constructora buscaba mantener las millonarias concesiones de las obras públicas que había logrado en Perú. 

Un documento aprobado por el Congreso, el sábado 10, asegura que 132 personas están involucradas en coimas y dávidas en obras públicas adjudicadas a Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otros.

Según el documento, los prejuicios al Estado peruano equivalen a unos US$ 4,4 millones.

Eso es solo la punta del iceberg. Son muchísimas los exgobernantes o políticos implicados. Solo para ejemplificar acerca de la dimensión de problema, Jaime Yoshiyama –exministro del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90 y exsecretario general de Fuerza Popular– admitió estar involocrado en aportantes falsos a su partido. Un familiar de Yoshiyama también habría hecho operaciones ilícitas a través de una contabilidad paralela de Odebrech. El congresista fujimorista Rolando Reátegui confesó como testigo protegido que Fuerza Popular reclutó falsos donantes en la campaña de 2011. El exjuez César Hinostroza fue apuntado como jefe de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto y está detenido en Madrid con fines de extradición.

El fiscal de la Nación Pedro Chávarry también es acusado como integrante de dicha organización. 

Intentos para salir de la crisis

En el difícil contexto de “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”, salió al paso el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuya popularidad en las últimas semanas saltó a 61%, mientras que la de Keiko cayó a 10%, según encuestas locales. 

El mandatario ha desarrollado estrategias sin precedentes para salir de la crisis de gobernabilidad y está impulsando nuevas propuestas de leyes para limpiar la trama de corrupción, especialmente en el Poder Judicial. Dichas propuestas serán sometidas a un referéndum popular el próximo 9 de diciembre. 

Vizcarra ha advertido que Fuerza Popular y la bancada del fujimorismo no están blindados. De hecho, ese partido está sufriendo una fractura interna histórica desde el escándalo Odebrecht y el arresto de su líderesa. 

En ese marco, se ha producido una estrepitosa desbandada en en el fujimorismo, con renuncias y pedidos de licencia. Los analistas ya hablan de la “implosión del partido” y de una pérdida fulminante de su capital político, difícil de recuperar.

Pero así como algunas figuras públicas se ensombrecen, otras han aparecido en escena para marcar un camino de reivindicación de valores, transparencia y veracidad; o al menos eso dicen y han adquirido cierto protagonismo por ello. 

Uno de ellos es el fiscal José Domingo Pérez, quien dirige las investigaciones del Lava Jato peruano. Si bien arrastra algunas críticas sobre sus gestiones anteriores, en esta oportunidad cuenta con gran apoyo de la ciudadanía y su popularidad va en ascenso. 

Muchos ciudadanos lo aplauden por dar pasos decisivos, como cuando sustentó el pedido de prisión preventiva en contra de Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko, en cuya casa las autoridades encontraron documentación que probaría el blanqueo de activos. Lo mismo ocurrió hace un par de días, cuando solicitó al Poder Judicial que impida la salida del país al expresidente Alan García. 

Ante ese panorama implacable, el vocero del comité de emergencia del fujimorismo, el parlamentario Miguel Torres, denunció que todo el escándalo responde a “una persecución política” contra su partido. Sin embargo, con el agua al cuello, la afirmación es poco creíble. Todo indica que las investigaciones no darán tregua. 

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