El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, impuso una multa de 325.000 Unidades Indexadas (unos US$ 53.870) a Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros tras constatar irregularidades y el incumplimiento de normas de control en el manejo de fondos transferidos desde el exterior.
La investigación se originó en setiembre de 2025, a raíz de una actuación inspectiva que detectó que un agente de valores mantenía en la financiera disponibilidades por un total aproximado de US$ 2.000 al 30 de junio de ese año.
Según explicó el supervisado en el expediente, la operativa se debió a que un banco local le había cerrado las cuentas al agente de valores. Si bien este último abrió posteriormente una cuenta en otra institución, como a través de ese nuevo banco no podía recibir transferencias directas desde el exterior, se instrumentó un circuito alternativo: la casa financiera recibía los dólares desde una cuenta del agente en Estados Unidos y, a cambio de una comisión del 1,5%, le entregaba el dinero en efectivo a un gestor o bien realizaba transferencias a la nueva cuenta bancaria del agente en el país.
Del análisis de la documentación de debida diligencia no se encontró información que permitiera validar una relación comercial entre el agente de valores y la persona que actuaba como gestor, según advirtió el BCU. Asimismo, los empleados del agente de valores afirmaron no conocer a dicha persona y señalaron que las gestiones las realizaban directamente con la empresa de servicios financieros.
Al ser citado por el regulador, el gestor declaró que no tenía un vínculo comercial con el agente y que realizaba la operativa como un "favor" debido a su amistad de muchos años con Andrés Romaniello, único director y accionista de Avenida S.A. Indicó que el gerente comercial de la institución le entregaba los dólares en efectivo para realizar diversos pagos en redes de cobranza, y que guardaba el dinero sobrante en su propiedad durante más de 48 horas, rindiendo cuentas a Romaniello.
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Las irregularidades detectadas y el rechazo de los descargos por el BCU
El organismo supervisor también detectó otros casos en una muestra de transferencias analizadas, como un recibo de pago sin aclaración de firma ni cédula de identidad, fondos entregados a su titular en un plazo superior a las 48 horas sin una instrucción específica, y una transferencia de US$ 500.000 con una solicitud de entrega según un cronograma de pagos, pero sin indicar el motivo.
Tras ser notificada de las actuaciones, la institución presentó sus descargos en febrero de 2026, argumentando que la normativa no contemplaba las transferencias desde el exterior, que no hubo intención de eludir las reglas, que el gestor no requería debida diligencia por no ser cliente y que la sanción carecía de proporcionalidad.
Sin embargo, el Banco Central rechazó los descargos al concluir que la operativa fue diseñada para “burlar” la prohibición del artículo 90 de la recopilación normativa. Dicho artículo exige que en las operaciones de transferencia los fondos estén a disposición del beneficiario en un plazo no mayor a 48 horas (salvo instrucciones específicas que no desvirtúen la operativa), por lo que la entidad realizó por vía oblicua lo que se encuentra expresamente vedado.
En esa línea, el regulador remarcó que “quedó demostrado que Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros le entregaba el dinero recibido desde el exterior en efectivo a una persona que no era apoderada ni tenía un vínculo formal con su cliente, al que además no aplicaron debida diligencia”.
El organismo subrayó que el propio argumento de la empresa sobre la falta de controles hacia el gestor pone en evidencia la gravedad de la infracción, al entregar fondos de un cliente a un tercero sin representación formal. Por el cúmulo infraccional relevado, calificado como grave, el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, resolvió aplicar la mencionada sanción pecuniaria.
