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La eutanasia es extendida en Canadá.

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La eutanasia se amplía en Canadá a personas sanas con discapacidad

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18 de octubre de 2021 a las 05:02

Los expertos en Derechos Humanos de la ONU, Claudia Mahler, Olivier De Schutter y Gerard Quinn, han expresado en enero de este año su alarma ante la creciente tendencia a promulgar leyes que permiten el acceso a la muerte médicamente asistida, extendiéndolo a quienes tienen una discapacidad o condiciones de discapacidad, considerando como tal, incluso, la vejez.

En los países donde se ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido, hay una aplastante evidencia de que las causas de solicitud para acabar con la propia vida se amplían cada vez más. Comenzaron con enfermos terminales y hoy incluyen pacientes psiquiátricos, ancianos con demencia y discapacitados. Una vez que se abre la puerta, en lugar de atender y prevenir el deseo de suicidio, se lo facilita. En Holanda, por ejemplo, en el informe oficial del 2019 se contabilizaban 160 eutanasias por sufrimiento a causa de demencia en fases tempranas, y 2 en estados avanzados de demencia.

Es lógico: la legalización, naturaliza “dar muerte” a quienes se considera que tienen una vida no digna. Y las consecuencias sociales y culturales son devastadoras. Un cambio radical en el fundamento de la sociedad, en los Derechos Humanos. No se tiene derecho irrenunciable a la vida por ser humano, sino por estar sano, independiente y sin dolor. Algunos tendrán vidas sin valor, renunciables; la sociedad los considerará una carga, y ello llevará a que ellos se consideren una carga; y entonces, crecerán los pedidos de eutanasia.  Se pretenderá fundamentar esto en una supuesta libertad, pero a los más libres, los menos condicionados por la enfermedad o el sufrimiento, no se los aceptará como “eutanasiables”. No es, entonces, un tema de libertad, sino un grave problema de injusticia con los más vulnerables de una sociedad que no sabe qué hacer con la fragilidad y la dependencia. Una injusticia estructural y legalizada.

¿Qué mensaje se da a quienes padecen un deterioro físico y psicológico, a quienes no tienen la posibilidad de valerse por sí mismos, a quienes padecen la ausencia de afecto y de cuidados, a quienes cada día se valoran menos por el olvido y el abandono de los demás?  ¿Les ofrecemos acabar con ellos para acabar con sus problemas o trabajaremos para que ninguna persona en Uruguay tenga que sentirse con deseos de morir?

El caso canadiense

Roger Foley, un canadiense de 45 años con una enfermedad degenerativa que le mantiene hospitalizado y dependiente de cuidados, es una víctima del nuevo paradigma de supuesta “compasión”: el sistema sanitario le ha negado la atención domiciliaria y le ha presionado para que pida una “muerte asistida”. Pero él quiere vivir y afirma: “Mi vida ha sido devaluada. Se me ha coaccionado para que pida la muerte asistida mediante abusos, negligencias, falta de cuidados y amenazas”. Ha hecho una demanda judicial por el derecho a una “vida asistida”. La paradoja es que, con estas leyes que supuestamente te dan un “nuevo derecho”, los enfermos deben luchar por el derecho a vivir.

Un caso de 2019, también en Canadá, fue el de Alan Nichols, de 61 años, con una fuerte depresión. Le aplicaron la eutanasia “por su solicitud”, que fue siempre dudosa. Los familiares sostienen que su muerte no era previsible, no apoyaban la decisión de los médicos. Pero ante la duda, la razón la llevarán siempre los médicos. El certificado de defunción refería a accidente cerebrovascular, trastorno convulsivo y fragilidad, como antecedentes a la eutanasia, cosa que la familia niega rotundamente. Su cuñada expresó: “Alan no cumplía con los criterios, era capaz de hablar, comía, hablaba, iba al baño, estaba fuera de la cama, nos reíamos. Al mirarlo supe que todavía quería vivir. No estaba cerca del final de su vida”. 

 Canadá legalizó la muerte voluntaria por enfermedades psiquiátricas, mediante el Proyecto C-7 que se convirtió en Ley este año, siguiendo el modelo de Bélgica y Holanda. La ley actual ya no requiere que la enfermedad sea terminal. Alcanza, como sucede en el proyecto de Ope Pasquet, con la alegación de un sufrimiento psicológico o físico que sea considerado intolerable. A comienzos del 2021 se argumentó en el Senado de Canadá algo paradójico: que, en el acceso a la eutanasia, no debía discriminarse a las personas por con discapacidad.

Psiquiatras canadienses y asociaciones en defensa de discapacitados se han pronunciado contra esa Ley, porque les preocupa que personas con discapacidades que no tengan un adecuado acceso a tratamientos paliativos, vean en la eutanasia la única alternativa a su sufrimiento, además del cambio cultural que esto implica en la valoración de una vida limitada o dependiente de cuidados.

Lo que se presenta como una opción de libertad individual se convierte fácilmente en una obligación moral para no ser una carga social, en el desprecio por la propia vida. Muchos se preguntan ¿Por qué no es un derecho de todos el poder pedir que lo eliminen? En realidad, lo que sucede es que lo declaran “derecho” solo para aquellos cuyas vidas son consideradas menos valiosas, improductivas, dividiendo la sociedad en eutanasiables y no eutanasiables. La presión social sobre los enfermos y personas con discapacidad crece a medida que se naturaliza la eliminación de personas “por causa de sufrimientos” o por considerar que lleva una “vida indigna”, cuando en realidad no hay vidas humanas con mayor dignidad, porque ninguna vida vale menos que otra. De lo contrario ya no todos tendrían los mismos derechos humanos, porque serían tratados como no humanos si ellos así lo aceptan.

Tenemos la experiencia de que cuando alguien incluso ha perdido su autonomía física y psicológica, podemos amarle, respetarle, valorarle por su dignidad de ser humano, independientemente de que sea o no consciente de nuestros cuidados, porque es amable por sí mismo, no por su condición.

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