Con una sesión caldeada, entre gritos, acusaciones y menciones a Sendic y Pascasio Báez -nunca falta en el Parlamento se hable de lo que se hable-, la Cámara de Diputados puso fin al trabajo de la investigadora sobre la gestión del Ministerio de Turismo. El oficialismo concluyó que no se probaron irregularidades que involucren al exministro Germán Cardoso, el FA le pidió la renuncia al ahora diputado y pidió enviar a la Fiscalía sólo lo referido a su actuación, y no lo referido a las contrataciones realizadas en la gestión Kechichian, como planteó el oficialismo.
Desde el vamos, Cardoso al pedir la investigadora junto al Frente Amplio planteó que las contrataciones directas eran el procedimiento habitual en Turismo y para demostrarlo, incluyó la actuación de su antecesora Liliam Kechichian.
La denuncia inicial, planteada a través del semanario Búsqueda por el también colorado exdirector de Turismo, Martin Pérez Banchero, señaló que hubo reiteraciones de gastos observados por el Tribunal de Cuentas por no ajustarse a la normativa en materia de compras; compras a una sola empresa por montos sin precedentes; gastos excesivos en publicidad y compras sin contar con informes y asesoramiento previo; ejecución de gastos meses antes de existir actuaciones administrativas que las justificaran y que las empresas presentaran sus ofertas.
Quién decidirá si en esas actuaciones hubo sólo un apartamiento a normas administrativas o delito es la Fiscalía. ¿Qué tiene que pasar para que el fiscal Gilberto Rodríguez evalúe la existencia de delito?
Sobre este caso, sobrevuela el fantasma del caso Stern, otro ministro colorado de Turismo denunciado por correligionarios que terminó procesado por la Justicia en el año 2000. Benito Stern había sido ministro del segundo gobierno de Sanguinetti y al asumir Alfonso Varela y Pedro Bordaberry, bajo la presidencia de Jorge Batlle, lo denunciaron penalmente por trasposición de gastos.
Benito Stern, ministro de Turismo del segundo gobierno de Julio Sanguinetti
Pero luego la investigación llevada adelante por el juez Roberto Timbal y el entonces fiscal Enrique Moller demostró que hubo más que sacar dinero de una caja para pagar gastos de otra. En ese caso, se demostró que se falsificaron documentos para sacar más dinero del que se pedía a través de una ley de fomento del Turismo. En un caso, por ejemplo, una persona había pedido US$ 4.000 para promocionar un proyecto turístico y mediante falsificación de las boletas se habían sacado US$ 120 mil.
Con los elementos a la vista hasta el momento no hay similitud entre el caso Cardoso y el de Stern, pero será tarea del fiscal indagar por qué se gastó excesivamente en publicidad callejera en plena pandemia cuando no había turismo, o conocer el trasfondo de la orden de pago a la empresa estonia Kirma por US$ 280 mil por intermediar en la difusión de publicidad digital para el mercado interno, pago que fue frenado por el BROU por decisión de su unidad antilavado.
El otro punto que la fiscalía tendrá en el menú es el del asesor honorario Elbio Rodríguez. Cardoso lo presentó como un amigo de la adolescencia que fue a su asunción y que luego le dio "una mano" en la diagramación del plan de marketing del ministerio, al tiempo que presentó a la misteriosa empresa Kirma.
Será tarea de Rodríguez investigar si es legal que una persona que no es funcionaria del ministerio tenga acceso total a la información de la cartera.
En la sesión del Parlamento de este jueves, cuando se hizo mención a la presencia irregular de Elbio Rodríguez en Turismo, Cardoso sacó a relucir a Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la cámara del Transporte. “No me queda claro si cuando hablan de asesor se refieren a Juan Salgado” dijo sobre el “amigo personal” de Tabaré Vázquez “que se desempeñaba como "asesor honorario" del mandatario. Otro ejemplo similar podría ser el de Pato Torena, que sin ser funcionario público, durante el gobierno de José Mujica empezó a concurrir a la Torre Ejecutiva y terminó ocupando un escritorio, lo que luego le abrió la puerta para iniciar negocios con Venezuela.
En ese punto, hay similitud con la actuación de Rodríguez, quien admitió que esperaba obtener un negocio lucrativo, luego de haber presentado a Kirma.
¿Puede haber delito de parte de un jerarca por permitir que personas ajenas al Estado accedan a información clave para beneficiarse económicamente? Turbio es pero para que haya delito tiene que haber pruebas que demuestren un fin espurio.
Por último, el fiscal tendrá que definir si puede haber una conducta delictiva en el apartamiento de los dictámenes del Tribunal de Cuentas, algo que es bastante improbable. El TCR tiene dos cometidos básicos: controlar la legalidad y oportunidad de los gastos del Estado. Un gasto puede ir contra una norma administrativa y ello no constituye delito, sino apartamiento a la norma administrativa.
Ahora, si esos apartamientos fueran constantes y se transformaran en algo grave, sí podría configurar delito.
Pero para probar abuso de funciones -que es el delito que se suele aplicar a estos casos- los actos se deben haber realizado con intención de dañar u obtener beneficio para sí o un tercero.
el observardor
Germán Cardoso pasa ante las cámaras en el anexo del Palacio Legislativo, donde sesionó la investigadora
El diputado y sus fueros
El caso tiene un componente extra ya que Cardoso al ser diputado tiene fueros por lo tanto el fiscal no podrá interrogarlo a menos que el legislador renuncie a sus fueros o que el Parlamento vote el levantamiento, si el fiscal lo pide.
En el caso Stern, la Justicia actuó cuando ya había dejado el cargo. Aún así la defensa presentó un recurso de nulidad pidiendo la clausura del proceso aduciendo que según la Constitución los ministros no pueden ser juzgados por los actos realizados durante su gestión.
Un tribunal de apelaciones en votación dividida resolvió la clausura de las actuaciones, al considerar que los ministros tienen los mismos fueros que los legisladores, no pudiendo ser juzgados por actos cometidos durante su gestión, incluso luego de dejar el cargo. Pero finalmente esa teoría fue abatida por la Suprema Corte de Justicia que hizo lugar al recurso del fiscal Moller y sostuvo que Stern no contaba con los mismos fueros de los parlamentarios y sí podía ser juzgado.
Cardoso sí tiene fueros porque es legislador y deberá decidir si se ampara en ellos.
Aclaración: esta nota fue modificada porque erróneamente mencionaba que el fiscal del caso era Ricardo Lackner pero eso cambió. Quien lleva el caso es el fiscal Gilberto Rodríguez. A los suscriptores las disculpas del caso.
