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La informalidad, un problema “persistente” en el trabajo doméstico, según BPS
“Si bien ha aumentado el número de cotizantes, sentimos que el problema de la informalidad es un problema persistente”, afirmó este jueves la directora del Banco de Previsión Social (BPS), Daniela Barindelli, durante una conferencia con motivo del Día de la Trabajadora Doméstica.
En la actualidad la cantidad de cotizantes a la seguridad social es de 74.340, y se estima en 39% el porcentaje de informalidad en el sector. Es decir, 4 de cada 10 trabaja en negro y no realiza aportes a la seguridad social.
“Esto limita el acceso a las prestaciones de actividad. Condenamos a las personas que no están afiliadas a no poder hacer uso de los subsidios por desempleo, por maternidad, por enfermedad, y también se genera un problema hacia el futuro ya que obstaculiza el acceso a las jubilaciones en la vejez. Es un deber del empleador afiliar a las personas”, insistió Barindelli.
La evolución histórica muestra que la no aportación en el total de la población ocupada representó el 22,3% en el año 2020, lo que significó un descenso de 13 puntos porcentuales con respecto a 2006. Por su parte, la no aportación de quienes se ocupan en el sector doméstico fue de 39,2%, mostrando un descenso de 28 puntos porcentuales.
La cantidad de puestos cotizantes se incrementó de forma ininterrumpida desde 2006 hasta 2020, cuando hubo una leve baja motivada por la crisis sanitaria del covid-19. Esa dificultad también se reflejó en la cantidad de afiliados que hicieron uso del seguro de paro que fue de 8 mil personas.
“Todavía existe un importante déficit de trabajo decente en el sector signado por la evasión (no registro a la seguridad social), lo que implica la existencia de una brecha entre los derechos consagrados formalmente y el ejercicio real de los mismos. Con todo, se destaca el descenso constante de estos porcentajes", dice un estudio del BPS al que accedió El Observador.
El trabajo sostiene que el trabajo doméstico remunerado presenta ciertas particularidades frente a otras formas de empleo. Según explica, si bien la relación laboral que se establece es de carácter asalariado, por desarrollarse al interior de los hogares se encuentra mediada por la convivencia cotidiana; “lo que puede llevar a que se desdibuje dicha relación laboral, así como los derechos y deberes que derivan de la misma”.
Por otra parte, afirma que quienes emplean o consumen este trabajo, no son empresas (aunque se constituyan como tales a los efectos del registro y aportación), por lo cual su accionar “no está en función de una lógica y conocimiento empresarial”.
En Uruguay, quienes se emplean en este sector representan una proporción significativa de las mujeres ocupadas (10,2%), y es además una ocupación feminizada en extremo, ya que el 99% de quienes realizan trabajo doméstico son mujeres.
Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, los avances son “significativos” en materia de protección y formalización de la actividad, pero insistió en que queda camino por recorrer.
“Casi cuatro de cada 10 trabajadoras domésticas sigue en situación de informalidad y por lo tanto no tiene la cobertura de todos sus derechos. Eso indica que hay una tarea para seguir avanzando”, afirmó. Mieres añadió que alrededor del 40% de las trabajadoras domésticas son jefas de familia, lo que “hace más vulnerable” su situación.
Según el ministro, tomando en cuenta que el ámbito de trabajo son los hogares, resulta clave que se hagan denuncias para que la Inspección del Trabajo pueda actuar si se constatan irregularidades.
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Aumentos y definición de categorías
En 2008 se conformó en los Consejos de Salarios el grupo 21, correspondiente a servicio doméstico y en ese ámbito se llevan firmados cinco convenios colectivos. La representación de los empleadores está a cargo de la Liga de Amas de Casa.
Uno de los temas que volverá a estar encima de la mesa en la negociación salarial que está empezando es la definición de categorías laborales dentro del servicio doméstico. Se trata de una reivindicación sindical que tiene más de una década y que se ha venido postergando con el paso de los años.
Por ejemplo, a una trabajadora se le contrata para limpiar, pero después termina haciendo otras tareas, que pueden ir desde cocinar a tener que cuidar niños o personas mayores. El sindicato considera que con la categorización se puede definir con mayor especificidad para qué tareas se contrata a la trabajadora y establecer una remuneración acorde.
La única categoría hoy existente tiene un salario mínimo que actualmente es de $ 22.245 por 44 horas semanales de labor y 25 jornales mensuales. Y el valor del laudo mínimo por hora es de $ 117,03.
De cara a la nueva negociación, este sector de actividad está incluido entre los sectores “menos” o “poco afectados” por la pandemia, y está habilitado a negociar un acuerdo a dos años de duración con ajustes semestrales.
También está alcanzado por la pauta diferencial para microempresas (menos de 5 trabajadores). Hoy el gobierno propone comenzar con un aumento de 1,8% en julio de este año, 3,7% en enero de 2022, 2% en julio de 2022 y 3% en enero de 2023. En todos los casos equivale a inflación esperada. Al margen de esas pautas, empleadores y trabajadores tienen libertad en la negociación para introducir modificaciones.
