El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y sus compañeros de gobierno fueron citados a declarar el jueves y el viernes como investigados en la Audiencia Nacional de Madrid, anunció este tribunal en un comunicado. Además, la jueza instructora ordenó el pago en un máximo de tres días de una fianza conjunta a los 14 investigados de € 6,2 millones. En caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.
Varios de los 14 integrantes del gobierno catalán que fueron destituidos, entre ellos Puigdemont, se encuentran desde el lunes en Bruselas, adonde acudieron para poder actuar "con libertad y con seguridad", según explicó el líder independentista en una rueda de prensa este martes.
Lea también: Puigdemont se exilia en Bruselas junto a exconsejeros destituidos El fiscal general del Estado español presentó una querella contra los integrantes del gobierno y Parlamento catalán por impulsar el proceso de separación de la región. En la acusación, que fue aceptada por la Audiencia Nacional, acusa a los líderes de rebelión y sedición; delitos que son penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente.
En su argumentación, la jueza explica que a pesar de las reiteradas prohibiciones judiciales, el gobierno catalán "continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república".
Si bien Puigdemont aseguró que con su viaje a Bruselas no busca escapar de la acción judicial, también afirmó que no volvería a España hasta que no pueda tener un proceso judicial con garantías de imparcialidad. El expresidente de la región acusó al fiscal de tener "deseo de venganza".
La causa contra Puigdemont y su gobierno se unió a otra abierta contra los líderes de las dos principales asociaciones independentistas, ANC y Omnium, que se encuentran en prisión preventiva desde el 16 de octubre.
El jueves y el viernes también deben comparecer ante la Justicia en Madrid, en este caso ante el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros dirigentes de la cámara regional, acusados también de rebelión y sedición por permitir la declaración de independencia.
