Los juzgados especializados en crimen organizado no pueden responder ante todas las denuncias de prostitución infantil que llegan a sus manos, dijo uno de los dos magistrados, Jorge Díaz, en el Parlamento.
Por eso, Díaz pidió a los legisladores crear más juzgados del crimen organizado (hoy son solo dos a cargo de Díaz y la jueza Graciela Gatti) o reducir la lista de delitos que les cabe investigar.
“Si bien no hemos hecho un detalle de cada uno de los delitos que podrían estar o no bajo nuestra competencia, creo que el Parlamento, que fue el que estableció la competencia de los juzgados, debería revisarla. Acá hay dos salidas: una es la creación de más juzgados y otra es revisar la competencia”, dijo Díaz el martes en la comisión especial sobre lavado de activos y crimen organizado de Diputados, según consta en la versión taquigráfica.
Además de los delitos de prostitución, los únicos dos juzgados especiales del crimen organizado investigan el lavado de activos, el narcotráfico, la venta de armas, la trata de personas y actos de corrupción en la administración pública. En este sentido, Díaz contó que investigan “desde los casos (de corrupción) en la Armada, hasta “la coima que cobra un inspector de Policía Caminera”. De todos modos, aclaró, “son pocas las denuncias de corrupción pública”.
Aún así, Díaz advirtió que no pueden con todos los casos de prostitución infantil que hay.
“Nosotros no podemos dar respuesta a todos los casos de explotación comercial, sexual, de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es imposible. Hemos hecho un esfuerzo bien interesante, pero no podemos tener el control sobre esto”, señaló a los diputados.
El magistrado advirtió además que este tipo de delitos “se está extendiendo en muchos lugares del interior del país” y que para los jueces “es muy difícil llevar adelante ese tipo de investigaciones”.
Díaz contó que en un intento por mejorar el trabajo judicial, él y Gatti mantuvieron reuniones con el directorio del INAU, con los jerarcas de cada departamento de este organismo y con Interpol. Dijo que acordaron “protocolos de actuación” y que han “horizontalizado la comunicación”.
“Sin embargo, seguimos sintiendo que no estamos dando la respuesta que se necesita, porque en algunos lugares del interior este es un problema grave. No quiero estigmatizar lugares, pero en algunas zonas este es un problema grave. Estamos muy preocupados porque no tenemos la capacidad para dar respuesta a esa problemática”, apuntó Díaz.
Por esto, el juez pidió a los legisladores buscar una solución, ya sea revisando la lista de delitos que compete investigar a los juzgados del crimen organizado, o creando más sedes de este tipo.
“No voy a decir que este tema nos quitó el sueño a la doctora Gatti y a mí, pero sí que es una preocupación seria que tenemos. Esperamos contar con la voluntad política para encontrar una solución alternativa –no sé cuál sería, habría que pensar– a un problema que en algunos casos es bien serio”. El juez especializado explicó a los legisladores cuáles son los inconvenientes que tienen para investigar la creciente cantidad de denuncias que reciben.
“Debemos tener en cuenta que se trata de explotación sexual comercial de niños en cualquier caso, aun en el contexto doméstico. Por tanto, no estamos hablando solamente de una organización criminal que se dedica a este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que esto se nos hace cuesta arriba”, dijo Díaz.
El juez relató dos anécdotas sobre un caso de prostitución infantil en Paysandú. Contó que una de las “chiquilinas” le dijo: “¿Por qué tengo que decirle la verdad si usted no me va a resolver el problema?”. “Tenía razón –dijo Díaz– porque al otro día nos retiramos y la realidad siguió siendo tan cruda como el día anterior”.
También contó que en una escucha telefónica un hombre dijo: “tenemos que renovar el plantel, se nos está envejeciendo”. Hablaba de “chiquilinas de 16 años”, destacó.
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