La LUC no era tan urgente

Esta vez, la población estaba de rehén de los transportistas de combustible. La Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) había declarado un paro del lunes 13 al miércoles 15, que se sumaba al fin de semana previo. Todo ello para evitar la aplicación una resolución de la URSEA (Unidad Reguladora Servicios de Energía y Agua)  para dar cumplimiento al artículo 237 de la LUC sobre reforma del mercado de combustibles que debe (o debería) entrar vigor el 1º de enero de 2024.

La ATC declaró el sábado 11: “Ante la decisión del gobierno nacional, materializada en la resolución de la URSEA N° 517/2023, de finalizar el próximo 31 de diciembre la vinculación de ANCAP con las empresas transportistas que -con sus choferes y camiones con cisterna- desde hace más de 20 años realizan la distribución secundaria, la Comisión Directiva de la Asociación de Transportistas de Combustibles (A.T.C) en consulta con las empresas transportistas resolvió realizar una detención de actividades”.

El presidente de ANCAP, Ing. Alejandro Stipanicic, deslindó la responsabilidad que le atribuían al ente petrolero y aclaró rápidamente por la red social X (ex Twitter) que “son temas ajenos a la decisión de Ancap y no corresponde su participación en temas propios de la regulación de la distribución”, para aclarar que “ANCAP entrega el combustible en las plantas de distribución del país (La Tablada, Paysandú, Durazno, Juan Lacaze y Treinta y Treinta y Tres) y la llegada a las estaciones es responsabilidad de la cadena de distribución (distribuidoras DUCSA, Axion y Disa y estaciones con flete propio).

Por lo demás, URSEA no es un órgano del gobierno, como sostiene la ATC, sino una agencia independiente. Quizá no tan independiente como uno quisiera, (para organismos de contralor y supervisión como la URSEC y URSEA lo mejor es trascender períodos de gobierno), pero claramente no es parte del gobierno como un ministerio o una empresa pública. No responde al Poder Ejecutivo de turno. En este caso la URSEA cumple con una norma prevista en la LUC. No le cabe otra cosa. Le guste o no a la Asociación de Transportistas. Y le guste o no a muchos legisladores oficialistas que votaron la LUC, pero que no comparten la filosofía desregulatoria que la ley de urgente consideración intentaba traer al mercado de combustibles y a otros mercados.

Como era de esperar ante la escasez de combustibles, las autoridades entraron en acción para procurar el levantamiento del paro. Y se encontraron con la férrea resistencia de la ATC, que incluso amenazó con extenderlo más allá del miércoles, dejando una guardia gremial para atender las necesidades de bomberos. Ambulancias y patrulleros.

Eso fue el lunes. El martes todo se había solucionado. La ministra de Industria, Elisa Facio, explicó que luego de negociaciones con la ATC se había resuelto posponer la entrada en vigencia del famoso artículo 237 para el 1º de enero de 2026 (o sea, patearlo para el próximo gobierno) y todos felices.

Negociación no parece haber habido mucha. Más bien, rendición incondicional. Y una reforma de la LUC que queda por el camino. Una reforma que no era tan urgente, al parecer.

Algunos dirán: “no era tan importante, no iba a cambiar sustancialmente el precio de los combustibles”. Puede ser. Pero lo preocupante es que es la segunda vez que en materia de empresas públicas se trata de hacer una reforma y  no se logra. ANCAP intentó conseguir un socio para la planta de portland y el sindicato se opuso, Tanto se opuso que los potenciales socios, que no eran muchos, se espantaron. Mientras, seguimos perdiendo más de US$ 20 millones por año sin que a nadie se le mueva un pelo,

Ahora se intenta aplicar una norma de la LUC que seguro algún cambio va a generar en el mercado de distribución y favorecer a los consumidores. La ATC se opone y el gobierno, que pudo decretar la esencialidad de suministro de combustibles, se echó para atrás y pateó la pelota para adelante. Lo cual, en buen romance, es sacarla del estadio porque ya se sabe que nunca se va a aplicar.

Moraleja: ya sea con intereses corporativos del sector público o del sector privado, es importante no solo planificar reformas que por lo general se caen de maduras. Es importante también planificar muy a fondo la estrategia de implementación de reformas que se sabe tocan intereses, ya sean económicos o ideológicos.

De lo contrario, implementar una reforma para retirarla al primer encontronazo es muy triste. Y “hacer una comisión para estudiar el tema” como señaló el subsecretario de Industria Walter Verri, es algo que, o no servirá para nada, o se podría haber hecho al principio.

Lo ocurrido esta semana con los combustibles pone de manifiesto una clara muestra de improvisación. Las reformas no solo deben ser propuestas, sino luego planificadas con detalles. No se aplican espontáneamente. Ni siquiera cuando se consideran "urgentes¨.