La mala cara de la transición

Como las dos caras del dios romano Jano, por un lado, el Poder Ejecutivo se muestra dispuesto a abrir  las puertas de la administración de par en par –incluso hasta ofrece las instalaciones del edificio presidencial para tareas inherentes a la transición–, y, al mismo tiempo, se niega a realizar un ajuste en las tarifas públicas, un gesto antipático que no sale en las fotos. Y falta saber qué definirá respecto al Impuesto Específico Interno (Imesi) y los salarios públicos, que en general también se ajustan el primer mes del año.

Parecería que el país disfruta de cierta holgura fiscal cuando en realidad las cuentas públicas nunca estuvieron más debilitadas por negligencias de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio.

Negar la realidad forma parte del epílogo de una gestión que termina su mandato con un déficit de casi 5% anual del PIB, un magro resultado que obliga a realizar un ajuste fiscal que, en nuestro caso, debería realizarse por el lado de la baja del gasto dada la fuerte carga tributaria del país.

El hecho de no ajustar las tarifas públicas no significa otra cosa que trasladarle un mal a otro que no tuvo ni arte ni parte y que sufrirá las consecuencias negativas de recibir las cuentas públicas desordenadas, con todo lo que ello implica.

La justificación de no aumentar las tarifas en cumplimiento de una promesa electoral, se desentiende a la vez del compromiso asumido con una gestión responsable.

Es más que comprensible la preocupación del equipo de Lacalle Pou al considerar una profundización del agujero fiscal –debido a que la decisión del Poder Ejecutivo significaría renunciar a ingresos de unos US$ 400 millones anuales, una estimación que niegan en la Presidencia frenteamplista–, y que haya pedido las explicaciones del caso.

El economista Aldo Lema aseguró que sin un reajuste de las tarifas ni los ingresos extraordinarios por la reapertura de bonos vendidos sobre la par, que se realizó en setiembre pasado, “el déficit fiscal queda perfilado hacia el entorno de 6% del PIB”.

La última foto fiscal que dejará impresa el gobierno saliente mostrará que enfrentamos un problema muy serio. 

El lunes 2, el mismo día en que Vázquez ratificó en un Consejo de Ministros que no habrá aumento de tarifas, la calificadora Fitch Ratings difundió un informe que advierte acerca de la necesidad de que Uruguay realice un ajuste fiscal superior a unos US$ 1.500 millones (equivalente a más de 2,5% del PIB) para lograr estabilizar la deuda pública. El pronóstico es que el próximo gobierno “enfrenta el desafío de reducir un gran déficit fiscal ante el bajo crecimiento” que  pondrá “a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”.

El estado situación que describe la calificadora de crédito es culpa de un gobierno en retirada que no asume su responsabilidad en el manejo fiscal donde hace tiempo tiró la toalla para vivir sin problemas. Es una opción perniciosa como la que  personifica la cara negativa del dios Jano. Y va más allá de si se aumentan las tarifas en enero o en marzo