La ppp trabada en papeles

A más de cuatro años de su esperanzada aprobación, a la ley de Participación Público Privada (PPP) le da trabajo pasar del papel a la práctica. Así lo estimó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respaldó al gobierno desde el lanzamiento del sistema. Elogió muchos de sus aspectos pero destacó lo que calificó de "desafíos", término que cubre un vasto abanico de inacción, demoras, indecisiones y errores. Un informe del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID consideró "muy satisfactorio" el marco legal para que inversores privados se asocien con el Estado para financiar la realización conjunta de obras y servicios, a cambio de un canon que recibe el inversor. Destacó también la importancia de la cárcel de Punta de Rieles, única obra de envergadura completada bajo ese sistema, así como algunos parciales remiendos viales. También señaló como positiva la disponibilidad de un "cuerpo documental adecuado", o sea papeleo que comprende estudios de factibilidad, manuales y otros múltiples formularios preparatorios.

Pero el otro platillo de la balanza pesa más, tomando en cuenta los escasos resultados tangibles, con excepción de una cárcel moderna, en los muchos años en que la ley ha navegado entre oficinas, en medio de lentos trámites engorrosos y exigencias que han espantado a más de un inversor potencial. El informe del Fomin enfatiza las dificultades creadas por los mensajes ingenuamente optimistas sobre plazos y costos de obras en las primeras épocas del nuevo régimen, cuando la administración Mujica anunciaba con bombos y platillos que la PPP permitiría llenar las agudas carencias de infraestructura en el país. Censuró también que los encargados "de las administraciones públicas contratantes hacen mal uso de la herramienta", así como la resistencia del sindicato de la salud a que inversores privados intervengan, bajo el régimen de la PPP, en la recuperación del naufragado Hospital de Clínicas y en otras áreas del sistema asistencial público.

El grueso de las críticas del Fomin, sin embargo, estuvo dirigido al crucial tema del financiamiento. Urgió a que se concrete la postergada participación de las AFAP como inversoras junto al Estado en obras viales y ferroviarias, de las que depende que UPM confirme la instalación de su nueva planta de pasta de celulosa. Y calificó de debilidad el fracaso en asegurar las indispensables inversiones internacionales, Vienen en sostenida caída pese a que el gobierno anunció hace algunos meses exenciones tributarias adicionales y otras facilidades para inversores, que hasta ahora no han logrado atraerlos en los volúmenes que se requieren.

La lentitud en la puesta en marcha de proyectos oficiales por falta de agilidad ejecutiva en la pesada estructura estatal es una constante tradicional en el sector público uruguayo. Ha vuelto a repetirse en el caso de la PPP, una buena ley mal ejecutada que no termina de despegar pese a que solucionaría muchos problemas. Darle impulso es una responsabilidad que el gobierno debe encarar decididamente como vía idónea para salir de la mediocridad que sigue trabando el desarrollo.