Esa presión de las organizaciones, generalmente vinculadas con reclamos de la izquierda, dejan al Código en una situación de indefinición y ahora no está claro si podrá aprobarse en este período o pasará al siguiente.
Dar ese paso atrás tuvo el apoyo del Partido Colorado y el rechazo del Partido Nacional que quería aprobarlo ayer.
En la del Frente se entiende que las sugerencias propuestas por la sociedad civil –vinculadas a cuestiones de Derechos Humanos; género; y la definición de violación– son atendibles y merecen estar en el texto. “Es oportuno políticamente” hacer un lugar para analizar las sugerencias, dijo el diputado Alejandro Sánchez (MPP), coordinador de la bancada oficialista.
Ahora el reloj comenzó a correr en contra de los que quieren aprobarlo en este período, y algunos dudan que los tiempos alcancen. De no ser así, el Frente Amplio redactará un texto comprometiéndose políticamente a aprobarlo en los primeros meses del próximo período parlamentario.
Si bien el compromiso se dejará por escrito, las elecciones nacionales de octubre determinaron que varios legisladores actuales no estarán a partir de febrero.
Incluso en la comisión de Constitución, que tratará las modificaciones, sólo dos de sus integrantes continuarán como diputados: Pablo Iturralde, del Partido Nacional y Gonzalo Mujica, del Espacio 609. Eso se considera una complicación extra.
Según supo El Observador, uno de los puntos donde puede haber discrepancia con la oposición refiere al aborto y cómo se interpreta la defensa de la vida, teniendo en cuenta que se incluirá la ley que habilitó la despenalización del aborto.
En los demás temas, como considerar violación al sexo oral no consensuado, se espera alcanzar un acuerdo entre frentistas y la oposición. Las organizaciones de mujeres criticaron que el sexo oral no consentido se castigue como un ataque violento al pudor y no como violación.
La violación se castiga con penitenciaría de 2 a 12 años y el atentado al pudor tiene una sanción menor que “es la pena de violación disminuida de un tercio a la mitad”. Más de 40 ONG afirmaron que el Código, que ahora volvió a comisión, “es un retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales como la explotación sexual de niños/as y adolescentes o proxenetismo”.
También afirman que se “banalizan” delitos sexuales que no implican penetración al considerarlos delitos contra el pudor lo que reduce la pena de forma de permitir la excarcelación.
Dicen que ese tipo de conductas –como el sexo oral no consentido– tiene como víctimas a las mujeres, niños y jovenes. Por otro lado, cuestionaron que el texto “limita el delito de violencia doméstica” a la que ocurre en el ámbito familiar “excluyendo” a la que ocurre entre novios u otras modadlidades de relaciones afectivas
El tiempo también apremia porque por reglamento de la Cámara, los cambios a los Códigos deben tener un período de 30 días para recibir objeciones y aportes.
Luego de ese plazo, el texto tendrá el trámite parlamentario normal. A esa altura ya se estará en la primera semana de febrero y la gestión de este parlamento terminará el 14 de febrero.
El diputado nacionalista, Gustavo Borsari, afirmó en sala que aún tiene esperanza de aprobarlo y dar un mensaje de que en Uruguay “los códigos también se pueden aprobar en Democracia”.
El actual Código se procesó bajo la dictadura de Gabriel Terra que dio un golpe de Estado en 1933. Borsari explicó que no votaban remitirlo a comisión porque en ese ámbito fue tratado durante cuatro años.
También pidió “coraje” para votarlo en febrero.
Su colega Iván Posada, del Partido Independiente, comentó que “es inconveniente aprobar un Código en estas circunstancias”.
Uno de los puntos más polémicos que se discutieron para el Código Penal fue el delito de abuso de funciones. En un primer momento se quiso eliminar pero luego se limitó su aplicación a cuando haya un beneficio económico para el funcionar involucrado.
Parte de la discusión se debió a que por ese delito fueron procesados jerarcas como Fernando Lorenzo –exministro de Economía– y Fernando Calloia, quien estuvo al frente del Banco República desde el anterior gobierno.
También por ese delito marchó a la cárcel Walter Zimmer, intendente de Colonia.
Pero esa discusión quedó atrás luego de cambiarse la redacción y de la arremetida de las organizaciones sociales.
Tribunal de ética del FA tratará el caso Puig
La cámara baja votó ayer mantener a militares uruguayos en Haití como miembros de la misión de paz de las Naciones Unidas. Eso tuvo dos efectos inmediatos.
Uno fue la renuncia a su banca del diputado Luis Puig que votó en contra y ahora intervendrá el tribunal de conducta política del Frente.
El otro efecto, fue que desde la barra de Diputados se insultó a los legisladores. Les gritaron “fuera las tropas de Haití”, “alcahuete de los yanquis” y “lamebotas”.
El presidente de la cámara, Anibal Pereyra, los desalojó de inmediato.
El Frente Amplio había mandatado a sus legisladores a votar el proyecto para que militares uruguayos sigan en Haití, pero Puig desobedeció esa orden. Según consultas de El Observador con varios legisladores de izquierda, hay malestar con Puig.
Entienden que su actitud quebró una forma de actuar del FA en el Parlamento, donde se respetan los mandatos de la bancada más allá de las posiciones personales.
Desde la oposición fue el diputado colorado, Fitzgerald Cantero, el que lo criticó en público. “No voto renuncias para la tribuna” espetó al argumentar su posición.
Antes, en su intervención, Puig advirtió en el Plenario que “para las transnacionales Haití se convirtió en un gran negocio”.
También acusó a Estados Unidos de incidir para que no haya elecciones y dijo que “en semanas puede haber una dictadura” “tutelada” por la ONU y por Uruguay en su calidad de integrante de la misión de paz. Puig, que fue reelecto, reasumirá nuevamente su banca de Diputado el 15 de febrero.
Otros legisladores como Doreen Ibarra (Fidel) expresaron en sala su disconformidad con la permanencia de soldados uruguayos en Haití aunque votó con la mayoría. Ibarra dijo que la presencia uruguaya en aquel país irá bajando “en forma gradual” hasta abondonar Haití totalmente en 2016, según información que le aportó el Ministerio de Defensa.
