El ministro, como todo el gobierno de Alberto Fernández, se había convencido de que en este contexto de crisis mundial, estaban dadas todas las condiciones como para que Argentina hiciera una propuesta muy dura, que en los hechos implicaría un recorte de valor superior al 60 % para los fondos de inversión que tienen bonos de la deuda soberana.
El gobierno creyó percibir un cambio de época. Ya sobre el final del año pasado, cuando asumió Fernández, interpretó que los problemas de los “casos modelo”, como el chileno o el de la propia gestión de Mauricio Macri, convencerían al mercado de capitales de que se necesitaba ir a un paradigma más realista.
Y esa visión se reforzó a partir de la crisis global por el coronavirus covid-19 y el surgimiento de pedidos para la condonación de deudas de los países con mayores dificultades económicas.
Fue por eso que se enarboló el discurso de una “deuda sustentable” y que no implicara un gran esfuerzo de ajuste sobre la población. Traducido al lenguaje financiero, que la única vía para evitar un default sería una refinanciación que implicara una quita de capital. A partir de allí, el riesgo país empezó una escalada que lo llevó desde los 2.000 puntos en noviembre hasta superar los 4.000 en abril.
En el medio, Alberto Fernández hizo una gira europea para obtener guiños de los principales líderes. Y se logró que el Papa Francisco se refiriera explícitamente al tema de la deuda, en reuniones en las que estaba presente Kristalina Georgieva, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional.
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Esa “nueva sensibilidad” del FMI tras el alejamiento de Christine Lagarde llevó a que el organismo publicara, a pedido del gobierno argentino, un documento en el cual apoyaba la postura de que Argentina no puede realizar ningún pago, de capital ni de intereses, por lo menos durante cuatro años, y que para volver a crecer de manera sostenida debería entrar en un proceso de alivio de la deuda que implicara un recorte de US$ 85.000 millones en una década.
Y luego el gobierno escenificó la presentación de su propuesta, remarcando el apoyo político de la oposición y con un discurso de Alberto Fernández que enfatizó en que cualquier oferta más generosa hacia los bonistas sería irresponsable de su parte, porque sería incumplible. El canje implicaba un recorte promedio de 62 % en las tasas de interés, y un período de gracia hasta el 2023 antes de empezar a pagar.
Al mismo tiempo, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía preferido por el peronismo, habló en varios foros internacionales en defensa de la postura argentina. Cada intervención de Stiglitz parecía un sello de aprobado para la gestión de Martín Guzmán, que antes de ser ministro había sido su ayudante de cátedra en la Universidad de Columbia.
En los últimos días, ya con la oferta de canje presentada ante la bolsa neoyorquina, Stiglitz firmó junto a otras celebridades del mundo económico, como Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Kenneth Rogoff y el premio Nobel Edmund Phelps, una carta dirigida a la élite financiera mundial.
Allí se sostenía que era necesaria una reestructuración de la deuda argentina, y que el gobierno de Alberto Fernández había hecho una propuesta responsable que debería ser aceptada.
Fue ahí que todos recordaron a Pugliese y su apelación emocional a un mercado que sólo miraba números. Los cientos de mensajes irónicos que inundaron las redes sociales apuntaron que ninguno de los “economistas estrella” firmantes de la misiva había puesto jamás sus ahorros en títulos de deuda emitidos por la República Argentina, que hace apenas cuatro años cerró el canje por el default de 2001.
BlackRock, el nuevo malo de la película
Mientras toda esa estrategia propagandística se desarrollaba, el reloj corría inexorablemente hacia la fecha dispuesta como límite para la aceptación del canje: el viernes 8 de mayo, a las 17 horas de Nueva York.
Ya había quedado en evidencia que algún error de cálculo se había cometido. Lejos de reaccionar con entusiasmo a la oferta argentina, los acreedores emitieron duros comunicados en los que aseguraban que semejante recorte de valor no era aceptable y que Argentina pretendía tercerizar su incompetencia en quienes le habían prestado dinero.
Guzmán entonces apostó a la táctica de dividir a los acreedores, dado que algunos se mostraban algo más abiertos al diálogo. Las cláusulas de acción colectivas suponen que hay que lograr la adhesión de dos tercios de los bonistas, por lo que si los "duros" quedaban en minoría, quedarían imposibilitados de litigar y no tendrían más remedio que aceptar las condiciones que aceptó la mayoría.
Fue así que el ministro argentino publicó una columna en el diario Financial Times, en el que se declaraba dispuesto a escuchar contrapropuestas, siempre y cuando guardaran el “sentido común”.
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Lo que quería decir Guzmán es que los bonistas deberían tener presente que Argentina apenas tiene US$ 8.000 millones como reservas netas, que no estará en condiciones de tener superávit fiscal durante los próximos cuatro años y que su economía caerá este año un 6,5 %. En otras palabras, que si había una mejora en la oferta, sólo podía ser marginal.
Y como parte de esa estrategia, el ministro dejo filtrar un documento secreto, la contrapropuesta del fondo BlackRock, uno de los mayores inversores a nivel global, que está jugando el rol de “malo de la película”. La oferta de este fondo era realmente dura: prácticamente mantenía incambiados los términos del actual cronograma, salvo por el hecho de un alivio parcial de intereses en tres años, que luego debería ser compensado.
Lo que se interpretó en el mercado es que Guzmán pretendía exponer la falta de voluntad de BlackRock para un acuerdo y que quería aislarlo del resto de los bonistas, de manera que los demás asumieran una postura más flexible.
Pero claro, BlackRock tiene en su poder hasta 25 % de algunas series de bonos argentinos, y eso lo pone en la posición de bloquear un acuerdo si el gobierno lo quisiera dejar afuera.
Y les contestaron con el bolsillo
Lo cierto es que el gobierno argentino hizo una apuesta que se reveló equivocada: creyó que el coronavirus, la presión internacional, los informes del FMI, las cartas de los economistas y los actos junto a líderes opositores podrían conmover a acreedores que quieren cobrar 66.000 millones de dólares a país con un historial de defaulteador serial.
La dura realidad quedó al descubierto cuando se llegó a la fecha límite. Muy por debajo de las aspiraciones del gobierno, el porcentaje de adhesión a la propuesta no llegó al 20%. Como a Pugliese, también a Guzmán le contestaron con el bolsillo.
Lo cual pone ahora a Alberto Fernández en una disyuntiva. Tiene todavía dos semanas de plazo para seguir negociando, dado que su próximo vencimiento es el 22 de mayo, y recién si ese cupón queda impago –son unos US$500 millones-, se considerará que el país volvió a caer en default.
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El presidente ya dijo que quiere evitar esa situación, pero tampoco está dispuesto a una modificación sustancial de su propuesta “amarreta”. Su frase preferida, que suele repetir en las entrevistas es: “No les pedimos a los acreedores que pierdan plata, sino solamente que ganen menos”.
Pero los acreedores no parecen compartir esa visión. Consideran que el gobierno los quiere tomar como variable de ajuste, y le hicieron saber explícitamente que, contrariamente a lo que se había pensado, la actual crisis global no les juega en contra a ellos sino a Argentina. “Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados”, le dijo el negociador de BlackRock a Guzmán, según reveló una nota periodística que ninguna de las partes desmintió.
La situación es que ahora Argentina debe negociar desde un posición de mayor debilidad, y con el reloj jugando en su contra. Se descarta que habrá una mejora en su oferta, tal vez con un pequeño “endulzante” de un pago en cash al inicio del proceso, pero a esta altura se duda de que eso sea suficiente. Y es por eso que, una vez más, ha vuelto a rondar el fantasma del default.
