“OSE por sí sola no puede hacer el saneamiento. Con sus recursos y a su ritmo es como un enorme convoy que viaja a la velocidad de una tortuga”. La frase está incluida en un extenso informe elaborado por la gerencia general de la empresa estatal, que detalla la iniciativa privada presentada por un consorcio de cuatro empresas para desarrollar obras de saneamiento en el interior del país.
En un plazo de cuatro años a contar luego que se adjudique la licitación, unas 560 mil personas que residen en 124 localidades del interior con más de 2 mil habitantes podrían tener acceso a este servicio. Ello si prospera la propuesta presentada a Presidencia el pasado 8 de enero por las empresas Saceem, Ciemsa, Teyma Uruguay y Fast Industria e Comercio (Brasil), que permitiría ampliar la cobertura del servicio de saneamiento de 50% a 88% de la población.
El proyecto de infraestructura requerirá un costo estimado de US$ 975 millones. Además, prevé la creación de al menos 12 mil puestos de trabajo, lo que daría un fuerte impulso a la reactivación económica en un contexto complicado para el empleo.
La iniciativa que fue aprobada por la mayoría del Directorio de OSE el miércoles pasado, pasó ahora al proceso de estudio de factibilidad por parte del Ministerio de Ambiente. En caso de ser favorable, en un plazo de 120 días se pasaría al proceso competitivo. En la licitación el consorcio proponente correrá con ventaja de entre un 5% y un 20% sobre el resto de los interesados, de acuerdo a lo previsto en la ley de reactivación económica (17.555) de setiembre 2002.
¿Qué implica la obra?
El proyecto supone ejecutar en un plazo de 4 años instalaciones que de acuerdo con el ritmo medio de ejecución de obras de las últimas dos décadas llevarían entre 25 y 30 años, según un informe de OSE al que accedió El Observador.
Las obras incluyen el diseño y construcción de 54 nuevas plantas de tratamiento de líquidos residuales, y la ampliación de 40 plantas ya existentes; 3.472 km de colectores de alcantarillado sanitario; y 246.973 nuevas conexiones domiciliarias.
La ejecución del proyecto sería a través de una entidad fiduciaria, para lo que se crearía la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, similar a la Corporación Vial del Uruguay. Esta entidad que funcionaría en el ámbito privado haría las obras y se encargaría luego de la operación y mantenimiento, por medio de un contrato a 30 años de plazo.
¿Cómo se financiaría?
La iniciativa privada no incluye el financiamiento, pero sí maneja algunas alternativas que podrían considerarse por el Poder Ejecutivo. Entre las fuentes manejadas, se incluye US$ 655 millones de organismos multilaterales de crédito (BID, CAF, Fonplata) a desembolsar durante el período de construcción y que tendrían como garante al gobierno uruguayo.
Una segunda fuente serían créditos de bancos locales por US$ 127 millones, a desembolsar durante 48 meses para financiar las tarifas de nuevas conexiones que se cobraría a los nuevos usuarios en cuotas de $ 365 por mes. En este caso el garante sería la subvención a recibir del Estado (se explica más adelante).
También incluye US$ 27 millones de créditos renovables de bancos locales para financiar necesidades de fondos de corto plazo. Por último se contempla un programa de emisión de obligaciones negociables de OSE en Unidades Indexadas (UI) por US$ 130 millones a 18 años de plazo. Esto tendría como garante la cesión de cobranza de nuevos ingresos mensuales de alcantarillado.
Los ingresos del proyecto
Además de los ingresos que provendrían de los usuarios (US$ 1.092 millones por tarifa mensual), y US$ 127 millones (nuevas conexiones), el flujo de caja del proyecto prevé aportes externos que se estiman en US$ 41 millones anuales durante un plazo de 21 años.
Eso sería mediante una subvención de OSE por US$ 164 millones en el período de construcción de cuatro años, y una subvención del Estado durante 17 años que totaliza US$ 697 millones.
Hay también un escenario alternativo que plantea un ingreso adicional por la vía de un aumento de 2% en la tarifa de OSE que sería cedido al fideicomiso, y que permitiría un ingreso de US$ 7,5 millones anual. En ese caso la subvención del Estado sería de US$ 561 millones y la de OSE de US$ 132 millones.
Las inversiones del fideicomiso no se computarían como gasto público y sí la subvención que recibiría el fideicomiso por parte del Estado. Un documento de OSE señala que desde esa perspectiva “la iniciativa privada resolvería las necesidades de saneamiento en un corto período de tiempo, con un impacto muy reducido en las cuentas públicas”.
El voto en contra del Frente Amplio
EL director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño.
La propuesta no fue votada por el representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE, Edgardo Ortuño. En diálogo con El Observador, Ortuño explicó que está de acuerdo con que se hagan obras de saneamiento en el interior, y haya inversión pública que además genera empleo.
A modo de ejemplo, dijo que en los gobiernos del Frente Amplio se triplicó la inversión anual en saneamiento, que pasó de US$ 12,5 millones a US$ 37 millones. Sin embargo, dijo que no comparte el camino por el que se plantean hacer ahora las obras.
Según dijo, “se van a transferir recursos públicos y del Estado fuera de OSE” para solventar un proyecto de una corporación. También señaló que de avanzar la iniciativa en las condiciones planteadas, habrá una única licitación para firmar un “megacontrato” por 30 años, sin lugar a que haya “competencia entre empresas” y licitaciones por etapas, que desde su punto de vista podrían permitir obtener “mejores precios”.
“En lugar de fortalecer a OSE en recursos y personal, se traslada fuera de nuestra empresa pública la ejecución y operación de obras millonarias, que encierran el peligro de privatizar el saneamiento cediendo a un único consorcio obras de construcción que pueden ejecutar diversas empresas fruto de procesos competitivos liderados y operados por el Estado como manda la Constitución”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la empresa estatal ya tiene diseñados y planificados proyectos por más de US$ 450 millones. Además, Ortuño sostiene que OSE no está en condiciones de aportar US$ 41 millones anuales fijos por cuatro años sin comprometer su funcionamiento o “sacrificar” otras obras prioritarias para la correcta prestación de los servicios.
