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Lacalle Pou pasa raya a su gestión mientras analiza las medidas reclamadas por socios

El presidente comenzó a delinear los ejes del discurso de rendición de cuentas que dará el 1° de marzo ante el Parlamento

Luis Lacalle Pou en su discurso de asunción, el 1° de marzo de 2020

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20 de febrero de 2021 a las 05:01

El 1° de marzo no es una fecha más en el calendario de ningún gobierno uruguayo. Pero en el del presidente Luis Lacalle Pou –igualmente obsesivo del paso del tiempo como de los gestos institucionales–, el día en que se cumplirá un año de su asunción asoma como una oportunidad para comparecer ante el Parlamento y pasar raya a su primer quinto de gestión. 

Mientras aguarda la llegada de las vacunas contra el covid-19, prometidas para marzo, esta semana el presidente comenzó a esbozar los principales ejes de su discurso, que tendrá un capítulo de repaso de lo hecho hasta el momento, una enumeración de los desafíos y compromisos para los años que restan y una reivindicación de la coalición como herramienta política, según adelantaron fuentes de Torre Ejecutiva.

Este jueves, Lacalle entregó una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón en la que solicita oficialmente “ser recibido por la Asamblea General” con “el objetivo de dar un informe sobre la situación actual de nuestro país”. 

Como insumo, los distintos ministerios están elaborando una memoria anual que también se entregará a los parlamentarios, como mandata la Constitución. 
Pero más allá de la mirada retrospectiva, el primer aniversario del gobierno de Lacalle Pou llega en un momento clave para su administración, entre el esperado arribo de las vacunas y la presión de los socios del oficialismo por mayor intervención estatal en la economía para paliar los efectos de la crisis.

En las últimas semanas, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto y el Partido Independiente le hicieron llegar al presidente diversos planteos que, con mayor o menor intensidad, apuntan a la necesidad –y a la posibilidad– de “gastar más” recursos estatales. 

Las propuestas de los principales socios –que se suman, cada uno con sus matices, a las de la oposición frenteamplista– ponen mayor presión al gobierno y a un equipo económico que ha insistido en los últimos días en que la respuesta ante la pandemia ha sido “contundente” y que los recursos estarán de considerarse “necesario”.

Desde el entorno del presidente señalaron a El Observador que las propuestas elevadas por los distintos partidos –que van desde un aumento de subsidios a los sectores más vulnerables hasta renuncias fiscales o programas de trabajos provisorios en servicios públicos– están siempre “arriba de la mesa” y sujetas a análisis.

La semana pasada, consultado sobre las distintas iniciativas de sus socios, Lacalle Pou dijo que “todas tienen un profundo sentido común y de conocimiento de la realidad que está teniendo el país”. “Fui diputado de la coalición del partido que no encabezaba el Poder Ejecutivo. Protestaba, criticaba y aportaba y siempre lo hice para el bien del país, integrando un gobierno. Lejos de molestarme me parece que es la vitalidad que tiene que tener un sistema político. Está bien que cada político quiera marcar su perfil, no va en contraposición a un gobierno”, añadió.

Si se toma en cuenta la conformación del Parlamento, representativo de la inclinación política de la ciudadanía, una abrumadora mayoría (entre la oposición y buena parte del oficialismo) está a favor de ampliar el gasto social en esta etapa de la pandemia.

De todas formas, la iniciativa queda en manos del Poder Ejecutivo, y en particular del presidente junto al Ministerio de Economía (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que están a la cabeza de la revisión de las medidas tomadas y el análisis de algunas nuevas que permitan relanzar la actividad sin que esto signifique un cambio de “rumbo” ni abandonar el leitmotiv de la “austeridad”.

En ese sentido, el gobierno no tiene previsto anunciar un plan con grandes reformas, pero sí ir dando a conocer algunas iniciativas en áreas específicas como empleo, vivienda e infraestructura.

Según dijeron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva, para el discurso del 1° de marzo también son esperables referencias al impulso de la inserción internacional y las obras viales, dos aspectos que aparecen también entre los reclamos dentro del propio oficialismo. 

En el Partido Nacional –líder de la coalición– anteponen la necesidad de mantener la “prudencia” como criterio para asegurar la sustentabilidad de las políticas sociales, aunque también abren la ventana a eventuales incrementos de gasto. Este lunes, cuando sesione el Consejo de Ministros, algunos miembros del gabinete prevén llevar algunos planteos de posibles medidas, pero los consultados por El Observador dijeron que no está previsto abrir en esa instancia una discusión sobre la política económica.  

Los reclamos económicos por partido

Partido Colorado

Propone extender subsidios de desempleo, dar trabajo a informales durante seis meses en apoyo a servicios públicos, ampliar asistencia alimenticia, suspender pago de IRAE mínimo y subsidiar contrataciones de pymes, acelerar obras y emitir deuda a través de un bono para infraestructura y vivienda. En total estiman un costo de unos US$ 1.200 millones.

Cabildo Abierto

El partido de Guido Manini Ríos insistió sobre todo con mayores apoyos a las pequeñas empresas. Sus propuestas incluyen exoneraciones, que las empresas que tienen pérdida no deban pagar el adelanto de IRAE, una mayor flexibilidad en préstamos SIGA, y reducir “sensiblemente” la tarifa de energía eléctrica para el sector lechero.

Partido Independiente

Propone aumentar de $ 1.200 a $ 4.200 por tres meses el subsidio alimenticio que entrega el Mides a una población de hasta 300 mil trabajadores. Eso tiene un costo incremental de entre US$ 60 y 70 millones. Además plantean reducir a cero los aportes patronales de las micro y pequeñas empresas de ciertos sectores, y estudiar la viabilidad de una “licencia fiscal”.

Frente Amplio

La oposición pidió desde el principio de la pandemia un salario mínimo para 300 mil hogares, a un costo de casi US$ 100 millones por mes. También proponen un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias para trabajadores en seguro de paro, así como el pago de tarifas de UTE y de OSE y los vencimientos de cuotas de DGI.

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