Larrañaga presentó su plan “para combatir la corrupción y el despilfarro”

En conferencia de prensa, el ex ministro del interior (1990  -1993), Juan Andés Ramírez, dijo que ya son más de 100 las empresas que si bien “administran intereses públicos y fondos públicos (…) están al margen de los controles y prohibiciones” que tienen entes autónomos y servicios descentralizados.

Entre las 14 medidas que fueron presentadas por Ramírez y el abogado Carlos Delpiazzo se destacaron la prohibición de declarar confidencial o secreta frente al Poder Legislativo o el Tribunal de Cuentas (TCR) cualquier contrato o cláusula contractual del Estado y demás empresas públicas o de capital público. Asimismo se fija un procedimiento para aquellos casos en los que sea “imprescindible” celebrar un contrato que tenga que mantenerse en reserva obteniendo autorización del Senado.

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La propuesta también obliga a que las sociedades anónimas de capital público o personas públicas estatales cumplan con las reglas de contratación impuestas por el TOCAF (manual de contrataciones del Estado) y someterse al control del Tribunal de Cuentas. Asimismo, en caso de haber observaciones del Tribunal de Cuentas, estas deberán ser públicas y estar disponibles en el TCR en un plazo máximo de diez días.

La propuesta pide además “transparentar” las reuniones que los directores de estas empresas tengan con empresarios, inversores, concesionarios o representantes de cámaras empresariales y organizaciones sindicales, las cuales deberán realizarse en oficinas públicas y quedar registradas en la agenda oficial. Lo mismo ocurre con los viajes al exterior, los cuales quedarían limitados a aquellas personas que fueran designadas oficialmente para participar de la delegación, lo cual además debe quedar documentado.

“Estas medidas tratan de volver el agua a su cauce y dar garantías a los ciudadanos. No puede ser que exista un espacio permisivo que admita la corrupción y el gasto desmedido”, dijo Ramírez, quien cuestionó que las empresas que forman parte del aparato “paraestatal (…) han crecido como yuyos”, bajo el argumento de que se quería acelerar procesos y reducir los tiempos normales de otras dependencias del Estado.

Larrañaga dijo que algunas de estas medidas que se proponen “hacer una reforma del Estado en serio” ya están siendo tratadas en el Parlamento y otras podrían tratarse en el futuro.

Leonardo Carreño

Las 14 propuestas

1. Control de legalidad y presupuestal de las sociedades anónimas de capital público y de las personas públicas no estatales. Obligación general de contratar por licitación.  Deberán cumplir con las reglas de contratación impuestas por el TOCAF y someterse al control del Tribunal de Cuentas.
2. Reducción sustancial de las entidades que manejan fondos públicos, separadas de la organización del Estado y su control. Se mantendrán en funcionamiento, de esas entidades, solo aquellas que tengan una real justificación de existencia
3. Los Directores de las sociedades anónimas de capital público y de las personas públicas no estatales se declararán comprendidos en la prohibición de realizar actividad política.
4. Obligación de publicidad y transparencia de todos los negocios del Estado y de cualquier entidad que maneje fondos públicos. Estará prohibido declarar confidencial, reservado o secreto, frente al Poder Legislativo y el TCR, cualquier contrato. Estos tampoco podrán ser declarados secretos para los medios de comunicación que presenten pedidos de acceso a la información.
5. Procedimiento de control parlamentario del secreto para casos en que sea  imprescindible celebrar un contrato en el que se mantenga reservas sobre parte de su contenido.
6. Todos los contratos que celebre el Estado y demás personas jurídicas que administren fondos públicos deben regirse por la ley uruguaya, salvo que por la naturaleza del contrato y conforme las normas internas de Derecho Internacional Privado, Convenciones y Tratados vigentes, corresponda aplicar –preceptivamente– la ley extranjera.
7. Publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales para directores de sociedades anónimas de capital público y de las personas públicas no estatales, así como sus cónyuges, concubinos o concubinarios.
8. Control  de transparencia e incompatibilidades para los ex funcionarios. Se controlará que los funcionarios públicos cesados de su cargo no pasen a prestar servicio a las entidades que antes controlaban o supervisaban.
9. Se deberá instrumentar un protocolo donde se determine claramente quienes pueden participar de las reuniones y misiones oficiales. Las participaciones además deberán quedar documentadas.
10. Cualquier jerarca que administre fondos públicos deberá abstenerse de celebrar en nombre de la dependencia a la que pertenecen, contratos con empresas en las que familiares suyos, participen o formen parte de las mismas –como socios o empleados con cargos superiores a jefe de sección– sin denunciarlo previamente al Tribunal de Cuentas de la Republica.
11. Todas las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Republica, a cualquier entidad estatal, sociedad anónima de capital estatal o persona pública no estatal  será pública.
12. Todas las limitaciones e incompatibilidades relativas al financiamiento de las campañas electorales por medio de donaciones o colaboraciones, serán aplicables a las empresas o personas físicas y jurídicas, que contraten con las sociedades anónimas de capital estatal o las personas públicas no estatales.
13. Alcance de la prohibición de doble empleo público.
14. Las reuniones que mantengan los directores de las empresas deberán hacerse en oficinas públicas y quedar registradas en la agenda.