Las diferencias entre Italia y la Unión Europea

Dada la falta de dinamismo de la economía italiana, la única vía para iniciar un proceso de descenso hacia este límite comunitario es la de mantener un bajo nivel de déficit fiscal en los próximos años. Por ello, hace dos años el anterior gobierno de Italia y la Comisión Europea (CE) acordaron una meta de déficit fiscal de 0,8% del PIB para 2019. 

Pero el gobierno en funciones ganó las elecciones basándose, entre otras razones, en su promesa de una política fiscal expansiva, consistente en agregar una renta universal a los planes sociales ya existentes, bajar la edad de retiro y disminuir el impuesto a la renta sobre ciertos sectores de la población. De haberse aplicado, estas promesas habrían aumentado el déficit fiscal al 2,4% del PIB y también el nivel de la deuda, en contradicción con el compromiso asumido con la CE.

Con el fin de evitar un conflicto que ninguna de ambas partes deseaba, en el pasado noviembre ellas acordaron una solución de compromiso para este año, que dio un cierto margen al gobierno italiano pero con un límite de déficit fiscal de 2% del PIB y un nivel estable de deuda pública con relación al del año pasado.

Pero ahora, a principios del mes en curso, la CE acaba de constatar que Italia incumplió las metas de control del gasto, por lo que no pudo evitar un aumento de la deuda. Para peor, la proyección de déficit para el 2020 apunta a un nivel de 3,5% del PIB, dado que este año el crecimiento de la economía será de apenas 0,1% y hasta ahora el proceso de privatizaciones está retrasado. 

El aviso de la CE llega en un momento de fragilidad política dentro de la coalición de gobierno, exacerbada por el éxito electoral de la Liga de Matteo Salvini en la reciente elección parlamentaria europea. En particular, Salvini no parece preocupado por el desencuentro con la CE e insiste con su idea de aprobar un impuesto a la renta a la baja con una única tasa de 15%, para impulsar así un “shock fiscal”. 

Para peor, un sector del gobierno estudia en estos días la posible creación de una suerte de moneda alternativa. Se trata de los mini-BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), bonos públicos con un valor nominal de entre € 5 y € 100, sin intereses ni vencimiento, que se entregarían a las empresas y ciudadanos acreedores del fisco. Quienes los reciban podrán utilizarlos para pagar impuestos u otros bienes y servicios públicos, como billetes de ferrocarril o gasolina de la petrolera estatal.

Por ahora es solo un proyecto y además de dudosa viabilidad, puesto que es rechazado por el ministro de Economía y Finanzas, Giovanni Tria, que lo considera “ilegal” e “inútil”, porque “violaría las reglas de la moneda europea y además se sumaría a la deuda pública”.

Entonces, el incumplimiento del acuerdo con la CE, en especial por el aumento del nivel de la deuda pública, ha puesto a Italia al borde del inicio del proceso comunitario conocido como “Procedimiento de Déficit Excesivo”. Esta semana la CE resolvió postergar su consideración, para dar tiempo a un posible acuerdo con el gobierno italiano. Ello permitió un cierto alivio en los mercados financieros, al punto que el margen entre los valores a diez años en comparación con los de Alemania bajó en estos días desde casi el 3% del mes pasado a un 2,308%, el menor nivel desde marzo.

Sin perjuicio de ello, en los próximos días un informe sobre el tan temido PDE deberá ser puesto a consideración de los ministros de finanzas de la eurozona, quienes podrán resolver la eventual imposición de sanciones, incluso de carácter pecuniario o la suspensión de las transferencias comunitarias. 

Hasta ahora ningún país de la UE ha sido sancionado por no cumplir las reglas fiscales. Además, nada está más lejos del deseo de los europeos, aún inmersos en un “brexit” conflictivo, que abrir una nueva fuente de conflicto en la eurozona, ahora con la tercera economía en importancia.

Bruselas no puede permanecer indiferente frente a un incumplimiento tan flagrante de las normas comunitarias, aun cuando esté en riesgo la estabilidad política del proceso de integración y la continuidad del crecimiento de los últimos seis años. Por su parte, las encuestas muestran que en Italia la mayoría de los ciudadanos rechaza un conflicto que pueda terminar en una salida del euro. Por ello no debería ser difícil implementar un nuevo acuerdo de conciliación entre ambas partes, que busque una “sintonía fina” para la proyección de las variables en discusión.

Pero hasta ahora las señales que provienen de una parte del gobierno de Italia parecen alejar esta posibilidad. Los intentos del primer ministro Conte y del ministro Tria para buscar un compromiso con la CE están en contradicción con el tono desafiante de Salvini sobre la política fiscal y la posible creación de una moneda paralela. 

Por ello, aunque con fluctuaciones, los mercados financieros mantienen sus dudas sobre la responsabilidad fiscal del gobierno italiano. En pocos días se conocerá un nuevo capítulo de este andar tan azaroso de las relaciones entre Italia y la UE.