Las empresas apuestan a la desmovilización guerrillera

El ambiente está tenso y no es para menos. Los avances que había logrado el entonces mandatario Juan Manuel Santos en el proceso de paz, se están viniendo abajo.

En los últimos meses, miles de desmovilizados volvieron a las armas desencantados con el posacuerdo de paz o no adaptarse a la vida civil o sentirse amenazados. Es difícil de cuantificar con exactitud, pero se teme que los casos vayan en ascenso. 

Mucho se habla de este proceso aquí en Colombia, pero lo que no se muestra tanto en la prensa internacional es que el tema no solo pasa por la política y la sociedad civil, sino por el empresariado.
Más de 600 empresas públicas y privadas participan en la reinserción social y económica dirigidos a los desmovilizados de las ex Farc y a las víctimas, a través de programas que comenzó durante el gobierno anterior.

Entre esas empresas están: Bancolombia, Tecnicafé, Cofrem, Magadlena River, Brillaseo S.A.S., Coltabaco, Corona, Grupo Bolívar, Coca-Cola, Grupo Éxito, Sura, Lóreal, Sodexo. También se suman varias organizaciones, como la Cámara de Comercio de Bogotá y Fedecacao.

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La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), adscrita a la Presidencia de la República, es la entidad encargada de los programas de reinserción a la vida civil de los ex integrantes de la guerrilla. 

Por su parte, la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) y su Fundación también implementan desde hace casi cuatro años una “estrategia de competitividad inclusiva”, que consiste en incentivar a las empresas a apoyar la capacitación o contratación laboral de quienes deciden sumarse a la vida civil. 

Es así como muchos desmovilizados y sus familias han pasado a ser trabajadores en la industria del café o del cacao o tienen sus propios emprendimientos. Todos ellos han recibido capacitación o se han formado como enfermeros u otras profesiones. 

A principios de este año, ANDI informó que unos ocho mil ex combatientes y ex milicianos de las ex Farc pasaron a ser parte del sector formal de trabajo. Para esa fecha, habían realizado prácticas y entrenamiento laboral en las universidades de Santander, Cauca y de Tolima, entre otras.

Pero ese esfuerzo no es suficiente. Se calcula que solo 20% de quienes participan en los programas de reintegración del gobierno logra un empleo formal; 50% termina haciendo actividades informales; y entre 15% y 24% reincide en actividades ilegales, según un estudio de las universidades de Antioquia y la Autónoma Latinoamericana (Unaula). 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia muestran una tendencia similar: 16% de los paramilitares y guerrilleros desmovilizados se integran a bandas criminales en el país y regresan a la selva.

Otro hecho enluta el plan de pacificación: 26 desmovilizados de las ex Farc fueron asesinados entre enero y julio, de acuerdo a datos de la Fiscalía.  

Retroceso en los acuerdos

El presidente Iván Duque dijo en su discurso en la Asamblea General de la ONU, el pasado 26 de setiembre, que su gobierno trabaja “para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción salga adelante con éxito”. 

Esa misma semana, en Bogotá, habló de la necesidad de que  “las personas que realmente han entrado en un proceso de desarme deben de contar con la posibilidad de que les ayudaremos en esa transición porque hay que volver a un ambiente de ley y orden”.

Duque quiere introducir cambios a los acuerdos de paz que preocupa a la cupula guerrillera, en particular, que el narcotráfico no sea amnistiable y que no puedan seguir en el Congreso los ex combatientes que hayan cometido delitos de lesa humanidad.   

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A la fecha, el juego está bastante trancado ya que el partido de la Farc tampoco está cumpliendo su compromiso de entregar sus bienes con el fin de reparar a las víctimas. Según una investigación del periódico El Colombiano, solo ha entregado 3,5% de sus bienes. 

Hoy en día, los colombianos sienten tristeza. En Medellín, en conversaciones con El Observador, la gente reafirma que todos quieren la paz, pero que muchos no están dispuestos – o no pueden- perdonar.

Se trata de más de ocho millones de víctimas, de los cuales 220 mil resultaron muertos y 60 mil desaparecidos en una guerra de más de medio siglo. 

Las fuentes consultadas reconocen que si el presidente Duque descuida las políticas y programas de reinserción social y económica, y la presión de los guerrilleros aumenta, el alejamiento de la vida civil de los desmovilizados irá en aumento.  

De hecho, la Procuraduría General de la Nación ya observó la situación de abandono de los territorios de capacitación y reincorporación de líderes de las  Farc en el suroeste del país. 

El “adiós a las armas” que en algún momento se pensó, está nuevamente lejos de ocurrir.