La investigación judicial en torno a las irregularidades en la Armada mantiene a otro almirante seriamente comprometido. Según supo El Observador, en las próximas semanas la Fiscalía pedirá nuevos procesamientos por las otras 18 compras ficticias efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008.
Entre los responsables se repiten quienes fueron procesados por la compra ficticia de la grúa y el banco de prueba para motores por US$ 600 mil.
Además, la indagatoria policial en relación con el manejo irregular de los denominados fondos ONU determinó que la fuerza de mar no pudo justificar el destino de unos US$ 10 millones, dijeron a El Observador fuentes del caso. A esa conclusión llegó la indagatoria que realizó la oficina de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, dirigida por el comisario Gustavo Mariossa.
Mientras avanzan las distintias investigaciones comprendidas en siete presumarios distintos, surgieron nuevas irregularidades, ahora en el dique y astillero de la Armada.
Según informó el martes Subrayado, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó que la Armada no pudo justificar el destino de 444 mil kilos de portland y el pago de US$ 20 mil por una obra que no llevó adelante.
En febrero de 2009, Ancap y la Armada firmaron un convenio para que el astillero naval construyera un remolcador y dos barcazas para la petrolera estatal. El acuerdo fue suscrito por el actual comandante Alberto Caramés, quien se desempeñaba en ese momento como director de Material Naval.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo desconocer el contenido del informe de la AIN.
“No me sorprendo ni me dejo de sorprender. Espero los resultados de las investigaciones y luego se tomarán medidas si hay que tomar, pero luego que se tenga la documentación”, aseguró ayer el ministro a la salida de un acto realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores, al que también asistió el presidente José Mujica.
La AIN elevó una solicitud de informes a la Dirección de Material Naval con una serie de preguntas que debe ser respondida en 72 horas. Las irregularidades también comprenden la contratación directa de empresas para los trabajos, sin licitación.
La jueza Graciela Gatti dijo ayer que aguardará a que el Ministerio de Defensa le haga llegar las investigaciones porque según tiene entendido la auditoría aún no terminó.
Gatti tiene a su cargo todas las investigaciones judiciales relacionadas con la Armada. En la mayoría de los casos trabaja con la fiscal Mónica Ferrero, mientras que el expediente sobre fondos ONU y sobre las cuentas en Alemania trabaja con el fiscal Ricardo Perciballe. Ahora, deberá resolver si se unifica las investigaciones. Uno de los almirantes indagados por fondos ONU, Manuel Burgos, pidió a la Justicia que se unifiquen las causas en las que es investigado.
(Observa)
